De (re)emergencias y resistencias territoriales:
la lucha campesina e indígena en la Argentina contemporánea

Of (re)emergencies and ter­ri­to­r­i­al resis­tances: the peas­ant and indige­nous strug­gle in con­tem­po­rary Argenti­na

Luciana Gar­cía Guer­reiro^*
Gisela Hadad^**
Juan Wahren^***

Recibido: 29 de noviem­bre de 2017
Acep­ta­do: 15 de junio de 2018

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Introducción

La actu­al­i­dad políti­ca y económi­ca de la Argenti­na nos pre­sen­ta un esce­nario donde los sec­tores pop­u­lares y sub­al­ter­nos de la sociedad se ven diari­a­mente avasal­la­dos en sus dere­chos y persegui­dos por defend­er­los. La imple­mentación de un mod­e­lo económi­co excluyente basa­do en la extrac­ción desme­di­da de recur­sos, la expo­liación de los ter­ri­to­rios y el arrin­conamien­to de las pobla­ciones que los ocu­pan, se viene pro­fun­dizan­do sin que se vea afec­ta­do siquiera por los cam­bios de gob­ier­no. Las comu­nidades campesinas e indí­ge­nas de la región ‑suje­tos per­ma­nentes de per­se­cu­ción, despo­jo y difamación- históri­ca­mente han resis­ti­do, y aún hoy resisten, el avance de una lóg­i­ca ter­ri­to­r­i­al excluyente, que no tiene un lugar reser­va­do para ellos. Como sostiene Svam­pa, “hoy son comu­nidades enteras, entre ellas, indí­ge­nas y campesinos, víc­ti­mas del racis­mo endémi­co, los que devienen un obstácu­lo, una piedra en el camino frente a la expan­sión del ‘pro­gre­so´. Frente a esto, vuel­ven aque­l­las pre­gun­tas que invo­can la memo­ria larga, atrav­es­a­da por el geno­cidio orig­i­nario, acer­ca de cuál es el lugar que la Argenti­na con­tem­poránea y los mod­e­los de desar­rol­lo hoy imper­antes, le reser­van a las comu­nidades y pueb­los indí­ge­nas” [Svam­pa 2017].

En ese mar­co, en el pre­sente artícu­lo se abor­da el modo en que en Argenti­na los mun­dos campesinos e indí­ge­nas no sólo han sido sis­temáti­ca­mente sub­or­di­na­dos, vio­len­ta­dos, reprim­i­dos, medi­ante inten­tos reit­er­a­dos de exter­minio y/o asim­i­lación de la otredad, sino tam­bién con­stru­i­dos como ausen­cia, ya sea a par­tir de su negación como tam­bién de una pro­fun­da infe­ri­or­ización e invis­i­bi­lización. Asimis­mo, se reflex­iona en torno a los pro­ce­sos de (re)emergencia indí­ge­na y campesina que en toda Améri­ca Lati­na, y tam­bién en Argenti­na, han gen­er­a­do en las últi­mas décadas una may­or vis­i­bi­lización de la lucha de estos pueb­los por el reconocimien­to de sus dere­chos y autode­ter­mi­nación ter­ri­to­r­i­al.

De este modo el pre­sente artícu­lo se pro­pone iden­ti­ficar y car­ac­teri­zar analíti­ca­mente difer­entes momen­tos en las luchas campesinas e indí­ge­nas en Argenti­na, des­de 1983 a la actu­al­i­dad, en el mar­co de un esce­nario de pro­fun­dización de las  dinámi­cas extrac­tivis­tas de despos­esión ter­ri­to­r­i­al y toman­do la dimen­sión ter­ri­to­r­i­al como eje de análi­sis.

De la “ausencia” construida a la reemergencia de las luchas campesinas e indígenas

La con­for­ma­ción del Esta­do nación argenti­no como un ter­ri­to­rio inte­gra­do da cuen­ta de exter­min­ios, invis­i­bi­liza­ciones, explota­ciones y despo­jos para con la vida, la población y la nat­u­raleza que hab­it­a­ba y habi­ta la región. En efec­to, la con­fig­u­ración del ter­ri­to­rio nacional se basó en una fal­sa idea de homo­genei­dad que operó sub­or­di­nan­do, excluyen­do y silen­cian­do una gran het­ero­genei­dad de actores sociales, con sus his­to­rias y cul­turas [Bar­bet­ta 2009]. En la actu­al­i­dad, el mod­e­lo de desar­rol­lo dom­i­nante con­tinúa alen­tan­do pro­ce­sos de descam­pesinización, de desar­tic­u­lación de pueb­los indí­ge­nas, de elim­i­nación de aque­l­los mod­os de vida que inco­modan al pro­gre­so y desar­rol­lo cap­i­tal­ista, medi­ante diver­sas acciones y dis­pos­i­tivos basa­dos no sólo en el ejer­ci­cio de la vio­len­cia direc­ta hacia las pobla­ciones y sus mod­os de vida, sino tam­bién en el des­pre­cio y descrédi­to hacia la cul­turas campesinas e indí­ge­nas.

Lo que está pre­sente allí es un patrón de poder colo­nial que opera, según Qui­jano [2000], a par­tir de la nat­u­ral­ización de jer­ar­quías raciales que posi­bil­i­tan la repro­duc­ción de rela­ciones de dom­i­nación ter­ri­to­ri­ales y epistémi­cas, que no sólo garan­ti­zan la explotación cap­i­tal­ista de unos seres humanos hacia otros, sino que tam­bién sub­al­ter­nal­izan los conocimien­tos, expe­ri­en­cias y for­mas de vida de quienes son así dom­i­na­dos y explota­dos. “Lo rur­al”, y en par­tic­u­lar los ter­ri­to­rios y saberes campesinos e indí­ge­nas, han sido históri­ca­mente des­pre­ci­a­dos por con­sid­er­arse un espa­cio estáti­co, resid­ual, prove­niente de un pasa­do arcaico, en con­tra­posi­ción con los mod­er­nos y dinámi­cos espa­cios urbanos.

Esto es aún más pro­fun­do en país­es como Argenti­na, donde la “cuestión campesina e indí­ge­na” has­ta finales del siglo XX fue prác­ti­ca­mente silen­ci­a­da, o más bien con­ver­ti­da en ausen­cia, en tér­mi­nos de Boaven­tu­ra de Sousa San­tos [2003]. Ha exis­ti­do, y aún existe, cier­to rec­ha­zo a recono­cer la pres­en­cia campesina en Argenti­na. Lo campesino es pre­sen­ta­do como inex­is­tente o bien definido en tér­mi­nos de caren­cia a par­tir de cat­e­gorías tales como pequeño pro­duc­tor famil­iar, mini­fundista, pobre rur­al; es decir, suje­tos lim­i­ta­dos o desposeí­dos de capaci­dad o agen­cia; car­entes de poten­cia tec­nológ­i­ca (o inca­paces de incor­po­rar­la), posee­dores de tier­ras insu­fi­cientes o impro­duc­ti­vas, sin apti­tudes para inte­grarse a los mer­ca­dos y a la gestión pro­duc­ti­va, refu­gia­dos en su propia pobreza, ine­fi­cientes para acu­mu­lar cap­i­tal, invi­ables en tér­mi­nos pro­duc­tivos, etcétera [Bar­bet­ta et al. 2014]. Lo mis­mo ha suce­di­do con los pueb­los indí­ge­nas, sobre todo a par­tir del rela­to de la extin­ción y/o asim­i­lación de las dis­tin­tas etnias luego de los pro­ce­sos de geno­cidio masi­vo per­pe­tra­dos hacia finales del siglo XIX en la región pam­peana-patagóni­ca y en la región chaque­ña y del noreste del país. La “pres­en­cia ausente” [Gordil­lo y Hirsh 2010], resul­ta­do de una con­struc­ción explíci­ta de la invis­i­bil­i­dad indí­ge­na por parte del Esta­do argenti­no, fue la for­ma de exis­ten­cia a la que los sobre­vivientes de las masacres fun­da­cionales de la Argenti­na fueron reduci­dos; “ausen­cia” que comen­zaría a rever­tirse en los últi­mos 30 años.

En ese mar­co, el campesina­do y las pobla­ciones indí­ge­nas se eri­gen en una clase de sobre­vivientes a un pro­ce­so en el cual se artic­u­laron todas las for­mas históri­c­as de con­trol de tra­ba­jo, de sus recur­sos y de sus pro­duc­tos, en torno al cap­i­tal y del mer­ca­do mundi­al, imponien­do una sis­temáti­ca división racial del tra­ba­jo [Qui­jano 2000]. Dicha super­viven­cia se hace posi­ble por la exis­ten­cia de for­mas ances­trales y comu­ni­tarias de orga­ni­zar y com­pren­der la pro­duc­ción, la economía y la vida mis­ma.

Cabe destacar que en el tran­scur­so de los últi­mos años del siglo XX y los primeros del XXI, la pres­en­cia indí­ge­na y campesina se hizo evi­dente en todos los país­es de Améri­ca Lati­na, en algunos casos de for­ma más con­flic­ti­va que otros ‑como podrían ser el zap­atismo en Méx­i­co, los mapuche en Chile, los pueb­los que con­for­man la CONAIE en Ecuador, el MOCASE en Argenti­na o el MST en Brasil‑, pero en todos cobran una rel­a­ti­va noto­riedad. En el caso indí­ge­na lo que se evi­den­cia es que las recientes mov­i­liza­ciones han cam­bi­a­do cual­i­ta­ti­va­mente de las ante­ri­ores expre­siones de indi­genidad de la región. Por ejem­p­lo, el pro­ce­so de acciones colec­ti­vas de los pueb­los indí­ge­nas andi­nos de Bolivia ha (re)significado la noción de ter­ri­to­rio, recu­peran­do nom­i­na­ciones pre-his­páni­cas como ayl­lu, suyu y mar­ka, las cuales asimis­mo fueron (re)significadas por parte de los pueb­los indí­ge­nas del noroeste de Argenti­na, por ejem­p­lo el pueblo Kol­la en las provin­cias de Jujuy y Salta, que recu­pera la noción de ayl­lu y mar­ka en el seno de sus orga­ni­za­ciones y como parte dis­cur­si­va de su recu­peración ter­ri­to­r­i­al, más allá de los ter­ri­to­rios comu­ni­tar­ios [Wein­berg 2013; Domínguez 2016].

Dis­tin­tos autores han inten­ta­do explicar los motivos de la “emer­gen­cia” indí­ge­na. Ben­goa [2007] al acuñar esta expre­sión enu­mera una serie de fac­tores explica­tivos del surgimien­to de la mov­i­lización indí­ge­na con­tem­poránea. En primer lugar se refiere al pro­ce­so de glob­al­ización como un fenó­meno que ha mod­i­fi­ca­do sus­tan­cial­mente las rela­ciones intra e inter gru­pales a niv­el mundi­al, con impor­tantes con­se­cuen­cias en los ámbitos locales. Iden­ti­fi­ca a la glob­al­ización como un pro­ce­so cul­tur­al que inten­si­fi­ca las par­tic­u­lar­i­dades de los gru­pos minori­tar­ios, con­ducién­do­los a una per­ma­nente afir­ma­ción iden­ti­taria de tipo defen­si­va.  En el caso de los pueb­los indí­ge­nas se obser­van diver­sos mecan­is­mos en esta direc­ción: pro­ce­sos de etnogé­ne­sis, rad­i­cal­ización de las iden­ti­dades exis­tentes, read­scrip­ción étni­ca, entre otros, que posi­cio­nan al suje­to indí­ge­na como nue­vo actor en este esce­nario.

Asimis­mo, Ben­goa [2007] men­ciona el fin de la Guer­ra Fría como otro fac­tor favor­able al surgimien­to de reclam­os indí­ge­nas, dado que has­ta el momen­to las insur­rec­ciones, lev­an­tamien­tos, protes­tas o cualquier otra expre­sión anti­sistémi­ca que hubiera era ráp­i­da­mente leí­da en los tér­mi­nos maniqueos de comu­nis­mo-cap­i­tal­is­mo. Final­mente,  señala el pro­ce­so de mod­ern­ización de los Esta­dos lati­noamer­i­canos, que implicó el achi­camien­to de las incum­ben­cias de los mis­mos y la pér­di­da de estruc­turas de con­tención e inte­gración de la ciu­dadanía, lo cual per­mi­tió a gru­pos indí­ge­nas emerg­er con sus especi­fi­ci­dades de pueblo y dejar de estar sub­sum­i­dos en cat­e­gorías sociales cla­sis­tas, como la de campesinos o tra­ba­jadores rurales. Esta situación está rep­re­sen­ta­da en lo que Ben­goa [2003] car­ac­ter­i­za como un desplaza­mien­to de la iden­ti­dad campesina a la indí­ge­na que for­ma parte de los fenó­menos que fueron pre­sen­tán­dose en los sec­tores rurales en los últi­mos trein­ta años.

Para­le­la­mente, la reemer­gen­cia indí­ge­na en Améri­ca Lati­na se ve acom­paña­da por la creación de una serie de nor­ma­ti­vas y organ­is­mos guber­na­men­tales con el fin de recono­cer dere­chos cul­tur­ales, iden­ti­tar­ios y ter­ri­to­ri­ales a los pueb­los indí­ge­nas. En Argenti­na, la incor­po­ración al Con­ve­nio 169 de la OIT y la refor­ma con­sti­tu­cional en el año 1994 que reconoce la pre­ex­is­ten­cia étni­ca y cul­tur­al de los pueb­los indí­ge­nas, ha con­ll­e­va­do la adop­ción de medi­das y leg­is­la­ciones espe­ciales, tan­to a niv­el nacional como provin­cial, con el fin de garan­ti­zar el respeto a la diver­si­dad cul­tur­al y el reconocimien­to efec­ti­vo de dere­chos indí­ge­nas (con­for­ma­ción del Insti­tu­to Nacional de Asun­tos Indí­ge­nas a través de la ley 23.302; Leyes 26.160 y 26.554 que estip­u­lan el rel­e­vamien­to a niv­el nacional y el con­se­cuente reconocimien­to ter­ri­to­r­i­al de las pos­e­siones y ter­ri­to­rios comu­ni­tar­ios indí­ge­nas, como tam­bién la sus­pen­sión de desa­lo­jos a comu­nidades; entre otras nor­ma­ti­vas).

Sin embar­go, a pesar de las expec­ta­ti­vas que gener­aron dichas leg­is­la­ciones e insti­tu­ciones nacionales y provin­ciales en gran parte de los pueb­los y diri­gentes indí­ge­nas, lo que ha imper­a­do has­ta el momen­to ha sido la fal­ta de imple­mentación y el incumplim­ien­to de las mis­mas, quedan­do los pueb­los y comu­nidades a la espera de que se hagan efec­tivos sus dere­chos, mien­tras deben enfrentar día a día al avance de mod­e­los de desar­rol­lo que los excluyen, repri­men y acor­ralan, y que dan con­tinuidad a los mis­mos patrones colo­niales de sig­los [Briones 2005; Car­ras­co 2002].

Asimis­mo, sostiene Car­ras­co, “sin medi­das efec­ti­vas de pro­tec­ción a la pos­esión y propiedad de las tier­ras ‘que tradi­cional­mente ocu­pan’, la inde­fen­sión jurídi­ca de las comu­nidades indí­ge­nas se pro­fun­diza porque a la par que el Esta­do se con­fiesa impo­tente para evi­tar la invasión de las tier­ras indí­ge­nas y la destruc­ción de sus recur­sos nat­u­rales, alien­ta una políti­ca de inver­siones des­ti­na­da a organ­is­mos multi­na­cionales, empre­sas nacionales y extran­jeras para la insta­lación en las mis­mas de emprendimien­tos pro­duc­tivos de diver­sa índole” [Car­ras­co 2002: s/r].

Neoex­trac­tivis­mo como mod­e­lo de desar­rol­lo: la expre­sión ter­ri­to­r­i­al del despo­jo

La emer­gen­cia indí­ge­na en Améri­ca Lati­na se da en el mar­co de la imple­mentación de un par­a­dig­ma de desar­rol­lo en el cual las comu­nidades indí­ge­nas, jun­to con otras pobla­ciones rurales sub­al­t­ernizadas, se eri­gen como prin­ci­pales damnifi­cadas. Dicho patrón de desar­rol­lo en Améri­ca Lati­na se enmar­ca en la lóg­i­ca de lo que se conoce como extrac­tivis­mo o neoex­trac­tivis­mo [Svam­pa 2015; Gudy­nas 2009; Leff 2005; Svam­pa y Viale 2014; entre otros], sien­do la Argenti­na un acaba­do expo­nente del mis­mo. El mod­e­lo extrac­ti­vo se car­ac­ter­i­za por la pro­fun­dización de una dinámi­ca de despos­esión ter­ri­to­r­i­al y de recur­sos nat­u­rales (bienes comunes) que impli­ca un aumen­to de la depen­den­cia económi­ca de los país­es impli­ca­dos en un cre­ciente pro­ce­so de repri­ma­rización de la economía [Gia­r­rac­ca y Teubal 2013], lo cual afec­ta grave­mente a pobla­ciones históri­ca­mente desposeí­das y poster­gadas –campesinos, indí­ge­nas, pobladores de zonas mar­ginales a las economías nacionales, entre otros–. Este pro­ce­so se enmar­ca en un esce­nario políti­co y económi­co de nue­vo orden, car­ac­ter­i­za­do por Svam­pa [2012] como la eta­pa del Con­sen­so de los Com­modi­ties, un momen­to pos­te­ri­or al dece­nio del Con­sen­so de Wash­ing­ton, donde se da paso al crec­imien­to económi­co basa­do en la exportación de bienes pri­mar­ios sin val­or agre­ga­do, cuyo com­por­tamien­to económi­co responde a las mis­mas lóg­i­cas de los mer­ca­dos financieros a niv­el glob­al [Gia­r­rac­ca y Teubal 2013].

Sigu­ien­do esta defini­ción, el extrac­tivis­mo no sólo rep­re­sen­ta a las activi­dades económi­cas tradi­cional­mente con­sid­er­adas de este modo –la explotación de hidro­car­buros y la megamin­ería, por ejem­p­lo– sino tam­bién a la expan­sión de la fron­tera agrí­co­la y fore­stal a través del agrone­go­cio y los bio­com­bustibles. No se tra­ta sola­mente de la obten­ción de pro­duc­tos pri­mar­ios, sino tam­bién de la for­ma en que éstos se gen­er­an –con cre­ciente sobre­ex­plotación y con­stante expan­sión de las activi­dades a ter­ri­to­rios antes con­sid­er­a­dos impro­duc­tivos–; de la gran escala que adquieren las activi­dades; del des­ti­no de exportación que pre­sen­tan; de la incor­po­ración de tec­nologías de avan­za­da; del alto con­sumo de recur­sos no repro­ducibles (agua, tier­ra fér­til, bio­di­ver­si­dad) que impli­can; y de la dinámi­ca propia que adquieren estas activi­dades en los ter­ri­to­rios que ocu­pan [Svam­pa 2015; Gia­r­rac­ca y Teubal 2013]^[1].

La con­sol­i­dación del mod­e­lo de pro­duc­ción extrac­ti­va en Lati­noaméri­ca actu­al­iza las rela­ciones de colo­nial­i­dad [Qui­jano 2000] que han atrav­es­a­do la región des­de hace sig­los, remon­tán­dose a los tiem­pos de la con­quista. El mod­e­lo avan­za sobre ter­ri­to­rios y pobla­ciones negan­do la especi­fi­ci­dad de cada uno y sus for­mas de vida, recre­an­do rela­ciones de sub­or­di­nación y explotación.  Así, el auge de las activi­dades extrac­ti­vas en la Argenti­na ha gen­er­a­do la emer­gen­cia de cien­tos de con­flic­tos que se hal­lan en dis­tin­tas eta­pas de orga­ni­zación y despliegue de las resisten­cias, ter­ri­to­rial­mente expre­sadas.

Pre­cisa­mente defin­i­mos al ter­ri­to­rio como un espa­cio geográfico atrav­es­a­do por rela­ciones sociales, políticas, cul­tur­ales y económicas que es resig­nifi­ca­do con­stan­te­mente por los actores que lo habi­tan y hacen uso de él, con­fig­u­ran­do un esce­nario ter­ri­to­r­i­al en con­flic­to por la apropiación y reterritorialización del espa­cio y los recur­sos nat­u­rales que ahí se encuen­tran. El ter­ri­to­rio aparece entonces como una categoría com­ple­ja, móvil, en per­ma­nente pro­ce­so de resignificación y dis­pu­ta. En efec­to, la idea de ter­ri­to­rio no puede sep­a­rarse de la noción de con­flic­to entre difer­entes actores sociales en un pro­ce­so dinámico de territorialización/ ­desterritorialización­/ reterritorialización que impli­ca, a su vez, una reificación de las iden­ti­dades sociales de los actores que habi­tan y prac­ti­can esos ter­ri­to­rios. El geógrafo brasileño Bernar­do Mançano Fer­nan­des [2005] uti­liza el con­cep­to de “movi­miento socioter­ri­to­r­i­al” para dar cuen­ta de aque­l­los movimien­tos sociales donde su acción colec­ti­va y su pro­ce­so iden­ti­tario se encuen­tran ínti­ma­mente lig­a­dos a sus pro­ce­sos de ter­ri­to­ri­al­ización. Este pro­ce­so de territorialización de los movimien­tos sociales gen­era una dis­pu­ta conc­re­ta en el ter­ri­to­rio que adquiere, entonces, un sen­ti­do político. Esta dis­pu­ta en la “inter­face ter­ri­to­r­i­al” impli­ca así una confrontación de mun­dos sociales y políticos con otros actores (por ejem­p­lo, el Esta­do, las empre­sas, organ­is­mos no guber­na­men­tales, entre otros). Es este mis­mo ancla­je ter­ri­to­r­i­al o esta construcción de ter­ri­to­ri­al­i­dad la que da una característica sin­gu­lar a estos movimien­tos.

Asimis­mo, podemos denom­i­nar “ter­ri­to­rios insur­gentes” a aque­l­los ter­ri­to­rios prac­ti­ca­dos de man­era pre­pon­der­ante por los movimien­tos sociales, donde se ponen en práctica “cam­pos de experimentación social” [San­tos 2003] o “for­mas soci­etales” [Tapia 2008] que van “más allá” de la ter­ri­to­ri­al­i­dad hegemóni­ca del sistema/mundo colo­nial, het­ero-patri­ar­cal y cap­i­tal­ista y donde las rela­ciones entre quienes habi­tan esos ter­ri­to­rios y la nat­u­raleza se dan en el mar­co de vínculos de rec­i­pro­ci­dad, sig­na­dos por la capaci­dad de los pro­pios actores sociales de auto­ges­tionar esos ter­ri­to­rios. De esta man­era, el carácter dis­rup­ti­vo de los movimien­tos sociales encuen­tra un espa­cio donde desple­garse ple­na­mente con­for­man­do una nue­va for­ma soci­etal, política, económica y cul­tur­al ancla­da en el ter­ri­to­rio y con una duración tem­po­ral may­or a la de la irrupción en la esfera pública como rebelión o acon­tec­imien­to.          

Momentos en las luchas campesinas e indígenas en Argentina (1983–2017)^[2]

La reconfiguración identitaria: una (re)emergencia desde la latencia (1983–1992)

En el mar­co de los pro­ce­sos de recu­peración del sis­tema democráti­co rep­re­sen­ta­ti­vo en la Argenti­na des­de fines del año 1983, (re)aparecen en la esce­na públi­ca algunos viejos y nuevos movimien­tos sociales que mar­carán la agen­da de los con­flic­tos sociales en Améri­ca Lati­na por las sigu­ientes décadas; entre ellos, los movimien­tos campesinos y los movimien­tos indí­ge­nas. Con dicha (re)emergencia se abre un ciclo de acción colec­ti­va por parte de estos movimien­tos sociales sig­na­do por un pro­ce­so de recon­struc­ción del entra­ma­do orga­ni­za­ti­vo y comu­ni­tario [Gutiér­rez 2008], car­ac­ter­i­za­do, a su vez, por una escasa irrup­ción en el espa­cio públi­co con el for­ma­to de protes­ta social. En efec­to, en este perío­do las acciones de estos colec­tivos sociales estu­vieron más bien mar­cadas por pro­ce­sos orga­ni­za­tivos y de recon­struc­ción iden­ti­taria que podemos car­ac­teri­zar a par­tir de la noción de “laten­cia” [Meluc­ci 1994], la cual da cuen­ta jus­ta­mente del momen­to en que se pro­ducen los replanteos y cam­bios en la con­struc­ción de sig­nifi­ca­dos, se gen­er­an nuevos códi­gos y se nego­cian inter­na­mente las estrate­gias de las acciones colec­ti­vas. En este mar­co se inscriben el surgimien­to de orga­ni­za­ciones como el Movimien­to Campesino de San­ti­a­go del Estero (MOCASE) que, si bien se con­for­ma como tal a niv­el provin­cial en 1990, se da como coro­lario de un pro­ce­so orga­ni­za­ti­vo pre­vio entre dis­tin­tas comu­nidades y orga­ni­za­ciones campesinas a niv­el local, que comen­zaron a artic­u­larse en defen­sa de sus ter­ri­to­rios des­de prin­ci­p­ios de la déca­da del ochen­ta. Del mis­mo modo, la recon­fig­u­ración del Movimien­to Agrario de Misiones (MAM) a par­tir de 1986 da cuen­ta de una recu­peración de la expe­ri­en­cia orga­ni­za­ti­va de las Lig­as Agrarias en la zona, que habían sido fer­oz­mente reprim­i­das y desar­tic­u­ladas durante la últi­ma dic­tadu­ra mil­i­tar.

Simultánea­mente, se van recon­fig­u­ran­do una serie de espa­cios orga­ni­za­tivos pre­vios jun­to con la creación de nuevas y diver­sas orga­ni­za­ciones de pueb­los indí­ge­nas tan­to a niv­el local, como provin­cial y nacional. Por ejem­p­lo, en el año 1971 se crea la Confederación Indígena Neuquina (CIN), antecedente de la Con­fed­era­cion Mapuche Neuquina (“la Confe”) ‑la orga­ni­zación mapuche más grande de Neuquén- que des­de la déca­da del noven­ta va a estar pre­sente en gran parte de las resisten­cias indí­ge­nas en la provin­cia. Lo mis­mo sucede con el Con­se­jo Asesor Indí­ge­na (CAI), una de las prin­ci­pales orga­ni­za­ciones mapuche de Río Negro, durante la déca­da del ochen­ta. Con antecedentes des­de fines de la déca­da del ´70, el CAI tiene su ori­gen en 1984, cuan­do una gran neva­da deja a los cri­anceros de la zona en situación de emer­gen­cia, y ante la inmi­nente dis­cusión en las comu­nidades que llevó luego a la san­ción de la Ley 23.302, el CAI toma la for­ma de orga­ni­zación per­ma­nente y ref­er­ente en Río Negro, que jun­to con otras comu­nidades ter­mi­narán artic­u­lan­do la Coor­di­nado­ra del Par­la­men­to del Pueblo Mapuche (CPPM-RN) de esa mis­ma provin­cia.

Al mis­mo tiem­po el pueblo kol­la en las provin­cias de Jujuy y Salta tam­bién retoma un pro­ce­so orga­ni­za­ti­vo des­de las propias comu­nidades sig­na­do por su recon­fig­u­ración iden­ti­taria y por las luchas por el reconocimien­to de sus tier­ras ances­trales. Es el caso de las comu­nidades kol­las de las yun­gas en Salta, atrav­es­a­dos por el con­flic­to ter­ri­to­r­i­al con el Inge­nio San Martín del Taba­cal, que ocu­pa­ba gran parte de las tier­ras comu­ni­tarias, dis­putan­do además fuentes de agua y el uso del monte y la sel­va, vitales para la repro­duc­ción de la vida comu­ni­taria. Con­flic­to que, a su vez, tiene como par­tic­u­lar­i­dad que muchos de los comuneros eran o habían sido explota­dos como tra­ba­jadores pre­cariza­dos de las zafras de azú­car de este y otros inge­nios de la provin­cia, así como de Jujuy y Tucumán.

Cabe men­cionar que todo este pro­ce­so orga­ni­za­ti­vo de los pueb­los indí­ge­nas y las orga­ni­za­ciones campesinas tuvo en var­ios casos una fuerte influ­en­cia de la Igle­sia Católi­ca, par­tic­u­lar­mente de los sec­tores más pro­gre­sis­tas lig­a­dos a la Teología de la Lib­eración. El caso más par­a­dig­máti­co se dio en la provin­cia de Neuquén con el Obis­po Jaime de Nevares quien fue impul­sor de los pro­ce­sos de recon­sti­tu­ción de las orga­ni­za­ciones mapuche. Asimis­mo, des­de la igle­sia se denun­cia­ban las condi­ciones pre­carias de la vida cotid­i­ana de las comu­nidades indí­ge­nas [Aiz­ic­son 2014]. Tam­bién puede destacarse el rol del Obis­po Olme­do en la provin­cia de Jujuy y la acción a niv­el nacional que lle­va a cabo has­ta el día de hoy el Equipo Nacional de Pas­toral Abori­gen (ENDEPA) que, si bien perdió gran parte de su influ­en­cia y rad­i­cal­i­dad, sigue sien­do un espa­cio impor­tante para analizar los pro­ce­sos orga­ni­za­tivos de los pueb­los indí­ge­nas. Con respec­to a las orga­ni­za­ciones campesinas es noto­ria tam­bién la influ­en­cia y el accionar de curas y pár­ro­cos de base en los pro­ce­sos orga­ni­za­tivos, tan­to del MAM como del MOCASE, sobre todo durante los años ochen­ta.

Este pro­ce­so de influ­en­cia de la Igle­sia, lig­a­do a lo que Svam­pa [2008] y Zibechi [2003] señalan como una de las prin­ci­pales ver­tientes que con­for­man a los movimien­tos sociales lati­noamer­i­canos, va a perder fuerza en el segun­do ciclo de los movimien­tos campesinos e indí­ge­nas, cuan­do las acciones colec­ti­vas se rad­i­cal­i­cen en defen­sa de sus ter­ri­to­rios y cuan­do el pro­ce­so iden­ti­tario, sobre todo el indí­ge­na donde la recu­peración de la cos­mo­visión ances­tral muchas veces se fue dan­do en con­tra­posi­ción con la reli­giosi­dad católi­ca, fue acre­cen­tan­do las difer­en­cias con la Igle­sia Católi­ca, sobre todo con la estruc­tura hegemóni­ca de la mis­ma, pro­fun­da­mente con­ser­vado­ra y que nun­ca acep­tó la acción evan­ge­lizado­ra de la Teología de la Lib­eración (e inclu­so la com­bat­ió).

Asimis­mo, el debili­ta­mien­to pro­gre­si­vo de las pos­turas más pro­gre­sis­tas den­tro de la Igle­sia gen­eró un ale­jamien­to de estos movimien­tos sociales, a par­tir del cual muchos reli­giosos optaron por romper con la Igle­sia y for­mar parte ple­na de los movimien­tos. Así se va dan­do un lento, pero pro­fun­do, pro­ce­so de “sec­u­lar­ización” de estos movimien­tos sociales que dieron pie, entre otras razones, al pro­ce­so de resisten­cia al neolib­er­al­is­mo des­de la noción de ter­ri­to­rio como espa­cio de vida y de recon­fig­u­ración iden­ti­taria de los pueb­los indí­ge­nas y comu­nidades campesinas.

Las resistencias al neoliberalismo: de la tierra al territorio (1992–2002)

Luego de este primer perío­do que resultó en la con­for­ma­ción de espa­cios de artic­u­lación y rea­gru­pamien­to para  muchos de los pueb­los indí­ge­nas de Argenti­na ‑tan­to hacia aden­tro de cada pueblo como entre difer­entes pueb­los y naciones indí­ge­nas- estos actores sociales, jun­to con los incip­i­entes movimien­tos campesinos (tan­to los que se regen­er­a­ban a par­tir de las expe­ri­en­cias de los años seten­ta como los nuevos agru­pamien­tos) empezaron a pro­tag­oni­zar acciones de resisten­cia que aflo­ran en los mun­dos rurales, fun­da­men­tal­mente, con­tra el avance de las refor­mas neolib­erales impul­sadas por el gob­ier­no nacional de Car­los Men­em.

Esta es una eta­pa donde tan­to los pueb­los indí­ge­nas como los movimien­tos campesinos empiezan a cobrar cier­ta autonomía, tan­to del Esta­do como de la Igle­sia y los par­tidos políti­cos. Con un fuerte énfa­sis en la lucha cul­tur­al y la recon­struc­ción iden­ti­taria de los pueb­los indí­ge­nas, muchas veces frag­men­ta­dos por los límites de la juris­dic­ción estatal (provin­cial y/o nacional), se van con­for­man­do las primeras orga­ni­za­ciones indí­ge­nas y campesinas autóno­mas a niv­el provin­cial. A comien­zos de este perío­do los movimien­tos lucha­ban por el acce­so y/o reconocimien­to a sus tier­ras ances­trales, así como resistían el avance de emprendimien­tos del naciente agrone­go­cio que comen­z­a­ba a ampli­ar, con cada vez más ímpetu, la fron­tera agropecuar­ia [Gia­r­rac­ca y Teubal 2008].

Como señalan Gordil­lo y Hirsch [2010], las luchas en este perío­do estu­vieron fuerte­mente lig­adas a con­flic­tos por la tier­ra, entre las cuales se desta­can la lucha mapuche en Pul­marí (Neuquén) por tier­ras en propiedad una empre­sa estatal; las mov­i­liza­ciones de los kol­las de San Andrés (Salta) entre 1993 y 1997 por la tit­u­lar­ización de sus tier­ras, que recu­pera la memo­ria del “malón de la paz” de 1946;  la lucha de la Aso­ciación Lha­ka Hon­hat (Nues­tra Tier­ra) en el Cha­co salteño por los lotes fis­cales 14 y 55, en el mar­co de la cual en 1996 se tomó durante 23 días un puente inter­na­cional y se lle­varon a cabo acciones legales ante la Comisión Inter­amer­i­cana de Dere­chos Humanos y la OEA; entre otras.

De esta man­era, el com­ple­jo pro­ce­so de recon­sti­tu­ción iden­ti­taria se con­jugó con la defen­sa ter­ri­to­r­i­al. La clási­ca deman­da por el acce­so a la tier­ra se va trans­for­man­do pau­lati­na­mente en una deman­da más inte­gral de (auto)gestión y/o autode­ter­mi­nación del ter­ri­to­rio, aunan­do las dimen­siones pro­duc­ti­vas con las cul­tur­ales e iden­ti­tarias, inclu­so las políti­cas lig­adas a la auto­gestión del ter­ri­to­rio en todas sus esferas. En este pro­ce­so, la estrate­gia defen­si­va en torno a la tier­ra se vuelve tam­bién en una estrate­gia propos­i­ti­va donde lenta­mente se van con­struyen­do alter­na­ti­vas soci­etales en esos “ter­ri­to­rios insur­gentes”; espa­cios en que las comu­nidades campesinas y los pueb­los indí­ge­nas van con­for­man­do diver­sas expe­ri­en­cias de vida en con­tra­posi­ción con las for­mas hegemóni­cas cap­i­tal­is­tas y colo­niales. Estas con­struc­ciones, cabe resaltar, se encuen­tran atrav­es­adas por con­tradic­ciones y por las propias lóg­i­cas de dom­i­nación del sis­tema mun­do hegemóni­co, pero su hor­i­zonte de sen­ti­do, como proyec­to soci­etal alter­na­ti­vo, se enmar­ca en prác­ti­cas de autonomía, sol­i­dari­dad y rec­i­pro­ci­dad no cap­i­tal­is­tas.

En este pun­to cabe men­cionar la expe­ri­en­cia de las ferias fran­cas, que se desar­rol­la en la provin­cia de Misiones y luego se expande a varias provin­cias argenti­nas. A comien­zos de la déca­da de los noven­ta, el Movimien­to Agrario de Misiones (MAM), jun­to con otras orga­ni­za­ciones e insti­tu­ciones de la provin­cia, abrió la dis­cusión y la búsque­da de nuevas estrate­gias económi­cas para las famil­ias agricul­toras, lo cual resultó en el año 1995 en la creación de la primera feria fran­ca en la ciu­dad de Oberá, como una alter­na­ti­va para los pequeños agricul­tores misioneros. La expe­ri­en­cia de las ferias fran­cas puede pen­sarse además como una de esas alter­na­ti­vas que refiere a pro­ce­sos de resisten­cia y dis­pu­ta ter­ri­to­r­i­al en las cuales asume pro­tag­o­nis­mo la recu­peración de prác­ti­cas agroecológ­i­cas, la orga­ni­zación de la economía en base a necesi­dades famil­iares y/o comu­ni­tarias y, prin­ci­pal­mente, la pro­duc­ción de ali­men­tos sanos para mer­ca­dos locales donde se establece una relación más direc­ta entre pro­duc­tor y con­sum­i­dor.

En este perío­do, en el caso del pueblo mapuche, se con­for­ma la Con­fed­eración Mapuche de Neuquén y en Rio Negro la Coor­di­nado­ra del Par­la­men­to Mapuche de Río Negro, mien­tras que el Con­se­jo Asesor Indí­ge­na (CAI) se con­sol­i­da e incor­po­ra en su seno a dis­tin­tas comu­nidades de todo el ámbito provin­cial. Así, el pueblo mapuche pro­fun­diza su pro­ce­so de recon­fig­u­ración cul­tur­al iden­ti­taria, a la vez que van cobran­do fuerza hacia finales de la déca­da del noven­ta los pro­ce­sos de recu­peración de ter­ri­to­rio ances­tral. Cabe señalar que una car­ac­terís­ti­ca del pueblo mapuche en par­tic­u­lar (y de los pueb­los indí­ge­nas de Argenti­na en gen­er­al) es su frag­mentación entre las dis­tin­tas orga­ni­za­ciones provin­ciales y den­tro de las mis­mas provin­cias exis­ten diver­sos nucle­amien­tos de comu­nidades indí­ge­nas diver­gentes. Este seg­men­tamien­to responde a diver­sos fac­tores, tan­to de índole coyun­tur­al y orga­ni­za­ti­vo, como ide­ológi­co-políti­co. En el primero de los casos, se tra­ta de divi­siones que even­tual­mente pueden reartic­u­larse, sien­do el segun­do de los casos el de más com­ple­ja res­olu­ción y tam­bién, quizás, el más fre­cuente.

De este modo obser­va­mos que en la provin­cia de Neuquén la orga­ni­zación más impor­tante de este perío­do es “la Confe”, pero coex­iste con otras comu­nidades más lig­adas a la Igle­sia Católi­ca y ENDEPA, así como con otras más cer­canas al poder políti­co provin­cial hegemóni­co, el Movimien­to Pop­u­lar Neuquino (MPN).

En la provin­cia de Chubut el pro­ce­so orga­ni­za­ti­vo más impor­tante de este perío­do fue la “Orga­ni­zación Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre” cuyo obje­ti­vo era lograr la autonomía ter­ri­to­r­i­al mapuche-tehuelche frente al Esta­do, tan­to argenti­no como chileno. En este sen­ti­do, aparece como la orga­ni­zación indí­ge­na más rad­i­cal en ese entonces, pues sus planteos eran críti­cos de la propia figu­ra del Esta­do nación. El mis­mo abar­ca­ba difer­entes comu­nidades en toda la provin­cia, aunque su núcleo orga­ni­za­ti­vo prin­ci­pal se ancla­ba en la zona de Esquel. En el caso de Río Negro, este perío­do es el momen­to de may­or vis­i­bil­i­dad del CAI, que asume una rep­re­sentación con alto con­sen­so entre las comu­nidades de base, divi­di­das en dis­tin­tas juris­dic­ciones: el CAI Zona And­i­na, el CAI Zona Atlán­ti­ca y el CAI de la Línea Sur. En esos años la prob­lemáti­ca mapuche comien­za a ser vis­i­ble no sólo para los no indí­ge­nas de la región, sino tam­bién para las propias comu­nidades ‑sobre todo las “del cam­po”- que se cues­tio­nan y prob­lema­ti­zan la iden­ti­dad, a par­tir de la inter­pelación de los pro­pios diri­gentes mapuche. Con el tiem­po éste será el ger­men de múlti­ples pro­ce­sos de read­scrip­ción y auto-reconocimien­to étni­co, algunos de los cuales men­cionare­mos en el sigu­iente aparta­do.

En el caso del pueblo kol­la, si bien la con­for­ma­ción de orga­ni­za­ciones a niv­el region­al fue más tardía (con la con­sti­tu­ción  del Qul­la­mar­ka en la provin­cia de Salta en 2007, que recla­ma la auto­gestión ter­ri­to­r­i­al comu­ni­taria de más de un mil­lón de hec­táreas), ya des­de medi­a­dos de los noven­ta  va a con­fluir, en algunos casos como el de las yun­gas, en la recu­peración de la noción de ayl­lus, y en la provin­cia de Jujuy en la con­for­ma­ción de la Red Puna y Que­bra­da de Humahua­ca como espa­cio de artic­u­lación y ref­er­en­cia region­al, que con­tiene en su seno ‑no exen­ta de ten­siones- las iden­ti­dades indí­ge­nas y campesinas.

El movimien­to campesino, por su parte, comien­za una eta­pa de expan­sión orga­ni­za­ti­va en un doble movimien­to: por un lado, un pro­ce­so defen­si­vo del ter­ri­to­rio frente al ya men­ciona­do avance de la fron­tera agropecuar­ia [Gia­r­rac­ca y Teubal 2008], que comien­za a arrin­conar y despo­jar a los ter­ri­to­rios habita­dos por las comu­nidades campesinas; por otro, un pro­ce­so de recu­peración iden­ti­taria y de recu­peración de tier­ras impro­duc­ti­vas que son ocu­padas para ser pues­tas en pro­duc­ción bajo lóg­i­cas propias de las orga­ni­za­ciones campesinas, en con­tra­posi­ción con el mod­e­lo pro­duc­ti­vo del Agrone­go­cio. Esta últi­ma for­ma de acción colec­ti­va comen­zó en este perío­do, pero se exten­derá con may­or fuerza durante el ciclo sigu­iente.

El movimien­to que mues­tra un may­or crec­imien­to es el MOCASE, que se expande por casi toda la provin­cia y se con­vierte en una orga­ni­zación par­a­dig­máti­ca para otros movimien­tos sociales rurales y urbanos por com­bi­nar la rad­i­cal­i­dad de las acciones de protes­ta por medio de la acción direc­ta (cortes de ruta, mov­i­liza­ciones, etc.) con la prác­ti­ca de la autode­fen­sa ter­ri­to­r­i­al para evi­tar los desa­lo­jos y la con­struc­ción de una ter­ri­to­ri­al­i­dad con­tra­hegemóni­ca o “insur­gente” en los ter­ri­to­rios en dis­pu­ta. De esta man­era, el ejem­p­lo del MOCASE fue impor­tante para expe­ri­en­cias orga­ni­za­ti­vas de otras provin­cias que habil­i­tarán, entre otros fac­tores, la con­for­ma­ción de orga­ni­za­ciones como el Movimien­to Campesino de Cór­do­ba (que a su vez nuclea a la Unión Campesina de Traslasier­ra, Valle Bue­na Esper­an­za, la Orga­ni­zación de Campesinos Unidos del Norte de Cór­do­ba, la Aso­ciación de pequeños pro­duc­tores del Noreste de Cór­do­ba y la Unión Campesina del Norte), la Red Puna en Jujuy,  el Movimien­to Campesino de For­mosa, entre otras.

Las resistencias al (neo)extractivismo: entre la mayor institucionalización y el giro eco-territorial de las luchas por la (re)creación de otros mundos de vida (2002–2017)

En esta eta­pa se dan pro­ce­sos simultá­neos en torno al accionar de los movimien­tos indí­ge­nas y campesinos. Por un lado, se pro­duce un afi­an­za­mien­to de la (re)construcción ter­ri­to­r­i­al donde se despl­ie­gan estas for­mas soci­etales alter­na­ti­vas en el mar­co de una pro­fun­dización y con­sol­i­dación del mod­e­lo extrac­ti­vo que implicó un nue­vo avance por sobre los ter­ri­to­rios indí­ge­nas y campesinos. Como vimos, el mod­e­lo extrac­ti­vo se ve con­sol­i­da­do por diver­sos fac­tores; entre ellos, la deval­u­ación y la suba de los com­modi­ties ali­men­ta­r­ios, los min­erales y los hidro­car­buros ‑suba que se expli­ca en parte por el fuerte aumen­to de la deman­da de estos pro­duc­tos por parte de Chi­na e India- y la lóg­i­ca de fun­cionamien­to del cap­i­tal financiero espec­u­la­ti­vo que des­de comien­zos de siglo comen­zó a oper­ar fuerte­mente en los mer­ca­dos inter­na­cionales de com­modi­ties.

Por otro lado, se da un pro­ce­so de recon­sti­tu­ción de la insti­tu­cional­i­dad estatal del cual los movimien­tos campesinos e indí­ge­nas ‑o por lo menos algu­nas de sus orga­ni­za­ciones más impor­tantes- no fueron ajenos. Este últi­mo ciclo se enmar­ca en un pro­ce­so de re- insti­tu­cional­ización de la políti­ca en el que, a par­tir de los gob­ier­nos kirch­ner­is­tas, se rele­git­i­man algu­nas de las insti­tu­ciones estatales y for­matos políti­cos insti­tu­cional­iza­dos en gen­er­al, y donde diver­sos movimien­tos sociales que habían pro­tag­on­i­za­do las resisten­cias al neolib­er­al­is­mo asumen posi­ciones cer­canas a los gob­ier­nos de Nés­tor Kirch­n­er y Cristi­na Fer­nán­dez de Kirch­n­er, incluyen­do en esta con­stelación de movimien­tos sociales algu­nas orga­ni­za­ciones campesinas, indí­ge­nas, así como movimien­tos ter­ri­to­ri­ales urbanos, fábri­c­as recu­per­adas, entre otros.

Como señala Briones [2015] para el caso indí­ge­na, durante este perío­do se con­jugó des­de el gob­ier­no una visión neode­sar­rol­lista con un ideario “nacional y pop­u­lar” que posi­bil­itó cier­tas trans­for­ma­ciones, pero con límites muy con­cre­tos a la imple­mentación efec­ti­va de los dere­chos indí­ge­nas recono­ci­dos. Se lle­van a cabo en este perío­do impor­tantes reconocimien­tos y avances en cuan­to a la políti­ca desar­rol­la­da des­de el Esta­do hacia los pueb­los indí­ge­nas, entre los cuales se desta­can: la creación en 2004 del “Con­se­jo de Par­tic­i­pación Indí­ge­na” como for­ma de incor­po­rar la rep­re­sentación indí­ge­na den­tro del Insti­tu­to Nacional de Asun­tos Indí­ge­nas (INAI); la con­sti­tu­ción del Con­se­jo de Coor­di­nación den­tro del INAI en 2008; la Ley 26160, que en 2006 sus­pende por cua­tro años los desa­lo­jos de comu­nidades indí­ge­nas judi­cial­izadas y orde­na el rel­e­vamien­to de las tier­ras de comu­nidades de todo el país; la Ley 26522 de Ser­vi­cios de Comu­ni­cación Audio­vi­su­al, incor­po­ran­do deman­das de dere­cho a la comu­ni­cación con iden­ti­dad; la creación en noviem­bre de 2010 del Reg­istro Nacional de Orga­ni­za­ciones de Pueb­los Indí­ge­nas (RENOPI). En este mar­co, los movimien­tos y pueb­los indí­ge­nas, o más bien sus ref­er­entes, son con­vo­ca­dos a par­tic­i­par y trans­for­mar sus real­i­dades des­de aden­tro de lo estatal, así como a trans­for­mar el Esta­do des­de aden­tro [Briones 2015]. En dicho esce­nario, las dis­crep­an­cias entre los movimien­tos indí­ge­nas en torno a la mar­cha por el Bicen­te­nario^[3] tendieron a artic­u­larse como parte del antag­o­nis­mo gen­er­al­iza­do que, en apari­en­cia, estaría par­tien­do la sociedad entre “kirch­ner­is­tas-antikirch­ner­is­tas” [Briones 2015].

Pero simultánea­mente a este pro­ce­so de insti­tu­cional­ización de algunos movimien­tos sociales y un reflu­jo de las acciones colec­ti­vas de protes­ta, emer­gen en dis­tin­tas geografías del país una serie de con­flic­tos que se han engloba­do bajo el nom­bre de “socio-ambi­en­tales” [Svam­pa 2012] en lo que esta mis­ma auto­ra ha denom­i­na­do el “giro eco-ter­ri­to­r­i­al” de las luchas. Una mul­ti­pli­ci­dad de actores sociales locales van con­vergien­do en estas dis­putas, que reartic­u­lan las luchas por el ter­ri­to­rio, per­mi­tien­do la artic­u­lación de las nacientes asam­bleas ciu­dadanas de dis­tin­tos pueb­los con movimien­tos campesinos y comu­nidades indí­ge­nas, así como orga­ni­za­ciones ecol­o­gis­tas. Es por ello que planteamos que la aper­tu­ra de este nue­vo ciclo en las dis­putas por el ter­ri­to­rio da cuen­ta de la ampliación de los actores involu­cra­dos y la con­sol­i­dación de la deman­da ter­ri­to­r­i­al-ambi­en­tal que com­ple­men­ta las deman­das ante­ri­ores del acce­so a la tier­ra y al reconocimien­to políti­co y cul­tur­al. El ter­ri­to­rio y lo ambi­en­tal en sen­ti­do amplio apare­cen como los ele­men­tos estruc­turantes y orde­nadores de estas luchas.

Uno de los even­tos ini­ciales par­a­dig­máti­cos fue la oposi­ción al emprendimien­to megaminero en la ciu­dad de Esquel (Chubut) en 2002, en el que un refer­én­dum local dio que más del ochen­ta por cien­to de la población se oponía a la insta­lación de la min­ería en la región. En esta local­i­dad se con­for­mó una asam­blea de veci­nos auto­con­vo­ca­dos que llevó a cabo varias acciones de protes­ta y vis­i­bi­lización de las deman­das, artic­ulán­dose por un tiem­po, aunque no sin ten­siones, con comu­nidades mapuche de la zona que tam­bién se oponían al emprendimien­to megaminero. Otro con­flic­to destaca­ble, sobre todo por rep­re­sen­tar un pro­ce­so de con­struc­ción con­jun­ta de la resisten­cia anti-min­era, es el que tuvo lugar en Lon­cop­ué, Neuquén. Allí, entre 2007 y 2012, diver­sos colec­tivos ‑asam­bleas de veci­nos, aso­cia­ciones de fomen­to rur­al y la comu­nidad mapuche Mel­lao Morales- se artic­u­laron ex pro­fe­so para impedir la insta­lación de una empre­sa min­era en ter­ri­to­rio indí­ge­na. Esta lucha desem­bocó en la real­ización de un refer­én­dum de carác­ter vin­cu­lante, a difer­en­cia del real­iza­do en Esquel, que viene impi­di­en­do has­ta el día de la fecha la pres­en­cia de explota­ciones min­eras a cielo abier­to en la zona.

Luchas como éstas se mul­ti­pli­caron por toda la región cordiller­ana con dis­tin­tos movimien­tos que enfrenta­ban emprendimien­tos megamineros ya estable­ci­dos o en sus fac­etas explorato­rias, que se fueron artic­u­lan­do con otras luchas socioam­bi­en­tales bajo la iden­ti­dad de Unión de Asam­bleas Ciu­dadanas y que, jus­ta­mente por su críti­ca a los mod­e­los de desar­rol­lo dom­i­nantes, encon­traron en las comu­nidades campesinas e indí­ge­nas una ref­er­en­cia para la con­struc­ción de alter­na­ti­vas, lo que en algunos casos per­mi­tió su artic­u­lación en la lucha.

Por otro lado, cabe men­cionar tam­bién que, en el mar­co de la lucha por el reconocimien­to de sus dere­chos y sus ter­ri­to­rios, difer­entes pueb­los lograron recon­stru­irse y recu­per­ar su fuerza, así como el vín­cu­lo entre ellos. Es el caso, por ejem­p­lo, de la Unión de Pueb­los de la Nación Dia­gui­ta (UPND) que se con­for­ma en 2005, reunien­do pueb­los y comu­nidades dia­gui­tas de difer­entes provin­cias (Salta, Tucumán, Cata­mar­ca, La Rio­ja y San­ti­a­go del Estero) unien­do sus luchas y reclam­os. Uno de los prin­ci­pales con­flic­tos ter­ri­to­ri­ales que enfrenta esta orga­ni­zación en la zona and­i­na es con las empre­sas min­eras y, en par­tic­u­lar, con la emblemáti­ca min­era Bajo La Alum­br­era Así, las comu­nidades de la UPND al jun­tarse bus­can for­t­ale­cerse mutu­a­mente en la defen­sa de sus ter­ri­to­rios frente a los reit­er­a­dos e innu­mer­ables con­flic­tos con ter­rate­nientes, que se pre­sen­tan como supuestos dueños; dis­putas que en algunos casos lle­gan a situa­ciones de vio­len­cia extrema, como es el caso del asesina­to del comunero dia­gui­ta Javier Choco­bar el 12 de octubre de 2009.

Por su parte, el pro­ce­so orga­ni­za­ti­vo del pueblo mapuche con­tin­uó con­solidán­dose y expandién­dose, a la vez que frag­men­tán­dose, pues nuevas comu­nidades fueron cre­an­do nuevos espa­cios de artic­u­lación den­tro de cada provin­cia, así como se fueron dan­do difer­entes rup­turas den­tro de las orga­ni­za­ciones que se habían con­for­ma­do des­de los años ochen­ta. De ese modo, en la provin­cia de Neuquén la Con­fed­eración sigu­ió cre­cien­do y suman­do nuevas comu­nidades, pero tam­bién otras aban­donaron esa orga­ni­zación de segun­do gra­do y con­for­maron artic­u­la­ciones por fuera de la mis­ma, como por ejem­p­lo las comu­nidades de la región de Zapala, Winkul Newen entre ellas, que optaron por estrate­gias orga­ni­za­ti­vas y de protes­ta difer­en­ci­adas frente a las empre­sas de hidro­car­buros que actúan en sus ter­ri­to­rios. Un pro­ce­so sim­i­lar sucedió con el pueblo mapuche de las provin­cias de Río Negro y Chubut. En esta últi­ma emergió en los últi­mos años una orga­ni­zación de tinte más rad­i­cal y autónomo, Movimien­to Mapuche Autónomo del Puelma­pu (MAP), inspi­ra­da en el movimien­to rad­i­cal mapuche de Chile que com­bi­na la ocu­pación de tier­ras ances­trales con metodologías de acción direc­ta en los Pu Lof en Resisten­cia de Cushamen y Zun­gun Cura. Tam­bién en Chubut surge el Frente de Lucha Mapuche Campesino (FLMC), donde des­de la comu­nidad Pil­lan Mahuiza se con­tinúan las luchas autonómi­cas planteadas por la Orga­ni­zación 11 de octubre, pero tam­bién se plantean algu­nas difer­en­cias con la mis­ma. La prin­ci­pal ref­er­ente del FLMC es Moira Mil­lán quien más ade­lante, en 2016 y 2017, impul­sará la Mar­cha de Mujeres Orig­i­nar­ias, un espa­cio que artic­u­la como novedad a difer­entes mujeres de diver­sos pueb­los indí­ge­nas de Argenti­na. En 2016 realizaron una impor­tante mov­i­lización hacia la ciu­dad de Buenos Aires y luego en 2017 un Foro en la ciu­dad de Bahía Blan­ca donde se pusieron en debate tan­to el rol de las mujeres indí­ge­nas como la propia noción de “argen­tinidad”, en un pro­ce­so de artic­u­lación que aún per­manece abier­to y con una enorme poten­cial­i­dad para seguir cre­cien­do.

La resisten­cia mapuche encuen­tra tam­bién expre­sión en el ter­ri­to­rio que se asien­ta sobre la for­ma­ción Vaca Muer­ta (ubi­ca­da may­or­mente en la provin­cia de Neuquén, aunque se extiende has­ta el sur de Men­doza, y norte de Río Negro), que es pre­sen­ta­da como la “gran prome­sa” para la extrac­ción de hidro­car­buros no con­ven­cionales en Argenti­na. Allí las comu­nidades Cam­po Maripe, Payne­mil y Kax­i­pay­iñ ‑algu­nas for­man­do parte de la Con­fed­eración Mapuche Neuquina- lle­van ade­lante una fuerte resisten­cia al frack­ing como for­ma priv­i­le­gia­da de extrac­ción hidro­car­burífera. Asimis­mo, en mayo de 2017, se pro­du­jo una nue­va recu­peración ter­ri­to­r­i­al en una zona cer­cana a las men­cionadas: la de la comu­nidad Fvta Trayen, en el para­je Tratayén, que comien­za a plantearse la mis­ma lucha, la cual fue dura­mente reprim­i­da por la policía provin­cial en sep­tiem­bre de 2017. A estas expe­ri­en­cias de resisten­cia y orga­ni­zación se suma el accionar de los pequeños pro­duc­tores ganaderos de la zona, tam­bién lla­ma­dos cri­anceros o pues­teros, quienes aún sin con­tar con orga­ni­za­ciones que los nucle­en, lle­van a cabo una soli­taria y aguer­ri­da defen­sa de sus for­mas tradi­cionales de pro­duc­ción y repro­duc­ción de la vida.

En la provin­cia de For­mosa, Qopi­wi­ni Lafwetes se con­sti­tuye en un espa­cio de coor­di­nación de los pueb­los orig­i­nar­ios qom, pilagá, wichi y niva­clé de Argenti­na, con­for­ma­da en el año 2015 a par­tir del acampe que realizaron en la Ciu­dad de Buenos Aires, recla­man­do por condi­ciones dig­nas de vida y con­tra la repre­sión a sus comu­nidades por parte de los gob­ier­nos provin­ciales. Su máx­i­mo ref­er­ente es Félix Díaz de la comu­nidad qom Potae Napoc­na Navo­goh. A propósi­to de esta comu­nidad, en los últi­mos años fue noti­cia por sus reclam­os al gob­ier­no de la provin­cia de For­mosa, ini­ci­a­dos en 2007, y cuya apo­teo­sis tuvo lugar en 2010, cuan­do se nacional­izó el con­flic­to a par­tir de la fer­oz repre­sión a un corte de ruta que llev­a­ban a cabo. El hostigamien­to a los miem­bros de la comu­nidad, y a su qarashé (cacique) Félix Díaz en par­tic­u­lar, refle­ja una inter­na de las diri­gen­cias indí­ge­nas a niv­el nacional, pero fun­da­men­tal­mente, abre el juego a otros actores políti­cos para sub­sumir la cuestión indí­ge­na a la lóg­i­ca dicotómi­ca gob­ier­no-oposi­ción, que en este caso toma for­ma en el enfrentamien­to entre el ENOTPO (Encuen­tro Nacional de Orga­ni­za­ciones Ter­ri­to­ri­ales de los Pueb­los Orig­i­nar­ios) y el Con­se­jo Pluri­na­cional Indí­ge­na, ofi­cial­ista y opos­i­tor respec­ti­va­mente. Ambos espa­cios de artic­u­lación man­tu­vieron un fuerte con­tra­pun­to en 2013, que frag­men­tó aún más a los pueb­los indí­ge­nas.

En torno al movimien­to campesino, durante los primeros años de este perío­do se obser­va una mul­ti­pli­cación de expe­ri­en­cias de orga­ni­zación y resisten­cia campesina en difer­entes provin­cias del país, como es el caso de la creación en la provin­cia de Men­doza de la Unión de Tra­ba­jadores Sin Tier­ra (UST)  y la Orga­ni­zación de Tra­ba­jadores Rurales de Lavalle (OTRAL) entre el año 2001 y 2002; en Misiones de la Comisión Cen­tral de Tier­ras de Pozo Azul (CCT), la Unión de Tra­ba­jadores Rurales del Noreste Misionero (UTR), las orga­ni­za­ciones Pro­duc­tores Unidos de San­ti­a­go de Lin­iers (PUSALI) y Pro­duc­tores Inde­pen­di­entes de Piray (PIP); entre otras. Asimis­mo, se dan una serie de artic­u­la­ciones entre las que se desta­ca la creación en el año 2003 del Movimien­to Nacional Campesino Indí­ge­na (MNCI) que, como resul­ta­do de una déca­da de artic­u­lación pre­via en torno a la Mesa Nacional de Pro­duc­tores Famil­iares, agru­pa a orga­ni­za­ciones de base y de segun­do gra­do de difer­entes provin­cias: el Movimien­to Campesino de Cór­do­ba (MCC), el Movimien­to Campesino de San­ti­a­go del Estero (MOCASE), la Unión de Tra­ba­jadores Sin Tier­ra de Men­doza y San Juan (UST), la Red Puna y Tier­ra Fér­til de Jujuy, Encuen­tro Calchaquí de Salta, COTRUM de Misiones, el Movimien­to Campesino de Neuquén (MCNN) y el MNCI Buenos Aires (con núcleos orga­ni­za­tivos prin­ci­pal­mente en algunos dis­tri­tos del conur­bano bonaerense). El MNCI, a su vez, artic­u­la a niv­el inter­na­cional par­tic­i­pan­do de la Coor­di­nado­ra Lati­noamer­i­cana de Orga­ni­za­ciones del Cam­po (CLOC) y la Vía Campesina (VC). Otro espa­cio de artic­u­lación es el que se dio en torno al Frente Nacional Campesino (FNC), en el mar­co del denom­i­na­do con­flic­to entre “el cam­po” y el gob­ier­no en 2008, com­puesto por el Movimien­to Campesino de San­ti­a­go del Estero de Los Juríes, el Movimien­to Agrario de Misiones (MAM), el Movimien­to Campesino de Jujuy (MOCAJU) y el Movimien­to Campesino de For­mosa (MOCAFOR).

Cabe men­cionar tam­bién las múlti­ples artic­u­la­ciones en la lucha que se fueron ges­tando entre diver­sas orga­ni­za­ciones campesinas y movimien­tos sociales urbanos ‑movimien­tos de des­ocu­pa­dos, orga­ni­za­ciones uni­ver­si­tarias, empre­sas recu­per­adas y coop­er­a­ti­vas, etcétera‑, que aunaron fuerzas para acciones que van des­de la real­ización de mov­i­liza­ciones y protes­tas en el espa­cio públi­co, has­ta la con­struc­ción de prop­ues­tas como redes de com­er­cial­ización sol­i­daria. Pre­cisa­mente Domínguez [2005] señala que la cri­sis de la noción de pro­gre­so revi­tal­iza viejos saberes y for­mas de vida, ali­men­tan­do nuevas per­spec­ti­vas de desar­rol­lo y favore­cien­do el surgimien­to de prác­ti­cas vin­cu­ladas a la agroe­cología, las med­i­c­i­nas alter­na­ti­vas, el com­er­cio sol­i­dario o jus­to, las tec­nologías no con­ven­cionales, entre otras. Y sostiene que “se recu­per­aron y reval­orizaron las prác­ti­cas campesinas o indí­ge­nas, como si estas con­for­maran pis­tas o huel­las de caminos que fueron trun­cadas pero que guardaron un poten­cial que hoy puede servir para recrear la vida en la encru­ci­ja­da de la mod­ernidad. A difer­en­cia de otras épocas, en la actu­al­i­dad las pobla­ciones urbanas sien­ten una gran sim­patía hacia las deman­das de las orga­ni­za­ciones campesinas e indí­ge­nas, como si estas tra­jer­an aho­ra cre­ati­vas novedades entre sus vie­jas rec­etas” [Domínguez 2005].

Por su parte, des­de el Esta­do se crea, en el año 2006, en el ámbito del Sec­re­taría de Agri­cul­tura, Ganadería y Pesca, el Foro de Orga­ni­za­ciones Nucle­adas de la Agri­cul­tura Famil­iar (FONAF), con la pre­ten­sión de gener­ar un espa­cio insti­tu­cional de rep­re­sentación de las orga­ni­za­ciones campesinas e indí­ge­nas den­tro del Esta­do. Esta insti­tu­cional­ización de orga­ni­za­ciones campesinas y de pro­duc­tores famil­iares lo que buscó fue, por un lado, incluir den­tro de las políti­cas guber­na­men­tales las deman­das de estas orga­ni­za­ciones, pero al mis­mo tiem­po evi­den­ció la inten­ción de cooptación y desac­ti­vación de las luchas que las orga­ni­za­ciones campesinas e indí­ge­nas llev­a­ban ade­lante. Asimis­mo, como expre­sión de la may­or insti­tu­cional­ización que asume el sec­tor, cabe men­cionar que en 2008 el Pro­gra­ma Social Agropecuario (PSA), una de las pocas políti­cas ori­en­tadas a apo­yar a niv­el nacional los mun­dos campesinos e indí­ge­nas, es con­ver­tido en Sub­sec­re­taría de Desar­rol­lo Rur­al y Agri­cul­tura Famil­iar (Decre­to 571/08), incor­po­ran­do en su seno a impor­tantes ref­er­entes e inte­grantes de los movimien­tos campesinos^[4].

Lo que se obser­va en este perío­do es una may­or rel­e­van­cia del Esta­do en las deman­das e inter­pela­ciones, tan­to de las orga­ni­za­ciones campesinas como indí­ge­nas, que lle­van inclu­so en var­ios casos a dis­putas por la par­tic­i­pación en la gestión del mis­mo o parte del mis­mo. Con respec­to a las políti­cas lle­vadas ade­lante hacia los sec­tores campesinos e indí­ge­nas durante los gob­ier­nos kirch­ner­is­tas en el mar­co de un mod­e­lo económi­co neoex­trac­tivista, Svam­pa sostiene que “durante doce años, el kirch­ner­is­mo pro­movió un dis­cur­so de pro­tec­ción de los dere­chos humanos, que a veces incluía, aunque la may­or parte de las veces no, los dere­chos colec­tivos de los pueb­los indí­ge­nas; y, al mis­mo tiem­po, impul­só la expan­sión del extrac­tivis­mo en los ter­ri­to­rios ances­trales, lo que tra­jo como con­se­cuen­cia la aper­tu­ra de un nue­vo ciclo de crim­i­nal­ización y de vio­lación de dere­chos humanos de los pueb­los orig­i­nar­ios” [Svam­pa 2017]. Como recuer­da Aran­da, en las últi­mas décadas hemos sido tes­ti­gos de una larga y silen­ci­a­da lista de asesinatos rurales: el men­ciona­do Javier Choco­bar (octubre de 2009, dia­gui­ta de Tucumán), San­dra Juárez (mar­zo de 2012, San­ti­a­go del Estero), Rober­to López (noviem­bre de 2010, qom de For­mosa), Mario López (noviem­bre de 2010, pilagá de For­mosa), Már­tires López (junio de 2011, de Cha­co), Cris­t­ian Fer­reyra (noviem­bre de 2011, de San­ti­a­go del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de San­ti­a­go del Estero), Celesti­na Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Pri­mav­era, For­mosa), Imer Flo­res (enero de 2013, qom de Cha­co), Juan Daniel Díaz Asi­jak (enero de 2013, qom de La Pri­mav­era), Flo­ren­tín Díaz (22 de mayo de 2017, qom de Cha­co), entre otros aún más ocul­tos y silen­ci­a­dos [Aran­da 2017].

Sin embar­go, y lam­en­ta­ble­mente, des­de fines de 2015 la per­se­cu­ción y el hostigamien­to hacia las comu­nidades indí­ge­nas que luchan por el reconocimien­to de sus ter­ri­to­rios ances­trales se pro­fun­dizó [Svam­pa 2017]. Hay var­ios diri­gentes indí­ge­nas encar­ce­la­dos en situación irreg­u­lar, entre los cuales desta­can el lonko mapuche Facun­do Jones Huala y el diri­gente wichí Agustín San­til­lán, ambos detenidos y encar­ce­la­dos por recla­mar el respeto y apli­cación de los dere­chos que le cor­re­spon­den. A esto se suma la desapari­ción forza­da de San­ti­a­go Mal­don­a­do, en el mar­co de una repre­sión per­pe­tra­da por la Gen­darmería Nacional en ter­ri­to­rio mapuche en resisten­cia en la Pu Lof de Cushamen, en la provin­cia de Chubut, todos estos, hechos que con­fig­u­ran el ini­cio de una eta­pa de recrudec­imien­to y pro­fun­dización del despo­jo y la per­se­cu­ción.

Otro ras­go sobre­saliente de estos pro­ce­sos reor­ga­ni­za­tivos ‑que se pro­fun­diza en este últi­mo perío­do pero que puede vis­lum­brarse tam­bién en los ante­ri­ores- es la con­struc­ción trans­fron­ter­i­za de estos movimien­tos sociales que, a la vez que se arraigan en sus pro­pios ter­ri­to­rios locales, con­struyen o recon­struyen ter­ri­to­ri­al­i­dades que trasvasan los límites provin­ciales y/o nacionales del Esta­do-Nación mod­er­no. Esto puede vis­lum­brarse, por un lado, en los espa­cios de artic­u­lación de los movimien­tos campesinos como la Coor­di­nado­ra Lati­noamer­i­cana de Orga­ni­za­ciones del Cam­po (CLOC) de escala con­ti­nen­tal o la Vía Campesina a escala glob­al. Por otro lado, en el caso de los pueb­los indí­ge­nas, puede señalarse la lucha del pueblo guaraní con­tra las repre­sas de Cor­pus y Garabí, en la provin­cia de Misiones, que se han man­i­fes­ta­do en artic­u­lación con el pueblo guaraní de Paraguay y Brasil con­tra la insta­lación de hidroeléc­tri­c­as, el traza­do de rutas, el desar­rol­lo de mega emprendimien­tos fore­stales, entre otras for­mas de avance sobre sus ter­ri­to­rios ances­trales [Gómez et al. 2014]. Asimis­mo, el pueblo mapuche ha con­sol­i­da­do sus pro­ce­sos de artic­u­lación trans­fron­ter­i­za del Wallma­pu (el ter­ri­to­rio ances­tral Mapuche) que trasvasa las fron­teras entre Chile (Gulu Mapu) y Argenti­na (Puel Mapu), sig­nif­i­can­do a la Cordillera de los Andes más como un puente o paso que como límite o fron­tera [Gun­der­mann et al. 2009]. Esta artic­u­lación sim­bóli­ca de recu­peración de un ter­ri­to­rio unifi­ca­do se tra­duce en la prác­ti­ca en la artic­u­lación de diver­sas orga­ni­za­ciones mapuche que real­izan activi­dades con­jun­tas a ambos lados de la cordillera y han teji­do fuertes redes de sol­i­dari­dad, sobre todo lig­adas a denun­ciar el accionar de las fuerzas repre­si­vas de ambos país­es con­tra los mapuche así como para obten­er la lib­er­tad de los pre­sos políti­cos mapuche a ambos lados de la Cordillera. Por su parte, otro ejem­p­lo fuerte de vin­cu­lación trans­fron­ter­i­za se da con el pueblo kol­la en Salta y Jujuy y su rela­cionamien­to cada vez más cer­cano con los pueb­los andi­nos de Bolivia, donde los pro­ce­sos de acción colec­ti­va como la Guer­ra del Agua (2000) y la Guer­ra del Gas (2003–2005) y el pos­te­ri­or gob­ier­no de Evo Morales (2006-actu­al­i­dad)  han influ­i­do fuerte­mente en la resig­nifi­cación de los ter­ri­to­rios (como señalam­os ante­ri­or­mente respec­to a los ayl­lus y markas), así como el pro­pio for­t­alec­imien­to orga­ni­za­ti­vo y el inter­cam­bio de expe­ri­en­cias y espa­cios de for­ma­ción políti­ca y regen­eración cul­tur­al e iden­ti­taria. Esto tam­bién se ha repli­ca­do en torno al pueblo guaraní de Salta y otras provin­cias en sus vin­cu­la­ciones con la Asam­blea del Pueblo Guaraní (APG) de Bolivia (más a través de rela­ciones parentales que orga­ni­za­ti­vas) [Meliá 2014] y el pueblo wichí que se denom­i­na como pueblo ween­hayek en las tier­ras bajas del cha­co tar­i­jeño en Bolivia.

Por últi­mo, cabe destacar que las acciones colec­ti­vas con­tra la megamin­ería del litio en la puna salteña, cata­mar­queña y jujeña se ha comen­za­do a artic­u­lar con comu­nidades indí­ge­nas que en Chile y, en menor medi­da, en Bolivia se han orga­ni­za­do frente a esta activi­dad que pone en ries­go las for­mas de vida y los eco­sis­temas de los salares de Sali­nas Grandes (Salta y Jujuy), Salar de Olaroz (Jujuy) y el Salar del Hom­bre Muer­to (Cata­mar­ca) en Argenti­na, el Salar de Uyu­ni y otros salares ady­a­centes en Bolivia y el Salar de Ata­ca­ma en Chile [Jerez y de Viana 2015].

Reflex­iones finales

En las últi­mas décadas la acción y orga­ni­zación de los movimien­tos campesinos y los pueb­los indí­ge­nas de Améri­ca Lati­na ha sido uno de los ras­gos sobre­salientes de los pro­ce­sos de con­flic­to y mov­i­lización social, tan­to a niv­el con­ti­nen­tal como glob­al. Como vimos, Argenti­na no fue una excep­ción a este pro­tag­o­nis­mo, pese a los reit­er­a­dos pro­ce­sos de invis­i­bi­lización hacia estos “suje­tos incó­mo­d­os”. En efec­to, la (re)emergencia indí­ge­na y campesina se asien­ta en un pro­ce­so de múlti­ples dimen­siones yux­ta­pues­tas en el espa­cio-tiem­po, que des­bor­dan ‑tan­to en el plano sim­bóli­co como mate­r­i­al- este pro­ce­so de invis­i­bi­lización. Por un lado, se da un pro­ce­so de recon­fig­u­ración iden­ti­taria donde se reac­tu­al­iza el suje­to campesino e indí­ge­na, a par­tir de la con­jun­ción de iden­ti­dades ancladas en prác­ti­cas tradi­cionales con mod­os orga­ni­za­tivos pro­pios de las expe­ri­en­cias sindi­cales (y en algunos casos tam­bién par­tidarias) del siglo XX, así como de las lóg­i­cas de los movimien­tos sociales que irrumpen en la esce­na políti­ca lati­noamer­i­cana des­de los años sesen­ta del siglo XX has­ta prin­ci­p­ios del siglo XXI.

Por otro lado, resul­tan rel­e­vantes una serie de leyes y nor­ma­ti­vas que des­de el ámbito inter­na­cional van pen­e­tran­do, como resul­ta­do de la históri­ca lucha de los movimien­tos indí­ge­nas ‑la incor­po­ración de los trata­dos inter­na­cionales al ran­go con­sti­tu­cional en muchos país­es lati­noamer­i­canos es un ejem­p­lo de esto, así como la intro­duc­ción de artícu­los que recono­cen explíci­ta o implíci­ta­mente estos dere­chos. De la mano de estas refor­mas en los mar­cos legales, se gen­er­an, tan­to a niv­el nacional como provin­cial, insti­tu­ciones guber­na­men­tales direc­ta­mente rela­cionadas con las prob­lemáti­cas indí­ge­nas. Si bien nun­ca ter­mi­nan de perder cier­to carác­ter colo­nial en su con­for­ma­ción y fun­cionamien­to, en algunos casos han prop­i­ci­a­do políti­cas públi­cas conc­re­tas y con­sen­suadas con gran parte de las orga­ni­za­ciones indí­ge­nas que per­mi­tieron avances sus­tan­ciales en el reconocimien­to de los dere­chos indí­ge­nas.

Aho­ra bien, esta (re)emergencia tam­bién está vin­cu­la­da a pro­ce­sos de resisten­cia frente al avance de un mod­e­lo de desar­rol­lo extrac­ti­vo que se car­ac­ter­i­za por la pro­fun­dización de una dinámi­ca de despos­esión ter­ri­to­r­i­al y de recur­sos nat­u­rales (bienes comunes) que, medi­ante la explotación de hidro­car­buros, la megamin­ería, o la expan­sión de la fron­tera agrí­co­la y fore­stal a través del agrone­go­cio, afec­ta prin­ci­pal­mente aque­l­los ter­ri­to­rios ocu­pa­dos tradi­cional­mente por comu­nidades campesinas e indí­ge­nas. Múlti­ples con­flic­tos ter­ri­to­ri­ales se han sus­ci­ta­do a par­tir de la pro­fun­dización de dichas lóg­i­cas extrac­ti­vas y del mod­e­lo del agrone­go­cio que, a su vez, han con­ll­e­va­do artic­u­la­ciones entre actores diver­sos (campesina­do, comu­nidades indí­ge­nas, veci­nos auto­con­vo­ca­dos, movimien­tos des­ocu­pa­dos, empre­sas recu­per­adas, etcétera) en la resisten­cia. Para­le­la­mente, y a pesar de los avances en mate­ria de diál­o­gos y vin­cu­la­ciones inter-orga­ni­za­ciones, se mantiene un esce­nario de gran dis­per­sión de los actores sociales sub­al­ter­nos en lucha. Coin­cidi­mos con Briones [2015] en que esto no nece­sari­a­mente impli­ca un retro­ce­so en los pro­ce­sos orga­ni­za­ti­vo. Lo que podría inter­pre­tarse como una debil­i­dad del movimien­to indí­ge­na y campesino, puede en real­i­dad ser una for­t­aleza, en tan­to la het­ero­genei­dad no implique “una polar­ización cristal­iza­da” en dis­cur­sos descal­i­fi­cadores y vio­len­cia sim­bóli­ca. La diver­si­dad en la lucha ‑en sus for­mas y con­tenidos- es parte con­sti­tu­ti­va de las orga­ni­za­ciones y puede gener­ar un enriquec­imien­to del debate, reforzar las acciones de resisten­cia y prop­i­ciar un diál­o­go fecun­do. En la prác­ti­ca no siem­pre ocurre así, pero es tam­bién uno de los desafíos que afrontan los pueb­los.

Actual­mente, otra con­tra­parti­da de los pro­ce­sos de lucha de los pueb­los es el avance del Esta­do que, crim­i­nal­izan­do y judi­cial­izan­do a quienes resisten el mod­e­lo, inten­ta con­tener y desar­tic­u­lar la orga­ni­zación social. Los últi­mos años han sido pro­lí­fi­cos en mate­ria de diri­gentes sociales y mil­i­tantes agre­di­dos, heri­dos, muer­tos y has­ta desa­pare­ci­dos, demostran­do que el poder económi­co se vale de las her­ramien­tas de la insti­tu­cional­i­dad estatal para avan­zar y quitar obstácu­los del camino. La sin­er­gia de ambos actores se con­sti­tuye en un frente prác­ti­ca­mente inven­ci­ble, sobre todo para quienes luchan des­de un lugar tan infe­ri­or en tér­mi­nos de recur­sos políti­cos y económi­cos.

Sin embar­go, los pueb­los resisten y lo hacen des­de con­vic­ciones tan fuertes que por momen­tos logran socavar la fer­oz avan­za­da extrac­tivista. Como hemos vis­to, los mun­dos de vida campesinos e indí­ge­nas com­por­tan cues­tion­amien­tos y búsquedas que desafían los esque­mas de pen­samien­to pro­pios de la mod­ernidad cap­i­tal­ista, así como el patrón de poder colo­nial dom­i­nante pro­movien­do la con­struc­ción de rela­ciones más jus­tas, sol­i­darias y de rec­i­pro­ci­dad entre las per­sonas y la nat­u­raleza, en las que la políti­ca, la economía y la sub­je­tivi­dad se com­ple­men­tan. La riqueza de estas prop­ues­tas es seguir resistien­do, seguir cre­an­do, seguir sien­do des­de su iden­ti­dad indí­ge­na y campesina. Todo parece indicar que en los años por venir seguirán sien­do estos suje­tos incó­mo­d­os quienes, entre otros actores sociales, man­ten­gan los pro­ce­sos de resisten­cia y creación de alter­na­ti­vas soci­etales frente a la colo­nial­i­dad, el extrac­tivis­mo y el neolib­er­al­is­mo que car­ac­ter­i­zan la actu­al eta­pa del sis­tema mun­do hegemóni­co cap­i­tal­ista, mod­er­no, patri­ar­cal y colo­nial.

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