Agua para regar la tierra y cultivar la vida:
Movimientos socioterritoriales y defensa del agua en Montes de María, Bolívar, Colombia♣
Water to irrigate the land and cultivate life: Socioterritorial movements and water defense in Montes de Maria, Bolívar, Colombia
Catalina Quiroga Manrique*
Recibido: 21 de diciembre de 2017
Aceptado: 19 de mayo de 2018
ResumenLos estudios de ecología política en América Latina han avanzado en la comprensión de la interrelación entre las escalas de producción de la naturaleza y sus efectos locales. Este estudio de caso analiza las respuestas locales a escenarios extractivos, particularmente monocultivos que están relacionadas con el manejo del agua. Montes de María es una subregión ubicada al norte de Colombia. Históricamente esta zona ha sido pensada como un espacio de producción de alimentos y agrocombustibles a gran escala. En 1960 con dineros provenientes de proyectos de desarrollo se instaló un distrito de riego que permitió la consolidación del enclave extractivo. La construcción de infraestructura agrícola generó procesos de despojo de tierras y agua que afectaron a los campesinos habitantes de la zona. En este sentido, este artículo pretende mostrar cómo el agua y la infraestructura agrícola, que otrora causará despojo, es integrada a las luchas por el territorio desde la década de los 2000. Se destacan en el escrito tres mecanismos de defensa de los territorios de agua: (i) integración de conocimientos ambientales, (ii) integración del ámbito cotidiano a las luchas comunitarias y (iii) defensa de lo público. Palabras clave: movimientos socioterritoriales – monocultivos – agua – cotidianidad AbstractPolitical ecology studies in Latin America have advanced in the comprehension of the interrelationship between the scales of production in nature and their local effects. This case study is based on a particular conflict in Montes de María (a subregion located at the north of Colombia). The local responses to extractive scenarios, particularly the monoculture farming related to water management, are the key components of this investigation. Historically, this region has been planned as a large-scale lieu of food and agro fuel production. In the 1970s, an irrigation system was installed using funding from developing projects. This allowed the extracting enclave consolidation. Farming infrastructure resulted in different despoiled land and water processes affecting local peasants. In this sense, this paper pretends to show how water and farming infrastructure, which previously caused despoilment, are linked to the territorial conflicts which occurred during the 2000s. Three main defensive mechanisms of water territories stand out: 1) integration of environmental knowledge, 2) integration of the daily ambit to the community protests, and 3) defense of what is considered public. Key words: socio-territorial movements – monocultures – water — daily life |
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Introducción
Nosotros teníamos unos ojos de agua que eran todo el año, los que vivían allá cogían agua allá, los que vivíamos acá cogíamos agua acá y no teníamos que hacer pozos. En esos momentos, usted iba a esa zanja y había agua corriendo, todo el año agua corriendo. Llegando Semana Santa, usted llevaba agua en jarras, era agua cristal… hoy no, en esos tiempos era calidad de agua, hoy el agua corre con grasa de la palma. [1]
Grandes y medianos dueños de tierras, campesinos y pescadores han usado el agua del distrito de riego de Maríalabaja de formas muy diferentes. Para las poblaciones locales, el distrito de riego ha significado una posibilidad de acceder al agua para sus actividades productivas y la vida cotidiana. Lavar la loza, lavar la ropa, hacer cubetas de hielo, cocinar, limpiar los patios y ponerle agua al suelo para que no se sientan las altas temperaturas, son sólo algunos de los usos cotidianos del agua que contiene la infraestructura agrícola. Para terratenientes y dueños de grandes y medianas extensiones de tierra, el agua del distrito significa la oportunidad de producir dinero por medio de la explotación de la tierra, especialmente a través del cultivo de palma de aceite. Para los habitantes del casco urbano del municipio de Maríalabaja, el distrito de riego es la fuente fundamental de su acueducto. Así, para todos los actores el agua que contiene esta obra de infraestructura es un elemento vital.
Este artículo argumenta que el agua es integrada a las luchas por el territorio de tal forma que se convierte en parte fundamental de la percepción del espacio y de los ejercicios locales de territorialización y resistencia. En este sentido, el agua es integrada al discurso y las luchas socioterritoriales locales por medio de tres mecanismos generales: (i) Integración de conocimientos ambientales, (ii) integración del ámbito cotidiano y privado a las luchas comunitarias, y (iii) defensa de lo público y discusiones acerca de la propiedad del agua. Estas discusiones integran procesos de colectivización de la propiedad y la producción.[2]
La investigación parte de una lectura desde la perspectiva de la ecología política. Ésta examina las relaciones entre actores con su entorno y tiene como referencia el análisis del andamiaje institucional, cultural y económico que envuelve la construcción de paisajes y territorios locales y su proyección y relación con escalas regionales, nacionales y mundiales. La ecología política se basa en la premisa que “la naturaleza es producida socialmente de manera socio-económica, cultural, política o institucional” [Coronado y Dietz 2013: 98]. En este sentido, teóricamente, el artículo parte de la necesidad de reconocer las alternativas locales a la desigualdad en acceso y uso de la naturaleza, en particular, el agua, en contextos de extractivismo [Watts 2000, Martínez 2002]. En este artículo se resaltan las formas locales de defensa y uso del agua con el fin de reconocer la multidimensionalidad de las desigualdades y las interdependencias entre lo local, lo nacional, lo transnacional y lo global [Göbel Góngora-Mera y Ulloa 2014]; un aspecto fundamental para comprender los flujos del poder relacionados con procesos de despojo[3] y defensa del agua en escenarios extractivos.
En resumen, teóricamente, el articulo busca poner en manifiesto las relaciones y producciones espaciales que resultan de la implementación de proyectos extractivos sobre la naturaleza. La ecología política, en este sentido, nos permite reconocer las relaciones multitemporales, multiescalares, multiagente y multisituadas que se dan en los conflictos socio ambientales [Del Cairo et al. 2014] se destacan de forma particular las construcciones locales que se dan frente a la implementación de los proyectos asociados al proyecto capitalista del desarrollo. Este es un trabajo que apuesta por una descripción densa [Geertz 1983] de la realidad, con el fin de presentar las posibilidades de acción y las fugas que se dan a nivel local de cara a la imposición de una forma de vida a través de la construcción de infraestructura y los planes de política pública relacionados. El artículo, en términos teórico-metodológicos apuesta, además, por una producción etnográfica crítica, que se realizó de la mano de las organizaciones sociales pensando en la producción de discursos y procesos en defensa del territorio y del agua.
Montes de María es una subregión ubicada en la costa norte colombiana entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Esta zona cuenta con una cadena montañosa llamada la Serranía de San Jerónimo. Además, cuenta con un sistema de ciénagas y cuerpos de agua que incluyen el río Magdalena, el Canal del dique, la Ciénaga y el distrito de riego de Maríalabaja. Esta investigación se centró en la zona norte que comprende el distrito de riego y la ciénaga de Maríalabaja. La región está habitada por grupos campesinos que desde los años de 1960 han estado involucrados en la lucha por la tierra en Colombia. Además, hacen parte de esta región consejos comunitarios afrodescendientes y cabildos indígenas Zenúes. Para el desarrollo del artículo se tomaron como referencia las acciones tanto individuales como colectivas de los miembros de las organizaciones sociales de carácter veredal y regional que se encuentran en las inmediaciones del distrito de riego en el municipio de Maríalabaja. Este municipio es un referente de las organizaciones sociales, dado que de allí surgen varias de las iniciativas y propuestas de gestión comunitaria del agua y de ordenamiento territorial que se expanden por toda la región de Montes de María. Es en este municipio que se ubican los movimientos socioterritoriales protagonistas de las formas de resistencia por el agua en la región. Se entiende en el texto por movimientos socioterritoriales como aquellos grupos que centran sus reivindicaciones en la defensa del territorio como base del debate por la garantía de derechos [Fernandes 2005].
Para comprender estos ejercicios de resistencia es necesario conocer que la historia de la región de Montes de María ha estado atravesada por escenarios de violencia. Sin embargo, los movimientos socioterritoriales de campesinos, indígenas y afrodescendientes han sido partícipes de propuestas de ordenamiento territorial basados en la construcción de espacios de paz. Para comprender el contexto de nacimiento y lucha de los movimientos socioterritoriales que hacen presencia en la actualidad es importante reconocer la historia de la construcción del distrito de riego y el proceso de organización social que resulta luego de la arremetida paramilitar.
La historia del distrito de riego de Maríalabaja comienza en la década de 1960 en el contexto de reforma agraria.[4] Antes del distrito de riego hacían presencia en la región grandes ingenios azucareros que quebraron por problemas asociados al abastecimiento de agua [Ripoll 1997] es por esta razón que el distrito se construye con el fin de brindar agua durante todo el año al monocultivo, para esta época fue muy importante el arroz [Incora 1962]. La infraestructura del distrito de riego produjo controles sobre el agua y cambios en las prácticas cotidianas asociadas al uso y al acceso. Además, produjo despojo de tierras al desplazar campesinos para la inundación de las represas y permitió que en las tierras mecanizables –tierras bajas- se llevara a cabo la parcelación y titulación de tierras a campesinos. Luego, a principios de la década de 1990, la apertura económica y el recrudecimiento de la violencia paramilitar desplazaron campesinos, quebraron a los arroceros ‑principales beneficiarios del distrito- y abrieron el camino para la llegada de inversionistas que establecieron cultivos de palma de aceite, continuando con el proceso de control del líquido.
Posteriormente, la violencia paramilitar, que tuvo su apogeo durante los primeros cinco años de la década de los 2000, desplazó a cientos de personas de sus tierras y de sus hogares en los caseríos [Centro Nacional de Memoria Histórica 2010]. Cinco años después, desde el año 2005, estos hombres y mujeres retornaron a sus patios y sus tierras [ILSA 2012]. En este proceso de retorno, las poblaciones campesinas comienzan a construir organizaciones locales que buscan retomar algunas de las actividades productivas y políticas que tenían antes de la intensificación de la violencia paramilitar y la implementación del cultivo de palma de aceite. Todo esto se hace con el apoyo y el acompañamiento de agencias de cooperación internacional y los planes nacionales de consolidación. Este retorno se da en el mismo año de la desmovilización del Bloque Paramilitar Montes de María [Centro Nacional de Memoria Histórica 2010] en un contexto donde la violencia seguía vigente.
El retorno a la tierra viene acompañado de una serie de estrategias de resistencia y de defensa del agua y de la tierra, en el marco de la construcción de un territorio de paz. Las principales estrategias, que son sobre las que versa este escrito, estuvieron basadas en: (i) la integración de conocimientos ambientales, (ii) la integración del ámbito cotidiano a las luchas comunitarias. Y, finalmente, (iii) la defensa de lo público que se basa en la conformación de organizaciones sociales y la propuesta de un ordenamiento territorial regional, que tiene como eje la economía campesina y las prácticas de uso de agua relativas a esta actividad.
En resumen, este artículo se concentra en el proceso de construcción de formas de resistencia cotidiana contextualizadas en escenarios de extracción de palma de aceite. La apuesta general de este artículo es, en palabras de Swyngedouw, “imaginar formas de organización hidrosocial diferentes, más inclusivas, sostenibles y equitativas, que implican imaginar formas de organización social presumiblemente democráticas y más eficaces” [Swyngedouw 2009: 55].
Para explicar las tres estrategias de defensa del agua y la tierra en el contexto de la implementación de cultivo de palma se utilizan dos tipos de voces: una voz pública y una voz privada. La voz pública corresponde a las opiniones y acciones concretas desde las organizaciones sociales. Esta voz se enuncia como tal y resulta de lecturas de comunicados y de otras formas de socialización local del problema. La voz privada corresponde a las acciones concretas realizadas desde los espacios privados, como el hogar. ¿Quiénes usan el agua? Y ¿para qué la usan? Son las preguntas fundamentales para reconocer esta voz, una voz que resulta enunciada, en su mayoría, por mujeres y niños.
Finalmente, el artículo está divido en cuatro apartados. El primer apartado Agua y monocultivos en américa latina: un acercamiento al proceso de expansión de los desiertos verdes busca presentar un contexto general sobre la expansión de los monocultivos de palma de aceite en Colombia y Latinoamérica, y los procesos de despojo de tierra y agua que se dan en el marco de los mismos. Este apartado busca contextualizar la relación que existe entre el despojo de agua y la tierra en lugares dedicados al extractivismo. El segundo apartado Agua y Hogar: el agua para las lavadoras y las parcelas presenta las luchas locales en Montes de María ligadas a la defensa del agua para el hogar y el agua para la producción colectiva, la mayoría de ellas lideradas por mujeres. Además, presenta las estrategias comunitarias de producción agrícola y pesqueras. El tercer apartado Agua y organizaciones: las propuestas de un territorio campesino, presenta las apuestas locales del estudio de caso en relación al ordenamiento territorial, que incluye el debate por el acceso del agua y la inclusión del distrito de riego dentro de la delimitación local del territorio campesino, la defensa de lo público y la construcción de territorialidades. Este apartado representa un salto de escala de las luchas cotidianas y presenta la construcción de procesos comunitarios. El tercer apartado Conclusiones: Agua y movimientos socioterritoriales destaca las estrategias de acción y defensa del agua, y pone en manifiesto que las resistencias no solo son consecuencias de modelos extractivos, sino que también, se constituyen en estrategias de construcción de territorios que se proponen a través de lecturas históricas locales de las formas de reproducción de la vida. Este apartado, además, presenta resumidos algunos aportes para pensar el problema de la expansión de los monocultivos en relación al agua en otras esquinas de continente.
Agua y monocultivos en América Latina: un acercamiento al proceso de expansión de los desiertos verdes
Desde el año 2001, según un estudio publicado por la revista Environmental Research Letters, la producción de palma de aceite en Latinoamérica se duplicó. Los autores del estudio señalan que, aunque no ha crecido la frontera agrícola, los espacios donde se implementó esta forma de extractivismo estuvieron antes ocupados por poblaciones campesinas que fueron despojadas de sus tierras. Estas tierras campesinas fueron reemplazadas por grandes potreros para pastoreo, antes de abrir paso a la plantación de la palma aceitera [Forumo y Aide 2017]. Cabe mencionar que esta ampliación de los espacios de cultivo de la palma de aceite se debe a un incremento en la demanda de los derivados de la palma, particularmente, aceites para la industria alimenticia y el biodiesel. Esto quiere decir, que los cultivos de palma de aceite se han implementado en zonas antes utilizadas para otras actividades y que el incremento de la demanda ha implicado que esos cultivos, debido a su rentabilidad, sean apoyados por políticas gubernamentales.
En Colombia, por ejemplo, los datos del Tercer Censo Nacional Agropecuario indican que de los 43 millones de hectáreas en uso agropecuario el 75,7% del área total pertenece al 0,4% de propietarios totales [DANE 2015] lo que da como una primera característica de la estructura agraria colombiana una fuerte concentración de la propiedad. Ahora, frente a datos concretos sobre la palma de aceite, según cifras de Fedepalma, en Colombia el crecimiento del cultivo ha sido de más de 300.000 hectáreas desde el año 2000. Al 2016 se contaba con un total de 483.733 hectáreas sembradas en todo el país. Lo interesante de estas cifras es que el 35,5% de los cultivos se encuentran en predios de más de 1.000 hectáreas [Fedepalma 2016]. Lo que nos permite reconocer la relación entre la concentración de la tierra y la ampliación de monocultivos. Además, es clave mencionar que la expansión del cultivo de palma de aceite se dio de la mano de la implementación y fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia. Es importante destacar que la ampliación e implementación de estos proyectos se dio en el periodo donde existieron mayores escenarios de violencia en el país: de 1996 al 2012 el Centro Nacional de Memoria Historia calcula un total de 4,744,046 personas desplazadas [Centro Nacional de Memoria Histórica 2013]. En suma, la expansión de los monocultivos en Colombia –particularmente palma de aceite- ha sido producida por escenarios de guerra y ha profundizado la desigualdad en el acceso a la tierra.
Así como en Colombia, este proceso de implementación del cultivo de palma de aceite se repite a lo largo y ancho del continente con otros productos claves para el mercado internacional, tales como: banano, caña de azúcar, soja y cacao. Este artículo, en especial, centra la atención en la expansión de la palma de aceite para la producción de agrocombustibles y productos asociados a la industria alimenticia en Colombia. En este sentido, reconocer las formas mediante las cuales el cultivo y la producción de palma de aceite se han expandido puede ser una referencia para estudios relacionados con procesos de despojo de tierras y agua en el continente, y otros países que atraviesan por la reprimarización de sus economías. Es decir, que atraviesan por procesos de implementación del modelo extractivo como base de sus economías nacionales.
Como vimos hasta ahora, es claro que el cultivo de la palma de aceite hace parte de la economía asociada al modelo extractivista. Un modelo que se ha basado en la acumulación de tierras productivas, y antes ocupadas por campesinos. Sin embargo, en el artículo la preocupación es sobre las dinámicas de despojo y defensa del agua. Para ver la relación entre la tierra y el agua, en primer lugar, es importante mencionar que en el texto se entiende el extractivismo como un modelo económico y político basado en la mercantilización y valoración de la naturaleza en el marco del proyecto del desarrollo capitalista [Carvajal 2016]. El modelo extractivo, en este sentido, supone la construcción de espacios dotados de los elementos necesarios para la extracción a gran escala de recursos naturales –especialmente, mineros, petroleros y agrícolas-. Uno de los principales elementos para la producción agroindustrial es el agua. De acuerdo con Naciones Unidas el riego agroindustrial utiliza el 70% del agua en el mundo, convirtiéndose en la actividad extractiva más consumidora del líquido vital. Entonces, es clara la relación que existe en la implementación de cultivos a gran escala de palma de aceite y los procesos de extracción y despojo de agua. Montes de María es un ejemplo de este proceso.
Es en este marco que este trabajo busca reconocer las formas locales como se construyen espacios de defensa del agua en el marco de estos procesos de despojo de tierras y agua asociados a proyectos extractivos. Considero que reconocer los efectos locales de una industria que afecta los territorios rurales de América Latina, puede brindar algunas herramientas para el análisis y la profundización de las lecturas de los conflictos socioambientales en el continente. Además, dar una mirada al problema del agua, no solo como agregada al proyecto extractivista, sino como centro del debate permite reconocer otras estrategias y formas locales de defender sus territorios. Los siguientes apartados versan sobre estas estrategias de resistencia comunitaria que brindan una escala local de análisis sobre un problema de Latinoamérica.
Agua y hogar: el agua para las lavadoras y las parcelas
Una vez vino y fue por una tutela, todo maravilloso que vamos a tener agua potable, pero no, depende del funcionario. El acueducto funciona pero el agua no viene tratada, apenas le echan un poquito de cloro para que la comunidad no diga.[5]
Tanto lavar la ropa como regar los cultivos son actividades que se realizan todos los días. Estas dos actividades presentan dos formas de uso del agua en la región: una tiene que ver con actividades productivas y otra con el uso del agua en el hogar. Para las dos actividades existen procedimientos y formas particulares de movilizar y captar el agua. Este apartado presenta las formas locales como las poblaciones campesinas de Maríalabaja utilizan y defienden el agua del distrito. En una primera parte, se describe todo el proceso de la defensa del agua potable por medio de la instalación y demanda de acueductos comunitarios; y una segunda parte, tratará sobre las estrategias de uso colectivo del agua asociadas a la economía campesina de producción de la tierra y pesca. Así, este apartado dará razón de dos estrategias generales de la defensa del agua en la zona: (i) la integración de conocimientos ambientales, (ii) la integración del ámbito cotidiano a las luchas comunitarias.
El 28 de octubre de 2011 se radica una acción popular reclamando un sistema de acueducto y saneamiento básico para la Vereda La Suprema. Esta acción popular, según las autoridades locales, debe ser aplicada y extendida a todas las poblaciones locales del municipio de Maríalabaja. La construcción de esta demanda abre el debate relacionado con el acceso al agua para los hogares que se vieron afectados por la ampliación del cultivo de palma de aceite.
Las aguas para el hogar integran actividades cotidianas de dos tipos: las primeras, asociadas al consumo humano –agua para la alimentación–; y las segundas, asociadas al mantenimiento del hogar –limpieza en general–. Estas formas de utilizar el agua determinan dos formas de relación con los cuerpos del distrito de riego. Las primeras, se caracterizan por un proceso de recolección de agua en los ojos de agua o jagüeyes, o bien por la recolección de agua lluvia; y las segundas, se basan en el agua del distrito de riego, sea obtenida en la represa o en los canales. En épocas donde no hay lluvias o donde los ojos están secos o son cercados por la palma, es el agua del distrito la que sirve para todos los usos del hogar.
Es decir, las poblaciones locales no tienen agua potable durante todo el año y es por esta razón que el debate por el agua se entiende en primera instancia como parte integral de los derechos humanos. El derecho al agua comprende la accesibilidad física y la accesibilidad económica, el acceso a la información y la igualdad, con especial atención a los niños, las mujeres y la población vulnerable. A nivel internacional la Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010 de la Asamblea General de la ONU reconoce que “el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano, igual a todos los demás derechos humanos, lo que implica que es justiciable y de aplicación obligatoria”. Por su parte, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 366, señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado y que el abastecimiento de agua será objetivo fundamental de su actividad.
En todo caso esta definición, aunque es útil para las luchas políticas, ignora prácticas que, si bien se basan en el uso cotidiano del agua, transforman y apropian el espacio de formas particulares. Es decir, el agua no es un tema únicamente de consumo, por el contrario, hace parte de todas las esferas cotidianas, privadas y públicas, de la vida, como el transporte, el almacenamiento, los usos en producción campesina, etc. Las mujeres son las protagonistas de estas prácticas, que parten de necesidades cotidianas y se convierten en acciones concretas de defensa del territorio y del agua.
Frente a la adecuación de infraestructura para surtir de agua potable y los servicios de alcantarillado en el municipio de Maríalabaja, los datos oficiales confirman que la cobertura urbana del servicio es del 65 % [Alcaldía de Maríalabaja 2012]. La fuente de captación es a cielo abierto y es el embalse de Pondaje el Viento o la Piscina, ubicada dentro del distrito de riego. Cabe anotar que solo se menciona la cobertura urbana y que este acueducto –particularmente, la planta de potabilización- fue inaugurado hasta el año 2012. A pesar de contar una planta de tratamiento, la alcaldía de Maríalabaja menciona como los principales problemas de salud del municipio las enfermedades relacionadas con origen bacteriano, como la gastroenteritis, las infecciones respiratorias y la neumonía. También anotan como preocupantes, los niveles de enfermedades como dengue clásico y paludismo [Alcaldía local de Maríalabaja 2012]. Todas estas enfermedades tienen relación directa con los sistemas de saneamiento básico.
El Índice de Riesgo de Calidad de Agua –IRCA– es de 56,91 % para el municipio de Maríalabaja; es decir, el municipio se encuentra en riesgo alto.[6] Este índice mide la calidad del agua para consumo humano en tres aspectos: calidad física, química y microbiológica [Ministerio de Salud y Protección Social 2014]. Aunque el Índice depende de muchos factores, para el caso concreto de esta investigación es importante destacar que uno de los principales índices de riesgo son las precarias instalaciones o la ausencia total de redes de acueducto para toda la zona rural que está nucleada en caseríos de varias familias.
La implementación de acueductos y sistemas de alcantarillado son parte de un proceso nacional de gestión del recurso hídrico. En todo caso, en Colombia los modelos de gestión del agua han cambiado con el aumento de la demanda y la degradación de los ecosistemas abastecedores y reguladores, lo que ha significado una evolución permanente en las formas de gestión y uso impulsadas desde las localidades. Los acueductos comunitarios son una de estas formas de gestión local ante la desatención estatal y se constituyen en una estrategia de defensa del territorio, impulsada, en su mayoría, por mujeres.
En resumen, y luego de reconocer los problemas técnicos de infraestructura que se viven en la zona por la mala calidad y la falta de acceso al agua, la organización que ha adelantado los respectivos reclamos frente a la construcción y abastecimiento de acueductos comunitarios es la Red de Acueductos Comunitarios del Norte de Bolívar. Los acueductos comunitarios han surgido como formas de auto-organización de la comunidad que cumplen diversas funciones en su territorio, entre ellas la administración de los recursos naturales. Este proceso, que es también apoyado por Corporación Desarrollo Solidario –en adelante CDS‑, se basa en los siguientes principios:
Las organizaciones comunitarias que gestionamos el agua somos conocidas como los “acueductos comunitarios”, somos históricas construcciones sociales y populares legítimas, basadas en principios del agua como bien común y derecho humano fundamental. Exigimos el reconocimiento a la dimensión cultural e histórica de nuestra manera de ser y hacer la gestión comunitaria del agua, heredado de generación en generación de saberes y prácticas ancestrales, en la construcción de políticas públicas y marcos normativos, en todos los ámbitos territoriales (…) Exigimos participación en los espacios de toma de decisión que afectan la economía y la vida en nuestros territorios y la gestión pública y comunitaria del agua. Ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros. [Audiencia pública sobre la gestión del agua, abril 2015]
Uno de los mayores problemas que enfrentan las iniciativas de acueductos comunitarios tiene que ver con que el suministro de agua potable está ligado de manera estrecha al saneamiento. En una región dónde los sistemas productivos se basan en lógicas extractivistas, el problema de saneamiento es central dado que todos los sistemas hídricos están contaminados. Es decir, la gestión local del agua se ve enfrentada a lo que Swyngedouw menciona como una competencia entre sistemas poderosos de manejo del agua con iniciativas locales que se basan en argumentos asociados a los derechos fundamentales y a las formas de vida. En palabras del investigador Swyngedouw:
Mientras que los movimientos sociales invocan a menudo los principios de los derechos universales del agua sobre la base de la necesidad biológica de acceso a volúmenes mínimos de calidad suficiente de agua con el fin de mantener el metabolismo del cuerpo y la reproducción social, tales llamados a los derechos de agua universales están sistemáticamente descalificados por llamados igualmente poderosos relacionados con derechos de propiedad y el uso exclusivo asociado con ellos. [Swyngedouw 2009: 59].
La apuesta local es, entonces, porque la gestión del agua no sólo debe ser pública, sino que requiere de un amplio marco democrático. La defensa de lo público implica la reconstrucción de las formas de organización estatal participativas y exige más democracia directa. En este sentido, el acceso al agua potable se constituye en el pilar de la lucha por el agua con un fuerte matiz desde lo cotidiano.
Hasta ahora se ha hablado de las formas de defensa del agua potable, el agua para el hogar. Como se mencionó al inicio del apartado, otra de las estrategias de defensa del distrito de riego tiene que ver con la implementación de actividades productivas con un fuerte carácter comunitario. Estas actividades, relacionadas de forma directa con la economía campesina, son otra estrategia utilizada a nivel local para reclamar la propiedad sobre los cuerpos de agua del distrito de riego, y así generar escenarios de defensa del territorio. Estas actividades plasman las formas locales como se ve el agua en el paisaje y logran generar espacios de resistencia que parten de la producción comunitaria, por medio de dos modos de vida puntuales: la pesca y la agricultura.
Con respecto a la pesca, la forma de producción que constituye una estrategia de defensa del territorio y del agua es por medio del cultivo de peces. Esta actividad permite a las poblaciones locales posicionar formas de producción que mezclan la ancestralidad de un oficio como la pesca, con la necesidad de conservación de los cuerpos de agua que reclaman como propios. Esta mezcla se ve reflejada en la implementación de jaulas comunitarias de cría de peces bajo la figura organizativa de la Red Piscícola del Norte de Bolívar; que actúa como organización sombrilla de cuatro comités locales de pescadores artesanales y de subsistencia. Esta red[7] es una de las formas locales de defensa del territorio del agua del distrito de riego.
Una de las principales preocupaciones de la Red es la disminución de peces en los cuerpos de agua afectados por varios fenómenos: (i) desecamiento de ciénagas, por medio de pastoreo o de cría de animales como búfalos; (ii) uso de trasmallos y grandes redes, que afectan los pescados y el ecosistema; y (iii) contaminación de las aguas, por aplicación de pesticidas y fertilizantes utilizados en el monocultivo de la palma de aceite. En términos de rentabilidad, otra de las demandas locales es reconocer la producción de peces artesanales más allá de la subsistencia. A nivel local, se propone que el mercado y la comercialización hacen parte de las formas de reconocer y vivir el territorio campesino. En esta medida, se destaca la actividad de pesca como base fundamental de la subsistencia de las comunidades.
Todo esto, permite afirmar que las jaulas comunitarias son una forma de reclamo frente a la propiedad de los cuerpos de agua del distrito de riego, los playones del complejo de Ciénegas de Maríalabaja y los canales y arroyos que hacen parte del sistema hídrico de la región. A continuación, se referencia un apartado de un comunicado público de la Red en el cual se menciona este proceso de apropiación de los espacios de agua:
Entre canoas y boliches, hombres y mujeres cultivan en el agua. Sí, así es; cultivan en el agua, porque en la ciénaga ya no hay peces y la tierra ya escasea. Para hacerle el quite a esta situación, más de 80 pescadores, entre hombres y mujeres, de los municipios de Mahates y Maríalabaja han complementado su tradicional papel de pescadores artesanales a la de cultivadores de peces. [CDS 2014]
Además de la Red Piscícola, existen otras organizaciones locales de productores o vecinos que también producen por este método, que ha sido atacado desde la alcaldía local y la empresa que administra el distrito de riego argumentando que este trabajo genera cambios en las características físicas, químicas y biológicas del agua. En todo el municipio de Maríalabaja se estima la presencia de un total de 103 jaulas flotantes para un área de 19.850 metros cuadrados. Las poblaciones de Puerto Santander, San Pablo, Correa, Ñanguma y Flamenco sobresalen como poblaciones de pescadores sin tierra cuya comercialización la hacen principalmente las mujeres de la cabecera municipal en los corregimientos.
La segunda actividad colectiva que se traduce en una estrategia de defensa del territorio en el marco del extractivismo es la producción de parcelas comunitarias que es una iniciativa que se dio de la mano de la Corporación Desarrollo Solidario. Pedro Nel Luna, fundador de la organización y un hombre de gran recordación local, fue quien inició desde el año 2002, con las pocas poblaciones que continuaban en la región en el contexto de violencia, los procesos de obtención de parcelas que serían entregadas a poblaciones organizadas de trabajadores del campo que no contaran con tierra y que se lograran acomodar a una iniciativa de producción comunitaria.
Basados en el reto que implica la producción en conjunto, las organizaciones sociales buscaron diversificar las formas de producción. En los últimos años se han implementado proyectos productivos de ganadería intensiva, de siembra agroecológica, de recolección de aguas lluvias para riego de parcelas y de apicultura; sumado a las actividades de pesca en jaulas de cría. Esas actividades están acompañadas de asesorías técnicas que maneja CDS por medio de relaciones y presupuestos obtenidos de la cooperación internacional.
Uno de los principales de retos de esta forma de producción tiene que ver con las lógicas de rentabilidad y de producción local. Teniendo en cuenta que la tierra en la región se ha valorado bajo la óptica de la producción por medio de monocultivos, las estrategias locales de producción agroecológica o diversificada no han sido tenidas en cuenta para préstamos de fomento agrícola. El mercado al que se dedican estos emprendimientos comunales se ha basado por lo general en mercados orgánicos. En términos generales se produce una competencia con el gran cultivo. Frente a las formas de competencia con el monocultivo, un campesino del municipio menciona:
Antes podíamos tomar agua del arroyo, un vaso de agua y no tenía contaminación porque estos productos son nativos y si le agregamos un valor agregado a través del procesamiento podíamos adquirir ganancias y preservaríamos el medio ambiente, pero a nosotros el Estado no nos apoya para procesar estos productos porque dice que lo que hacemos no es rentable, que lo que es rentable es lo que viene de otros países, que nosotros tenemos que comprar las semillas a 20,000 y cuando nosotros la vamos a vender a 500 pesos, siempre tenemos que comprarle el kilo de semilla allá y comprarles los insumos que ellos dicen porque el abono nuestro no produce y esa contaminación nos ha hecho hoy que la economía campesina no parezca rentable ya que nos han metido productos transgénicos en nuestra economía.[8]
En conclusión, desde las actividades cotidianas que tienen que ver con el uso del agua en el hogar y con el uso productivo y comunitario se pueden reconocer formas puntuales como las poblaciones campesinas defienden el territorio y el agua del distrito de riego. Las formas de moverse entre los espacios de producción comunitarios, el uso del agua, las estrategias de defensa del agua potable y los sistemas de acueductos y saneamiento básico gestionados de forma comunal, así como la construcción de sistemas de riego locales, son algunas de las formas como las mujeres y hombres del municipio de Maríalabaja hacen frente al despojo ocasionado por el extractivismo. En estas prácticas mencionadas se puede ver claramente como las poblaciones de campesinos y campesinas de Maríalabaja integran conocimientos ambientales a la lucha por una gestión comunitaria de la naturaleza, y, además, buscan y promueven la integración del ámbito cotidiano a las luchas comunitarias. En el siguiente apartado se va a explicar cómo estas prácticas cotidianas escalan a procesos comunitarios de más largo alcance que implican una forma diferente de organizar y vivir los territorios de agua.
Agua y organizaciones: la propuesta de un territorio campesino
Nos dimos cuenta que en los tiempos anteriores había la flora y la fauna y el medio ambiente que estaba en buen estado, ya que el campesino no necesitaba comprar insumos, sino que los cogía del medio, porque los agricultores podían vender sus semillas y sembrar sus semillas criollas. Después los monocultivos (la palma) fueron acabando con la economía campesina, el agua estaba contaminada, había ejércitos que privatizaban la entrada para estas partes, para no coger agua. En definitiva, no es vivir al lado de una finca de plátanos.[9]
La historia de las organizaciones sociales a nivel regional viene desde la Asociación de Usuarios Campesino[10] ‑ANUC- y desde las primeras acciones relacionadas con tomas de tierras, que se dieron en los años setentas. La herencia de esta organización de carácter nacional resultó a nivel local en una serie de comités locales organizados que se referencian como las primeras formas de organización veredal. Los miembros de estos primeros brotes organizativos se centraron en problemáticas como la falta de infraestructura para colegios, los problemas relacionados con la productividad, las carreteras o el acceso a mercados, etc. Hacia 1996, luego de la quiebra del arroz –que generaba el 80 % del empleo local [CDS 2014] –, la violencia se intensifica en la zona; en un inicio, protagonizada por las guerrillas de las FARC-EP y, posteriormente, por grupos paramilitares. Esta época se expande hasta el año 2005 cuando se da la desmovilización del Bloque Montes de María y cuando los herederos y herederas de la ANUC retornan a la región con el objetivo de generar trabajos conjuntos para reconstruir sus formas de relacionarse y vivir en la región. Estas organizaciones, que comenzaron a tener fuerza desde ese año y que vienen acompañadas de los programas de cooperación internacional relacionados con la construcción de paz, son las protagonistas de esta historia.
En Montes de María existen varios tipos de organizaciones que se diferencian en términos de escalas de incidencia y acción política. Están las organizaciones que actúan desde sus veredas y se componen de vecinos y amigos;[11] otras de mayor incidencia, que reúnen estas organizaciones más pequeñas y actúan en una lógica de articuladores de propuestas locales; y otras, con un papel más de acompañamiento y gestión, también desde la escala regional. Además, existen organizaciones nacionales que apoyan procesos puntuales[12] y agencias de cooperación. Frente a estas últimas es clave destacar que la ayuda ha sido enfocada en procesos de construcción de espacios de paz, esto porque la zona ha sido víctima del conflicto social y armado colombiano [PODEC 2011].
Hablar de paz en la región es hablar de economía campesina y de reclamo por justicia asociada al acceso al agua. Frente al uso y acceso al agua, los primeros debates nacen de la preocupación local por mantener la pesca como parte de la economía campesina y como actividad legal dentro de los cuerpos de agua del distrito de riego. A esto, se suma la denuncia sobre la contaminación y los problemas en el acceso cotidiano al agua, casi todos impulsados por mujeres y relacionados con la implementación del cultivo de palma. El debate por el agua nace de una crisis relacionada con la escasez del líquido y con los problemas relacionados con su contaminación. Para las organizaciones locales las crisis generan escenarios de vulnerabilidad que son usados como motor de defensa del territorio. Desde el inicio del debate por la defensa del agua, que surgió asociado a problemas de escasez y contaminación del agua, las organizaciones sociales plantearon la necesidad de reconocer los cuerpos de agua del distrito de riego de Maríalabaja como Patrimonio Público. Al respecto, la Corporación Desarrollo Solidario –CDS- menciona:
Un paisaje que combina bosques, montañas y agua: es el distrito de riego de Maríalabaja. Es en realidad un patrimonio público de las comunidades de San Jacinto, Maríalabaja, Carmen de Bolívar y en general los Montes de María, así como de las ciudadanías cartageneras y bolivarenses.[13]
La defensa de la propiedad del agua se dio dentro de las organizaciones locales en términos de defender los cuerpos de agua como un bien común. Independiente de su funcionalidad, el distrito de riego, que es administrado desde el sector privado, está inserto en las formas de pensar y vivir el territorio. En otras palabras, el debate sobre el acceso al agua no solo se construye desde su funcionalidad para las economías campesinas sino que, sobre el agua se reclaman derechos de propiedad entendidos más allá de la propiedad física y legal de la misma. Esto es un aspecto clave para comprender la estrategia referente a la propuesta de ordenamiento espacial para la defensa del territorio.
En el debate por la defensa del agua, como vimos, se pueden reconocer las relaciones directas de la palma de aceite con el despojo de agua y tierra. Las poblaciones campesinas de la zona mencionan que algunos de los dispositivos de despojo usados por las empresas palmicultoras son los encerramientos de los ojos de agua y jagüeyes tradicionales, la contaminación y control del acceso. Este control puede ser por la empresa privada que maneja la obra de infraestructura o por grupos paramilitares. Es así, que la gran apuesta de las organizaciones locales parte de un interés por delimitar y organizar el territorio alrededor de construir un espacio de paz, un espacio que garantice la igualdad en el acceso al agua y un espacio donde se pueda ejercer la economía campesina con las particularidades históricas de la zona. En este sentido, se ha avanzado en diversas estrategias de ordenamiento territorial, que pasan por la construcción de propuestas de zonas de protección de los modos de vida locales, hasta proyectos productivos agroecológicos comunales, que se adaptan a las formas de tenencia de la tierra y la cría de peces.
Una de las principales acciones que se tejen desde lo local tiene que ver con una serie de propuestas de ordenamiento territorial a nivel regional. En el año 2010, el Incoder y el presidente Juan Manuel Santos proponen la construcción de una Zona de Reserva Campesina[14] ‑ZRC- en la región. Al contrario de lo que sucedió en otras partes del país, como el Magdalena Medio y el Catatumbo, las ZRC para Montes de María fueron propuestas por el gobierno y no fueron delimitadas a nivel local; es más, la delimitación propuesta no incluía el distrito de riego de Maríalabaja, centro de las reivindicaciones locales. El objetivo de las dos zonas propuestas era controlar la expansión de la gran propiedad y “consolidar la gobernabilidad, fortalecer el tejido social y motivar el retorno de quienes fueron desplazados”. Se pretendía que los pequeños productores se convirtieran en empresarios del campo, gracias a los programas de inversión pública en tecnología, asistencia técnica, infraestructura, educación, salud, vivienda digna, fomento de procesos asociativos y acceso a mercados [Aguilera 2013].
A los ojos locales, esta propuesta termina siendo funcional a un modelo de desarrollo rural que venía excluyendo a campesinos y campesinas desde la construcción del distrito de riego: la producción de monocultivos. Según las poblaciones campesinas de la zona lo que promovieron estas propuestas fue un encerramiento de las zonas altas, dejando por fuera de los límites de la ZRC la principal fuente de agua local: el distrito de riego de Maríalabaja. Es por ese motivo que esta propuesta fue rápidamente debatida y rechazada a nivel local.
Una de las principales acciones locales contra la propuesta del gobierno y el Incoder fue evidenciar el desconocimiento estatal de la presencia de cabildos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes. Se alegó a nivel local que el Estado en cabeza del Incoder colocaba en riesgo la estabilidad local al poner a competir formas de ordenamiento territorial. En esta medida, la propuesta de las organizaciones sociales que sí incluían a cabildos y consejos comunitarios fue renombrar, redelimitar y resignificar la propuesta de ZRC, convirtiéndola en una Zona Intercultural de Protección Territorial ‑ZIPT-. Esta propuesta de delimitar los espacios de las economías y las vidas cotidianas de la zona se sustenta sobre la base de la producción comunitaria y la integración de todo tipo de unidades del paisaje, incluyendo el agua.
El organismo local propuesto para pensar a propuesta de la ZIPT fue Mesa de Interlocución y Concertación – MIC‑, una plataforma de 150 organizaciones de toda la región de Montes de María que se encargó del espacio de interlocución directa con el Estado. La MIC ‑que funciona en la actualidad- tiene tres ejes temáticos: (i) territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a la tierra; (ii) medio ambiente y recursos naturales; y (iii) educación, investigación e innovación tecnológica — comunicación y cultura [MIC 2014]. Bajo estos tres ejes temáticos se integran todas las preocupaciones, que nacen desde el autodiagnóstico que realizan las organizaciones de base local. El tema del agua y la necesidad de incluir el distrito de riego como parte del territorio campesino está inserto en las preocupaciones relacionadas con medio ambiente y recursos naturales.
Al respecto del tema de ZRC, la Mesa de Interlocución y Concertación comenta en el documento público que estructura las estrategias y líneas de acción publicada en el 2014:
Proponemos la declaración de Montes de María como Zona Intercultural de Protección Territorial donde se impulsaran modelos de desarrollo rural sostenibles con criterios sociales, ambientales, culturales, éticos y de género. Proponemos como elemento principal el fortalecimiento y consolidación de la economía campesina, entendida como agricultura familiar, producción diversificada y agroecológica de alimentos [2014: 21].
Las figuras de ordenamiento territorial, pensadas desde procesos de autogestión del territorio tales como la Zona Intercultural de Protección Territorial, son una estrategia regional de defensa del distrito de riego y el agua de la región, es decir, se configuran en una estrategia en contra del modelo extractivista pensado para la zona. La propuesta local está encaminada en evitar que la delimitación y constitución de las ZRC terminen por generar un fenómeno de encerramiento de los campesinos en medio de los cultivos de palma y las zonas de protección del bosque seco tropical ‑Ecosistema protegido por el gobierno nacional-.
Más allá de la delimitación, y teniendo en cuenta el contexto de protección de zonas altas y garantías para el cultivo de palma, la propuesta fundamental de las organizaciones locales es lograr una definición de los conceptos de desarrollo rural y ordenamiento territorial construidos desde la cotidianidad [MIC 2014]. Poniendo de manifiesto el papel estructurante del agua con afirmaciones como: “la piscina es la vida para muchos corregimientos que viene(n) a pescar aquí”[15], las organizaciones sociales apuestan por una delimitación consensuada y anclada a las formas de vida locales. En este sentido, parte de la construcción local de un ordenamiento territorial desde la cotidianidad tiene que ver con integrar los usos de la producción y el hogar, como se vio en el anterior apartado.
Otras formas de reclamo que integran el agua al debate de las organizaciones sociales y que tienen que ser vistas dentro de la gran propuesta de la construcción de espacios de paz e igualdad, tienen que ver con las siguientes demandas: (i) la imposibilidad de continuar con la pesca local y la afectación a los sistemas de abastecimiento de las poblaciones locales por medio de la desecación de ciénagas; (ii) la apropiación y el uso indebido de playones y terrenos comunales –tierras que nacen del agua–. El mayor argumento frente a esta demanda es que el agua se ubica en terrenos de carácter público y, por lo tanto, cualquier intervención de algún agente privado está fuera de la ley y está violando directamente las formas locales de acceso al agua; (iii) la contaminación ocasionada por la palma en las aguas del distrito de riego de Maríalabaja; y (iv) la pesca industrial y los efectos sobre los cuerpos de agua de esta actividad.
Estas últimas demandas demuestran que más allá del problema de privatización de agua, las preocupaciones locales también están asociadas a un proceso de despojo por contaminación del agua. Se destaca a nivel local como el proceso de contaminación afecta las formas de uso tradicional del agua y niega de entrada uno de los usos más importantes para las poblaciones: el agua para consumo, tal como se vio en el anterior apartado. Con la implementación del cultivo de palma y, tal como lo menciona Isch [2010], los procesos de despojo de agua que se dan en la zona, en particular los relacionados con el cerramiento de ojos de agua y la contaminación del recurso en el distrito, se dirigen a las aguas de mejor calidad, lo que inevitablemente conduce a que sean muchos más los que se quedan sin cantidad y calidad suficiente del líquido para las actividades cotidianas [Isch 2010].
En todo caso a nivel local y de la mano con la propuesta de ordenamiento territorial y ambiental las poblaciones campesinas de la región integran formas de conservación de cuerpos de agua. La más importante de ellas tiene que ver con la reforestación de árboles que llaman agua como el caracolí y la aplicación de conocimientos locales para evitar el desecamiento de los cuerpos de agua y la pérdida de especies nativas de peces, como el currulá, el moncholo, el macaco, la dorada y el bocachico. Estas formas de control y de recuperación de espacios de agua tienen que ver con la aplicación de conocimientos ambientales locales:
Los conocimientos ambientales locales se constituyen en un cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y creencias que evolucionan por procesos adaptativos y son transmitidos de generación a generación a través de la cultura. Estos conocimientos hablan sobre la relación de los seres vivos (incluyendo humanos) entre sí y con su entorno. Tales conocimientos abarcan el conocimiento local de los recursos naturales disponibles, como alimentos, medicinas, madera y leña y no sólo integran ideas sobre dónde están ubicados sino también la manera de cosechar, preparar y evitar la sobreexplotación [Horowitz 2015. Traducción propia].
En conclusión, las organizaciones sociales en la región tienen diferentes frentes de acción que resultan en una gran propuesta de delimitación del territorio que es llamada la Zona Intercultural de Protección Territorial. Esta zona integra las demandas relacionadas con el acceso al agua del distrito de la región, que tiene dos puntos de vista: (i) la necesidad y la articulación con las economías campesinas y (ii) la protección frente a la contaminación ocasionada por la palma. Una de las principales propuestas es incluir el distrito de riego y los cuerpos de agua como columna vertebral de la región en tanto son las principales fuentes de agua de las poblaciones campesinas y en la medida que estos son lugares donde se presenta disputa con los empresarios de la palma.
Esta Zona de Protección Intercultural parte de una lectura de las formas de despojo del agua ejercida por el cultivo de palma de aceite y responde a este contexto con propuestas concretas de cuidado y restauración de las fuentes de agua. En términos generales estas formas de reivindicación son parte de una construcción de territorialidades basados en la defensa de lo público. Estas estrategias que serán complementadas con las propuestas locales de uso del agua, por medio de acueductos locales y procesos de producción agrícola y pesquera que nacen de iniciativas comunitarias, que se analizaron anteriormente. Es interesante notar como en el salto de la escala regional la preocupación por la inclusión de la vida cotidiana y los conocimientos ambientales n claves en la defensa del territorio y la proyección de un espacio ordenado desde lo local.
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Como un dato adicional es clave mencionar que las estrategias cotidianas y las estrategias asociadas a las organizaciones sociales y las propuestas de ordenamiento territorial mencionadas a lo largo del artículo son construidas desde la base de la lectura crítica del pasado. Esta relación con el pasado se enuncia con el fin de incentivar otras investigaciones al respecto. Esto sobre la base, que hasta el día de hoy este aspecto no ha sido tenido en cuenta cuando se relatan y analizan estrategias de resistencia en el contexto extractivo en Latinoamérica de los últimos años.
Esto se sustenta dado que en Montes de María, desde la década de los sesentas hasta los ochentas, hombres y mujeres trabajaron para un cultivo de arroz que, a diferencia de la palma, les permitía comer y tomar el agua del distrito de riego. La nostalgia y la descripción del pasado del arroz es un argumento de resistencia que parte de un discurso asociado a la soberanía alimentaria y completa el abanico de razones por las cuales las poblaciones campesinas del municipio de Maríalabaja reclaman el distrito de riego y la construcción de formas diferentes de distribuir y acceder al agua, a la tierra y al trabajo. Un campesino de la región menciona como era la región antes de la llegada de la palma:
Nosotros vivíamos en el paraíso (…) teníamos el nuestro de cada día como dicen, teníamos como educar a nuestros hijos, teníamos como poder llevar a nuestros hijos al médico, porque teníamos una economía digamos estable (…) había campesinos que tenían unas vaquitas, que tenían cerdos, que tenían gallinas, que tenía cultivos, pescaban y además trabajaban en buenas horas y buenas tierras… el arroz salía del trabajo y el resto de la liga salía de las casas.[16]
Muchas cosas han cambiado desde entonces, los relatos de las estrategias de resistencia locales están llenos de una nostalgia por el pasado arrocero. Un pasado caracterizado por la abundancia de comida y agua. Por el contrario, en la época de la palma y gracias al control violento de la zona se modificaron las relaciones sociales y con la naturaleza, en la zona: el agua es privatizada, las organizaciones sociales son perseguidas y la gente en definitiva no puede comer aceite de palma. Otro de los aspectos importantes que diferencian la época del arroz con los cultivos de la palma de aceite tiene que ver con las relaciones laborales. En el caso de los trabajadores de la palma, estas relaciones se caracterizan por: pocos empleos de mano de obra calificada, empleados estacionales, bajos niveles de empleo para mujeres y una ruptura en relación con el control y el uso del agua para regar la tierra. Pensando en este tema de la nostalgia como recurso para los procesos de resistencia, a nivel local se menciona que mientras para los cultivos de arroz se requerían nueve jornales por hectárea, con la palma la necesidad de jornales se ve reducida a sólo uno por hectárea.
Este fenómeno produce lo que Tania Li Murray denomina surplus population, qué es definido por la autora como el momento donde la producción comienza a ser realizada con nuevas técnicas y, por lo tanto, la mano de obra requerida es mucho menor. Es decir, cuando comienza a sobrar mano de obra que otrora fuera utilizada por proyectos extractivos que aplicaban otras formas de producción y otros métodos de relacionamiento con los trabajadores. Li menciona que estas condiciones se han generalizado como consecuencia de dos conjuntos de fuerzas: una nueva ronda de proyectos extractivos, que han desposeído a una gran cantidad de población rural; y la baja absorción de su mano de obra, que es “excedente” a los requerimientos de la acumulación de capital [Murray 2009].
Esto es una referencia histórica importante para comprender las relaciones donde se producen las estrategias y practicas mencionadas a lo largo del artículo. Esta mención del pasado, es una propuesta para producir preguntas sobre la potencialidad de reconocer en la nostalgia un terreno fértil de la lucha contra el extractivismo.
Conclusiones: Agua y movimientos socioterritoriales
En conclusión, este artículo presenta algunas estrategias de resignificación de los territorios del agua del distrito de riego de Maríalabaja. Estas estrategias de resignificación territorial tienen tres ejes fundamentales: (i) la defensa de lo colectivo y la reivindicación por el territorio, (ii) la puesta en práctica de conocimiento ambientales y (iii) los reclamos cotidianos en torno al acceso al agua para la casa, el agua potable. Finalmente, se quiere dejar sobre la mesa la discusión sobre las potencialidades de reconocer espacios de memoria y nostalgia sobre el pasado para profundizar en las lecturas de las estrategias de los movimientos socioterritoriales en la defensa de sus aguas y territorios.
La primera de las estrategias atiende a las iniciativas que desde lo político se adelantan por organizaciones locales de diferentes niveles de incidencia y formas de relacionamiento con el Estado. Uno de los principales logros de esta forma de movilización fue la integración del debate del agua a los reclamos por la tierra, en el marco de la construcción de zonas de paz, de protección intercultural y de delimitación de territorios campesinos. La segunda estrategia está atada a las acciones que se dan desde lo cotidiano y al reclamo del agua potable y las aguas para el hogar. La tercera, y última estrategia analizada en el artículo, tiene que ver con el uso del agua en proyectos productivos comunitarios que reclaman, desde la acción y la generación de alimentos para las poblaciones locales, los espacios del distrito de riego como suyos.
Las estrategias de defensa del distrito de riego de Maríalabaja varían según el tipo de organización. En todo caso, cada una de las acciones, que se realizan desde lo local hasta lo regional, vienen tejidas bajo parámetros comunes que comprenden la importancia de la defensa del territorio y el papel del agua para la vida cotidiana y organizativa. La apuesta por reconocer estas estrategias locales parte de la necesidad de generar una lectura global del despojo en escenarios de extracción. La idea de este artículo fue pensar que los procesos de resistencia local no solo son una consecuencia derivada del extractivismo, sino que también se configuran en escenarios, que más allá de la denuncia, permiten visualizar, a futuro, territorios de igualdad y paz.
Citas
♣ Agradezco los aportes de las personas que apoyaron esta investigación, y la construcción de proyectos conjuntos para visibilizar las problemáticas y las soluciones que nacen de las poblaciones habitantes de los Montes de María. Especialmente, agradezco a Diana Vallejo y Diana Ojeda.
* Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia –UNAL-. Magíster en geografía, Universidad de los Andes –Colombia-. Docente e investigadora, Centro de Educación para el Desarrollo, Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO S.P. catalina.qm@gmail.com
[1] Entrevista personal [2016] Juan Carlos, Vereda la Suprema. Municipio de Maríalabaja.
[2] Es importante mencionar que esta investigación parte de un proceso de investigación en co-labor que significó en la práctica un proceso de antropología por demanda [Segato 2010] dónde fueron las organizaciones sociales las que apostaron por el uso de conceptos para alimentar los escenarios locales de formación e investigación [Leyva X; Spped, S., 2008]
[3] El artículo menciona el concepto de despojo relacionado con los postulados de David Harvey en la descripción del proceso de acumulación por despojo [Harvey 2004] que se refiere a procesos violentos, en la mayoría de los casos, de privación de bienes con el fin de garantizar la expansión del capitalismo. Sin embargo, este artículo, pretende poner en manifiesto los efectos cotidianos de dichos procesos. Para este fin, de la mano de los postulados de Diana Ojeda “Si bien (el despojo) en términos generales se entiende como la pérdida por medios violentos de la posesión de un bien, el despojo permite preguntarse no solo por la manera como se priva de la propiedad de los recursos a alguien o a un grupo de personas, sino cómo se disputan las diversas formas de uso, acceso, control y representación de los recursos en la vida cotidiana” [Ojeda 2016: 20].
[4] La ley de Reforma Agraria a la que se hace referencia es la Ley 135 de 1961 (Diciembre 13, 1961) ―Sobre reforma social agraria”. El Congreso de Colombia Diario Oficial. Año XCVIII. N. 30691. 20, Diciembre, 1961. Esta ley es la única en su estilo en Colombia en los últimos años. Fue realizada por un presidente del partido liberal ‑Carlos Lleras Restrepo- y se implementó de la mano de programas internacionales para el Desarrollo como la Alianza para el Progreso y la Revolución Verde.
[5] Entrevista Personal [2016] Ángela, Campesina Maríalabaja.
[6] Vale la pena aclarar que, para el estudio de calidad de agua realizado por el Ministerio de salud a nivel nacional, se tomaron 30 muestras en el municipio de Maríalabaja, todas ellas urbanas. No existen datos de control de calidad de agua a nivel rural, que puedan suponer una calificación de riesgo.
[7] La Red está compuesta por: la Asociación de Pescadores de Mahates –Asopema–; el Comité de Cooperación Cultural de Gamero, en Mahates; Asoprini, en La Suprema, vereda de Maríalabaja; y el Comité del barrio Puerto Santander, en el casco urbano de este último Municipio.
[8] Entrevista personal [2016] Juan Manuel, Campesino de Maríalabaja.
[9] Entrevista Personal [2016] Ricardo, Campesino Maríalabaja.
[10] La Asociación de Usuarios Campesinos ‑ANUC- fue una organización a nivel nacional impulsada por la ley de Reforma Agraria de 1961. Esta asociación fue un referente nacional de organización campesina puesto que comenzó un proceso de crítica y defensa de la tierra bajo el lema “La tierra para quien la trabaja”. Para más información [Ver Zamosc 1987]
[11] Las organizaciones locales que participaron de esta investigación son: Asociación Primero los Niños de la vereda de La Suprema –Asoprini –, Asociación de Campesinos de San José de Playón –Asoplayón – y Asociación de Campesinos de Palo-Altico –Asopaloaltico.
[12] En términos regionales, las organizaciones sociales que se destacan son: la Organización de Personas Campesinas y Étnicas Desplazadas –OPDS– y la Corporación Desarrollo Solidario –CDS–. Como organizaciones nacionales se destacan: la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC– y el Congreso de los Pueblos.
[13] Fragmento editorial: El distrito de riego de Maríalabaja ¿Patrimonio público? CDS. Parcela Informativa, número 5 ‑26 de mayo 2015.
[14] Las Zonas de Reserva Campesina ‑ZRC son figuras jurídicas de protección de territorios campesinos que están contempladas en la ley 160 de 1996. El objetivo de estas zonas es regular los procesos de colonización y prevenir la venta masiva de tierras de campesinos y pequeños propietarios [Ver Osejo 2012].
[15] Campesino, Red Piscícola del Norte de Bolívar, documental Siembras de agua dulce, 2015.
[16] Entrevista personal [2016] Juan Carlos, Campesino Maríalabaja.
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Catalina Quiroga Manrique, «Agua para regar la tierra y cultivar la vida: Movimientos socioterritoriales y defensa del agua en Montes de María, Bolívar, Colombia», Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], publicado el [insert_php] echo get_the_time('j \d\e\ F \d\e\ Y');[/insert_php], consultado el [insert_php] setlocale(LC_ALL,"es_ES"); echo strftime("%e de %B del %Y");[/insert_php]. URL: https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rems-13/dossier-quiroga-manrique/