Explotación de hidrocarburos y acumulación por medios extraeconómicos en la Patagonia argentina.
El caso de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil

Exploitation of Hydrocarbons and Accumulation by Extra-Economic Means in Argentine Patagonia. The Case of the Kaxipayiñ and Paynemil Mapuche Communities

Diego Pérez Roig^*

Recibido: 21 de septiembre de 2017
Aceptado: 11 de mayo de 2018

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Introducción

En perspectiva histórica, uno de los rasgos que singularizan el desarrollo del sector hidrocarburífero argentino durante las últimas dos décadas se encuentra dado por la emergencia de numerosos conflictos protagonizados por comunidades indígenas. De acuerdo a distintos relevamientos [SERPAJ 2008; CELS et al. 2011; Salgado et al. 2013], la mayor parte de ellos se registra en el norte de la Patagonia, especialmente en la Provincia del Neuquén. En términos generales, este hecho se explica tanto por el volumen de recursos y la concentración de la industria en la zona, como por un proceso de reafirmación étnica, cultural y política del pueblo mapuche [Hernández 2003; Boccara 2006; Vitar 2010], que supuso, en las últimas décadas, una mayor capacidad relativa de organización y resistencia. En este marco, un caso paradigmático de conflicto mencionado o abordado por distintos autores es el de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil [Sánchez 1999; Balazote y Radovich 2001; Falaschi et al. 2005; Valiente y Radovich 2016].

Los Kaxipayiñ y Paynemil se encuentran asentados en el norte del departamento Confluencia, en una franja comprendida entre el Río Neuquén y el Lago Barriales. Bajo su territorio se extiende parte del yacimiento Loma La Lata, corazón del abastecimiento gasífero del país desde el inicio de su explotación por parte de YPF en 1977. A partir de la segunda mitad de los noventa, ambas comunidades cobraron notoriedad pública tanto por sus denuncias respecto de los graves impactos medioambientales y socio-culturales debidos a la operación y ampliación de actividades dentro del yacimiento, como por sus enfrentamientos con la empresa y las autoridades provinciales. El objetivo del presente artículo es analizar este caso en cuanto proceso de disolución de relaciones sociales no-capitalistas ocasionado por la dinámica de acumulación de capital. Consideramos que esta es una dimensión aún poco trabajada desde la presentación de evidencia empírica que supone, a su vez, un aporte para la reflexión teórica. Tratándose de un caso paradigmático, entendemos que contiene elementos que lo vuelven útil para la producción de hipótesis conceptuales y de trabajo.

A tal fin, la exposición se encuentra organizada en dos partes. En primer lugar, reconstruiremos el caso tomando como base la presentación de pruebas con motivo de la denuncia radicada, en representación de las comunidades, por la Defensoría Oficial de Menores de la Provincia del Neuquén ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).^[1] Este trabajo ha sido parte de una investigación más amplia, acerca del diseño y la implementación de políticas de promoción de la actividad hidrocarburífera en la Argentina postconvertibilidad [Pérez Roig 2015]. Desde el punto de vista metodológico, dicha reconstrucción supuso un trabajo con fuentes primarias y secundarias, a partir de la triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección y análisis de datos.

En segundo lugar, relacionaremos nuestro estudio con la conceptualización de Marx y Luxemburgo respecto de la acumulación que se produce por medios extraeconómicos. En este sentido, el trabajo se inscribe en el debate suscitado a raíz de la pervivencia de mecanismos de “acumulación originaria” en la dinámica contemporánea de reproducción capitalista. En la década del setenta, las reflexiones de Marx y Luxemburgo fueron recogidas por los trabajos de varios autores inscriptos en la escuela del sistema-mundo, así como por otros que participaron de los debates acerca del intercambio desigual. Posteriormente, entre fines de los ochenta y principios de los noventa, la problematización fue recuperada para dar cuenta, desde el “marxismo abierto”, de la ofensiva capitalista canalizada a través de las políticas neoliberales. En septiembre de 2001, la discusión fue relanzada por el segundo número de la revista inglesa The Commoner. Poco tiempo después, tributaria de todas estas contribuciones, la categoría “acumulación por desposesión” [Harvey 2007a], instaló definitivamente la problemática en la agenda de discusión académica.

En esta oportunidad, el estudio nos permitirá abrir el examen de —a nuestro juicio— dos problemas que atraviesan actualmente el debate y sus diversas apropiaciones: el “estiramiento” de la categoría “acumulación originaria” (o “primitiva”) y la introducción de un nuevo concepto que tiende a desarticular “desposesión” de “explotación”. Aquí presentaremos estos grandes ejes y, con motivo de la base empírica del caso, comenzaremos a contrastarlos con las formulaciones conceptuales de Marx y Luxemburgo. Esta primera aproximación nos permitirá dejar planteadas, a modo de conclusión, una serie de discusiones a ser abordadas in extenso en un futuro trabajo de indagación teórica.

Las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil en Loma La Lata

La denominada “Conquista del desierto” cerró un ciclo de décadas de ampliación de la propiedad latifundiaria en Argentina. Las guerras de expansión y apropiación constituyeron un monopolio sobre la tierra que definió el marco estructural en el que posteriormente se integraría la fuerza de trabajo proveniente del exterior. Aunque no adoptó una forma “clásica”, se trató “de un verdadero proceso de acumulación originaria de capital” [Cueva 1986: 75]. La contracara de las tierras ganadas para la producción agrícola-ganadera, fundamento de la inserción argentina en el mercado mundial, fue el exterminio y confinamiento de las poblaciones originarias a zonas de poco interés por su escaso valor económico e implicancia en “la construcción de la sociedad y el desarrollo del capitalismo argentinos” [Oszlak 1982: 545]. El asentamiento actual de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil, ocurrido entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, obedece inicialmente a este proceso. En la Patagonia, el modelo de ocupación extensiva de la meseta para la producción lanar se combinó con la explotación paisajística de la región andina [Galafassi 2008]. El carácter subsidiario de las tierras de Loma La Lata respecto de ambos fines, permitió que, en 1904, la comunidad Paynemil obtuviera un permiso de parte del gobierno del Territorio Nacional del Neuquén para ocupar 6.000 has.^[2]

Esta situación de relativa estabilidad comenzaría a modificarse drásticamente a partir de mediados de siglo, cuando con motivo de la creciente demanda energética de la —comúnmente denominada— “Industrialización por Sustitución de Importaciones”, se ampliarían las zonas dedicadas a la producción hidrocarburífera y el aprovechamiento de otras fuentes de energía. En 1966, a raíz de la instalación de Hidronor S.A. y el desarrollo del proyecto El Chocón-Cerros Colorados, se produjo una apropiación “legal” de las tierras,^[3] que pasaron a ser consideradas “libres para todo efecto” por el Estado nacional.^[4] Desde entonces, se subdividirían y quedarían bajo dominio o explotación de distintos actores: el Estado nacional y provincial, YPF, Gas del Estado, Gendarmería, Termoeléctrica Central Puerto S.A. y otros privados menores. A partir de la construcción del complejo hidroeléctrico, comenzó un progresivo proceso de daño socio-ecológico, cuyo cénit se alcanzaría con el descubrimiento y explotación de Loma La Lata a manos de YPF —luego YPF S.A. y Repsol YPF [Trinchero y Leguizamón 1996].

La explotación hidrocarburífera en el yacimiento loma la lata

A principios de 1977, luego de distintos intentos exploratorios fallidos, se perforó el pozo descubridor YPF.Nq.LLL.x-1, dando lugar al hallazgo del yacimiento Loma La Lata, uno de los “más importantes de la historia de YPF y de la actividad petrolera en general” [Hechem 2010: 10]. Loma La Lata incrementó un 133% las reservas comprobadas de gas natural, que en pocos años llegaron a duplicar a las de petróleo y alcanzaron un “horizonte de vida” de 45 años.^[5] Asimismo, se trata de un yacimiento rico en el que abundan otros hidrocarburos como etanol, propano, butano, gasolinas y condensados, cuyo precio de venta en el mercado es superior al del crudo. Su puesta en operaciones permitió un salto cualitativo en la política nacional de estímulo a la utilización de gas natural, que se tradujo en una mayor “gasificación” de la matriz energética. A partir de la realización de distintas obras de infraestructura —en especial el gasoducto NEUBA II, que parte del yacimiento—, el gas natural incrementó notablemente su participación en la oferta interna de energía primaria, pasando de un 24% en 1976 a un 44% en 1996.^[6] Este último año —inmediatamente anterior al inicio de las exportaciones—, el área Loma La Lata-Sierra Barrosa alcanzó una producción de 8.423 MMm³, equivalente a un 25% del total a nivel nacional.^[7]

A los fines del presente trabajo, es primordial retener, entonces, que esta riqueza colocó a Loma La Lata en un lugar central desde su descubrimiento, tanto por su creciente gravitación en el abastecimiento energético del mercado interno, como debido a su importancia en los proyectos de expansión empresaria de YPF S.A.^[8] En los noventa, el yacimiento fue el leitmotiv del “Plan Estratégico 2000” de la compañía conducida por José Estenssoro, convirtiéndose en cabecera del Gasoducto del Pacífico con terminal en Chile, al tiempo que en proveedor de otros con destino a Brasil y Uruguay. En 2000, apenas asumido el management de YPF S.A., Repsol negoció una prórroga anticipada por diez años de la concesión Loma La Lata-Sierra Barrosa. Asegurar el control del yacimiento era condición sine qua non para cerrar nuevos acuerdos de largo plazo con el demandante mercado brasileño,^[9] así como para el proyecto MEGA, inversión de capital conjunta con Petrobras y Dow Chemical destinada a la industrialización y la comercialización de parte de la producción.

Si bien los impactos que veremos en detalle en los próximos apartados son resultado acumulado de décadas de explotación de Loma La Lata, resulta una hipótesis sumamente plausible que la mayor parte se produjera a raíz de la lógica de valorización y explotación de los noventa, configurada por la privatización y desregulación de la actividad. En primer lugar, existe una comprobada correlación entre el “significativo aumento de producción de hidrocarburos” y la “magnificación del impacto ambiental generado por esa actividad” [Dirección Provincial de Hidrocarburos y Combustibles 1998: 120; citado en Saint-Lary 2000]. En segundo lugar, un estudio más abarcador^[10] elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [Sejenovich 1998], estimó que prácticamente la mitad del daño ambiental global cuantificado a nivel provincial entre 1920-1996, se correspondía con el período 1991-1996.

Judicialización del caso, conflicto y represión

En octubre de 1995, una familia de la comunidad Paynemil realizó un pozo en la napa freática con el objetivo de abastecerse de agua para uso corriente. El líquido extraído contenía una concentración de condensados de gasolina de tal magnitud que ardía al acercársele un fósforo. Si bien la Subsecretaría de Salud neuquina inició estudios clínicos a fines de ese año, la presencia de metales pesados en los organismos de los comuneros se conoció recién en marzo de 1997, a partir de la difusión del caso en la prensa local. La investigación posterior, encabezada por la Defensoría del Niño y el Adolescente de la provincia, reveló que la intoxicación se debía a la contaminación de los suelos y las napas por derrames y fallas de infraestructura. Las responsabilidades apuntaban directamente a YPF, por un modus operandi ostensiblemente negligente, así como a las autoridades oficiales de aplicación por la falta absoluta de control.

El caso se judicializó tempranamente, apenas se conocieron los primeros estudios. El 24 de marzo de 1997, la Defensoría presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo provincial por no garantizar el derecho a la salud de los niños y adolescentes de las comunidades. Si bien la demanda fue avalada en dos instancias ante las apelaciones del Ejecutivo, el incumplimiento de lo prescripto y el agotamiento de la vía judicial interna, determinó que, en marzo de 1998, la Defensoría y las comunidades formalizaran una presentación ante la CIDH.

Pese a que el Estado argentino solicitó la inadmisibilidad del caso en diversas oportunidades, el recurso prosperó y motivó la realización de varias audiencias entre las partes. En estas instancias, se realizaron reclamos respecto del monitoreo continuo de la salud, la calidad del agua —que, a propuesta de la empresa y del Estado, sería suministrada por una planta potabilizadora a construirse en el lugar—^[11] y la actividad cada vez más intensiva del yacimiento. Por otro lado, se solicitó el reconocimiento de una mayor extensión a la propiedad de las tierras comunitarias. Bajo las figuras de áreas “restringidas”, “controladas” o “protegidas”, la defensa buscó garantizar la existencia de un espacio sin contaminación o mínimamente expuesto. Sólo así los mapuches podrían continuar con sus prácticas ancestrales y contarían con autonomía económica respecto de la explotación del yacimiento. Los pedidos, en este sentido, se correspondían con los lugares históricamente ocupados y utilizados por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ.^[12]

Según la reconstrucción que hemos hecho, un dato significativo de las sucesivas audiencias celebradas es la ostensible consustanciación de intereses entre la empresa y el Estado provincial. De acuerdo a la entonces titular de la Defensoría, Dra. Nara Osés, cuando la CIDH realizó una visita al lugar en agosto de 2002, los peritos de parte aportados por el Estado neuquino eran en realidad personal contratado por Repsol YPF.^[13] La disparidad de recursos y argumentación técnica, así como el carácter no vinculante de las resoluciones de la CIDH, determinaron que el reclamo en esta instancia se fuera diluyendo a partir de la construcción de la planta potabilizadora de agua a cargo de la empresa. A pesar de que todavía quedaban numerosos puntos en discordia, principalmente relacionados con la remediación de los pasivos ambientales y el uso del territorio, tanto el recurso ante la CIDH como el amparo presentado en la justicia local se dieron por finalizados en 2011.^[14]

Mientras la demanda ante la CIDH seguía su curso, en el territorio la relación entre la petrolera y las comunidades se fue deteriorando y alcanzó un pico de tensión durante el año 2001. A la par de la realización de los estudios de impacto, los comuneros comenzaron a sostener sus demandas con una mayor capacidad organizativa y de lucha, razón por la cual la zona de operaciones de la compañía fue progresivamente “asegurada” con la presencia de guardias privadas y policía provincial. En abril de 2001, un comunicado de la Confederación de Organizaciones Mapuches (COM) advirtió esta situación —“prácticamente han convertido nuestra casa en campo de concentración”— y la relacionó con el objetivo, compartido por Repsol YPF y el gobierno provincial, de maximizar la explotación del yacimiento.

Al mes siguiente, la COM denunció derrames ocasionados por incumplimientos de las medidas de seguridad y anunció la presentación de un recurso de amparo para que la provincia controlara la cantidad de hidrocarburos extraídos e hiciera cumplir las normas de cuidado del medio ambiente. La clausura del diálogo y las negociaciones por parte de la empresa determinó que, a partir de junio, los mapuches bloquearan periódicamente los accesos al yacimiento. Hacia fines de octubre, la actividad de Loma La Lata se redujo a un mínimo y se impidieron trabajos de ampliación de infraestructura.

En ese momento, Repsol YPF denunció que a lo largo del año se habían producido una serie de incidentes de menor a mayor gravedad y advirtió que la situación “ya no [daba] para más”. Mediante una nota de prensa, la compañía señaló que las reiteradas acciones de fuerza impedían el cumplimiento de contratos contraídos para la producción de gas y amenazó a la provincia con “paralizar obras y suspender inversiones” comprometidas.^[15] Tan sólo doce horas más tarde, el grupo antimotines de la policía provincial reprimió a los manifestantes y detuvo a los lonkos de ambas comunidades —Graciela Méndez Paynemil y Juan Gabriel Cherqui. Guillermo Labate, juez federal que intervenía en la causa, negó que la orden de desalojo hubiese partido de su despacho. La responsabilidad fue asumida por el jefe de la fuerza, Juan Carlos Lezcano, en un reconocimiento tácito de que la directiva había emanado directamente del Poder Ejecutivo provincial.^[16]

Aunque este episodio cerró el momento más agudo del conflicto, durante los años siguientes los Kaxipayiñ y Paynemil continuaron movilizándose y denunciando la falta de remediación de sus territorios, los perjuicios ocasionados por la contaminación y la imbricación orgánica de intereses entre la compañía y el Estado provincial. Entre los hechos más graves, siguieron registrándose periódicas pérdidas de ganado y se produjeron casos de embarazos inviables y enfermedades oncológicas.^[17] En agosto de 2011, en el marco de un nuevo plan de lucha, Gabriel Cherqui, werken de la comunidad Kaxipayiñ sostenía:

Salimos a manifestarnos y a exigir que se remedie Loma La Lata, que se den los procesos de saneamiento acordes a la necesidad de una cultura diferente y de poblaciones de crianceros afectados por esta actividad extractiva (…) Sabemos que las fiscalías y quienes deberían seguir este proceso son parte de este sistema y parte de lo que es la política del Estado (…) En la provincia de Neuquén no existe un control dentro de los yacimientos y, por ende, de las instalaciones y los malos manejos de la operadora (...) En Loma La Lata hemos podido reclamar por esta situación, sin tener respuesta, pero hay muchos yacimientos en Neuquén que no tienen voz (…) Nosotros venimos reclamando desde hace años, saliendo a la ruta a manifestarnos y a exigir el saneamiento. La única respuesta que tuvimos fue represión policial (...) Los mejores gerentes que tiene YPF son [el Gobernador, Jorge] Sapag, [el Secretario de Energía] Guillermo Coco y el juez, que es el que ejecuta después, en complicidad de todo este sistema, la orden de desalojo.[18]

 La disolución de relaciones sociales no-capitalistas

A partir de distintos informes técnicos preparados durante la intervención de la CIDH y en el marco de un momentáneo entendimiento entre las partes,^[19] puede advertirse que el fenómeno subyacente a este conflicto es el desarrollo de un paulatino proceso de disolución de las relaciones ancestrales-comunitarias. El mismo es resultado de una serie de impactos de la actividad hidrocarburífera que operan en forma integral y acumulativa.

En primer lugar, los impactos sobre el ambiente físico. Los estudios determinaron que habían sido afectadas más de 9 mil hectáreas del territorio indígena, de las cuales alrededor del 25% presentaba daños entre “severos” e “irreversibles”. Entre otras consecuencias, alrededor del 50% del agua subterránea concordante al área preferencial de ocupación y uso agrícola de las comunidades contenía concentraciones de metales e hidrocarburos muy por encima de los valores de referencia establecidos por la normativa provincial.

En segundo lugar, los impactos sobre el ambiente biológico. En el caso de la vegetación, se registraron afectaciones físicas directas por la construcción de infraestructura; impactos por procesos erosivos que provocaron la pérdida de la capacidad productiva natural del suelo; e impactos químicos, resultantes de derrames, absorción por raíces de agua contaminada, rociamiento aéreo y regado de caminos con desechos. Asimismo, el carácter cada vez más intensivo de la actividad, se tradujo en una notable disminución de la abundancia de fauna y en la desaparición de especies relevantes para la obtención de alimentos y materias primas. Tanto éstos como los impactos sobre el ambiente físico, redundaron en una progresiva “artificialización” del paisaje y el territorio. Como consecuencia, se corroyeron prácticas y saberes ancestrales que otorgaban proyección de sentido e identidad y resultaban fundamentales para la recreación de los lazos de vida comunitaria.

En tercer lugar, los impactos sobre la salud de las comunidades. Los distintos análisis toxicológicos hechos a los Paynemil y Kaxipayiñ arrojaron elevadas concentraciones de metales pesados. En los estudios clínicos, estos resultados se expresaron en distintas manifestaciones neurológicas, psíquicas, digestivas, dermatológicas, respiratorias, ósteo-artículo-musculares y gineco-obstétricas, que evidenciaban una sintomatología típica de intoxicación crónica.

En cuarto lugar, los impactos socio-culturales, dimensión en la que todos los anteriores convergían y resultaban amplificados por el ejercicio de distintos tipos de violencias. Como señalamos al principio del trabajo, el desembarco de YPF estuvo precedido por una prolongada historia de dislocamientos. La apropiación fiscal y el uso discrecional dado a las tierras a partir de la década del sesenta, posibilitó que YPF se instalara en la zona y se posicionara en un lugar de poder dentro del territorio y en relación a las comunidades. Hemos visto que, en los momentos de mayor conflictividad, esta asimetría se expresó en una notable militarización del territorio, omnipresente en la vida comunitaria como amenaza permanente de apelación a la fuerza.

A largo plazo, la presencia y actividad económica de YPF produjo un cambio radical en el vínculo que los pobladores originarios habían mantenido ancestralmente con la tierra. La degradación ambiental afectó severamente la base de reproducción económica de las comunidades, así como sus prácticas culturales y religiosas. Cuando estos impactos se manifestaron en la propia salud de los comuneros, sus efectos acumulativos convirtieron a la pérdida de perspectiva de reproducción en un problema perentorio. Ante esta situación, la única fuente estable de ingresos capaz de garantizar la supervivencia de los Paynemil y Kaxipayiñ pasó a ser el pago de servidumbres, la percepción de compensaciones o, inclusive, la proletarización como fuerza de trabajo contratada por YPF. En suma, la reproducción de las familias quedó estrechamente ligada a la propia actividad extractiva del yacimiento.

En este marco, la introducción de considerables sumas de dinero en un ámbito dominado por la baja monetización tendió tanto a disolver las relaciones comunitarias basadas en la mutua reciprocidad, como a “subalternizar” la posición de la tierra en cuanto elemento estructurante de la cultura y del psiquismo individual de los mapuches. Por un lado, el territorio pasó a ser tratado cada vez más de acuerdo a pautas mercantiles, a la sazón único lenguaje de valoración posible en la relación y las negociaciones entabladas con YPF. Por el otro, el progresivo debilitamiento y desaparición de la organización comunitaria, supuso, como contrapartida, un reforzamiento de lógicas de comportamiento individualistas; la asimilación de patrones de la sociedad de consumo; y procesos de diferenciación al interior y entre los Paynemil y Kaxipayiñ.

Quizás el hecho que mejor ilustra estas transformaciones y la preponderancia alcanzada por la propiedad privada en la lógica de los vínculos sociales, sea la delimitación de los respectivos territorios comunitarios mediante un cercamiento. Si bien se trató de una determinación instigada por Repsol YPF como parte de una estrategia de dividir y negociar con cada grupo por separado,^[20] no deja de ser significativa por tratarse de una decisión completamente ajena a las modalidades tradicionales de relacionamiento intercomunitario.

¿“Acumulación por desposesión”?

En la diversidad de elementos empíricos presentados hasta aquí se condensa, pues, el desarrollo de una prolongada y multidimensional lógica expropiatoria. Por tal motivo, entendemos que el caso puede inscribirse en el reciente debate acerca de la vigencia de los mecanismos extraeconómicos en la dinámica de la acumulación, posibilitando la apertura de una polémica sobre —a nuestro juicio— dos tipos de problemas. Como adelantamos en la introducción, aquí vamos a presentarlos esquemáticamente con el único objetivo de plantearlos y comenzar a examinarlos a la luz de los aportes de Marx y Luxemburgo. A partir de las conclusiones de este artículo, podremos darles un abordaje in extenso en un futuro trabajo de indagación teórica.

En primer lugar, nos encontramos con el problema del “estiramiento conceptual” y la identificación entre “acumulación originaria” y “separación”. Para autores y colectivos afines a las perspectivas del marxismo abierto, el nudo problemático de esta discusión es la fetichización del capital como principio organizador de las acciones de los sujetos, que se expresa, en los hechos, como una disociación entre estructura y agencia. Por este motivo, las distintas relecturas de la categoría “acumulación primitiva” [ver Bonefeld 2012; De Angelis 2012] se ocuparon de señalar la fragilidad de la separación entre productores directos y medios de producción, en cuanto fundamento lógico y supuesto constitutivo de las relaciones de explotación permanentemente disputado en la lucha de clases. Como sostiene Marx, la separación es el “proceso real del capital”, en la medida en que debe ser continuamente reproducida y ampliada para atraer y mantener a los trabajadores ligados al ámbito de la relación salarial y la producción de plusvalor. Este punto de partida, a nuestro juicio correcto, los llevó a sostener, sin embargo, que la “acumulación primitiva” contendría un significado dual: no sólo referiría a la génesis de las relaciones sociales capitalistas, sino también a la propia separación que subsiste a través de la forma mercancía. Es decir, no nombraría únicamente un fenómeno histórico, sino que además supondría un momento tan consustancial a la reproducción capitalista en todas las épocas, como “reactualizable” por medio de una amplia gama de mecanismos de “despojo”. En consecuencia, si bien en estos enfoques subsiste la distinción entre enajenación de medios de producción y acumulación mediada por la relación salarial, la homologación entre “acumulación primitiva” y “separación” tiende a suplantar la diferenciación lógica e histórica entre ambas por otra cuyos criterios serían las “condiciones” y los “medios”.

Esta conversión de la “acumulación primitiva” en una categoría transhistórica indujo a errores en el análisis. Vista a través de este prisma, la mercantilización propia de las políticas neoliberales fue interpretada como una nueva ola de “cercamientos” expropiatorios instigada por la burguesía a través del Estado. El inconveniente es que esta perspectiva entraña una doble confusión. Por un lado, las relaciones sociales “estatalizadas” y en diverso grado sustraídas a la valorización de capital durante la vigencia del “pacto” fordista-keynesiano, son conceptualizadas como “bienes comunes”, cuando, en rigor, “lo estatal” ya ha sido fruto de una desposesión [ver Holloway y Picciotto 1978]. Por el otro, el corazón de la ofensiva global de la burguesía fue el sometimiento de los trabajadores a la disciplina del mercado. Su mecanismo privilegiado no residió en la violencia extraeconómica característica de la “acumulación originaria” sino en la política monetaria [Bonnet 2007].

El segundo problema que identificamos se relaciona con la introducción de una novedad conceptual que tiende a desgarrar la ligazón orgánica entre “desposesión” y “explotación” sobre la que se funda la categoría acumulación. The New Imperialism [2007a] supone una continuidad del trabajo de Harvey [2005; 2007b; 2008] respecto del crónico problema de sobreacumulación que, desde mediados de los setenta, aqueja al capitalismo a nivel mundial. Harvey también asume que, en las últimas décadas, los excedentes ociosos de capital han podido ser parcialmente canalizados en forma rentable gracias a una masiva liberación y apropiación de activos sociales mediante prácticas similares a las enumeradas por Marx en el análisis de la acumulación originaria. Sin embargo, dada la vigencia de estos mecanismos, el autor opta por sustituir los términos “originaria” o “primitiva” por el concepto de “acumulación por desposesión”. De esta manera, pretende distinguir los procesos históricos de transición entre modos de producción, de aquellos mecanismos que operan tanto al interior como en los márgenes de relaciones capitalistas plenamente constituidas.

Es posible observar el desgarramiento producido por la categoría “acumulación por desposesión” en dos planos complementarios. En la consideración de la dinámica global de la acumulación, el análisis de Harvey tiende a dar centralidad a los fenómenos de apropiación extraeconómica, en lugar de integrarlos subordinadamente a la primacía lógica de la explotación económica capitalista y a la generalización de la relación salarial como fenómeno dominante de la mundialización del capital [Astarita 2004]. La contracara de la sobreestimación de las “prácticas predatorias” de acumulación es la subestimación del antagonismo de clase como fundamento de las grandes tendencias que dominan el movimiento de la sociedad capitalista. En efecto, por momentos el planteo parece desplazar el eje central de conflicto desde la contradicción capital/trabajo hacia la confrontación entre el capitalismo y las formas que le son “exteriores”.

Acumulación originaria y acumulación por medios extraeconómicos

La deriva común de estos dos problemas es el obscurecimiento del núcleo del planteo de Marx y Luxemburgo. En la perspectiva de ambos autores, los medios extraeconómicos se relacionan orgánicamente con la lógica de la producción de plusvalor y, en virtud de tal relación, asumen un carácter extraordinario en la dinámica de la acumulación. Consideramos que esta conceptualización se ve reflejada en la base empírica de nuestro caso, por cuanto allí se observa que el proceso que tiende a disolver las relaciones ancestrales-comunitarias es la explotación capitalista de Loma La Lata.

En el capítulo XXIV del tomo I de El Capital, Marx analiza el proceso histórico de escisión entre productores y medios de producción, génesis del proletariado emancipado de las ataduras feudales vis-à-vis la conversión de los medios de reproducción de la vida en capital valorizable. Esta acumulación primera o primigenia se denomina “originaria”, precisamente, porque se encuentra en la “prehistoria del capital” y constituye su punto de partida y presupuesto necesario.

[L]a acumulación del capital presupone el plusvalor, el plusvalor la producción capitalista, y ésta la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. Todo el proceso, pues, parece suponer una acumulación “originaria” previa a la acumulación capitalista (…), una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida [2006: 891].

La acumulación originaria tomó su forma “clásica” en Inglaterra entre los siglos XV y XVIII. En el marco del sistema colonial, la guerra comercial y el desarrollo de los mecanismos de crédito y endeudamiento, la peculiar estructura de relaciones de propiedad de la campiña inglesa no sólo indujo a terratenientes y campesinos a la producción competitiva sobre la base de la especialización, la innovación y la acumulación de capital, sino que también desató un masivo y prolongado proceso de desposesión y cercamiento de tierras [Brenner 1976]. Con la expansión de la propiedad privada y la proletarización fruto de este despojo, se consolidaron tanto las modalidades “puramente económicas” de extracción de excedentes en la producción agraria e industrial, como el Estado moderno en cuanto forma política del capital e instancia particularizada del ejercicio de la coerción armada [Wood 2002].

Conceptualmente, entonces, la acumulación por medios extraeconómicos puede entenderse en dos sentidos. Por un lado, como momento de la génesis de las relaciones sociales capitalistas. La acumulación originaria es constitutiva de la categoría “capital”, pues ella “presupone cierta acumulación, que ya está implícita en la antítesis autónoma entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo” [Marx 2009: 260]. Como presupuesto, la escisión violenta pertenece al pasado del capital “y por tanto a la historia de su formación, pero de ningún modo a su historia contemporánea, es decir, no pertenecen al sistema real del modo de producción dominado por el capital” [2009: 420]. Marx es bastante preciso, en este sentido, respecto de los alcances de la categoría. Antes del capítulo XXIV, advierte que podemos “denominarla acumulación originaria, porque en vez de resultado histórico es fundamento histórico de la producción específicamente capitalista” [2006: 776]. Luego, al tratar este problema, insiste en que se la denomina “‘originaria’ porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo” [2006: 893].

Ahora bien, de esto no se deduce “que tengamos que considerar al proceso de separación entre los trabajadores y los medios de producción, que constituye la esencia de esa acumulación, como un hecho concluido de una vez y para siempre” [Rosdolsky 2004: 317]. La apelación a la violencia como medio de acumulación puede presentarse, al mismo tiempo, como resultado del capital que, “partiendo de sí mismo, produce los supuestos de su conservación y crecimiento” [Marx 2009: 421]. Se trata, sin embargo, de un resultado extraordinario. Cuando el capital ya es su propio presupuesto, la separación se reproduce primariamente bajo la lógica del fetichismo de la mercancía, la relación salarial y las compulsiones del mercado.

...la coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la dominación del capitalista sobre el obrero. Sigue usándose, siempre, la violencia directa, extraeconómica, pero sólo excepcionalmente. Para el curso usual de las cosas es posible confiar el obrero a las “leyes naturales de la producción” [Marx 2006: 950].

Por esta razón, la acumulación primitiva, necesaria para el devenir del capital e incorporada como un momento de su concepto, “ha de distinguirse radicalmente de la acumulación de capital que ha llegado a ser capital, para la cual tienen que existir capitales previamente (el resaltado me pertenece) [Marx 2009: 261]. Una vez existente el capital, el “curso usual de las cosas” conserva y amplía la escisión, pero en virtud de la propia explotación capitalista y la capitalización del plusvalor. Lo que en la acumulación originaria es un fenómeno histórico particular, se transforma así, mediante otra lógica, en un “proceso recurrente”.

Si (…) la transformación del dinero en capital supone un proceso histórico, que ha separado las condiciones objetivas del trabajo, que las ha autonomizado contra los trabajadores, por otra parte, el efecto del capital, una vez que él ya ha surgido, y su proceso, consisten en someter toda la producción y en desarrollar y extender por todas partes la separación (…) entre el trabajo y las condiciones objetivas del trabajo. Se verá en el desarrollo posterior cómo el capital aniquila el trabajo artesanal, a la pequeña propiedad de la tierra en la que el propietario trabaja, etc., y a sí mismo en aquellas formas en que no aparece en oposición al trabajo (…) y en las especies intermedias, híbridas, situadas entre los modos de producción antiguos (…) y el modo de producción clásico, adecuado, del capital mismo [Marx 2009: 475].

En este sentido, la separación es la relación de capital y su perpetuación es el proceso de acumulación. Por un lado, no resulta pertinente “estirar” la categoría de “acumulación originaria” para dar cuenta de la reproducción continua de la separación en cuanto que fundamento de la relación social; por el otro, parece superfluo introducir un nuevo concepto para aprehender fenómenos extraordinarios de expropiación, pues éstos se encuentran supuestos y contenidos en la propia “acumulación de capital”.

Esta escisión entre las condiciones de trabajo, por una parte, y los productores, por la otra, es lo que constituye el concepto del capital: se inaugura con la acumulación originaria, aparece luego como proceso constante en la acumulación y concentración del capital y se manifiesta aquí finalmente como centralización de capitales ya existentes en pocas manos y descapitalización de muchos (...) La acumulación del capital, verdadero fundamento del capital, presupone, por consiguiente, la relación capital-trabajo asalariado. Reproduce en una escala cada vez más amplia la separación y la fijación de la riqueza enfrentada al trabajo [Marx (Engels) 2007: 316].

Como se desprende del capítulo XXV del tomo I de El Capital —“La teoría moderna de la colonización”—, Marx no resulta indiferente ante la posibilidad de que, partiendo de sí mismo, el capital abra nuevos espacios para la valorización mediante mecanismos violentos. Ahora bien, encontrándose él ya presupuesto, el proceso mismo no puede estar sino dominado por la lógica de la valorización, y, en virtud de tal dominio, adoptar un carácter extraordinario.

Aunque en el marco de una crítica a los esquemas de reproducción que resultó finalmente desmentida, Luxemburgo presenta una correcta comprensión conceptual de este problema. La autora sostiene que la acumulación de capital requiere tanto de grupos sociales distintos al capital y al trabajo, como de espacios geográficos no capitalistas que formen nuevos mercados de materias primas y mano de obra. En este sentido,

...la producción capitalista ha estado calculada, en cuanto a sus formas de movimiento y leyes, desde el principio sobre la base de la tierra entera como almacén de fuerzas productivas. En su impulso hacia la apropiación de fuerzas productivas para fines de explotación, el capital recorre el mundo entero (el resaltado me pertenece) [Luxemburgo 1968: 323].

Así pues, la reproducción ampliada bajo el dominio de la ley del valor en los países centrales sólo sería posible recreando la escisión en el mundo no capitalista. Independientemente de la pertinencia actual de la división del mundo entre metrópolis y regiones periféricas, lo medular del planteo es que aquí “no se trata ya de la acumulación primitiva, sino de una continuación del proceso hasta hoy”, pues, ante los obstáculos que imponen las modalidades no capitalistas de reproducción social, “el capital no tiene (…) más solución que la violencia, que constituye un método constante de acumulación de capital en el proceso histórico, no sólo en su génesis, sino en todo tiempo, hasta el día de hoy” (el resaltado me pertenece) [ibíd.: 336-337].

Para Luxemburgo, existe un vínculo indivisible entre “desposesión” y explotación económica. En consecuencia, la reiteración y proliferación de fenómenos de apropiación violenta de fuerzas productivas, no conduce a su “autonomización” en cuanto lógica de acumulación, sino que supone y parte de un entrelazamiento orgánico con la explotación que se desarrolla bajo la “coerción sorda” de las relaciones económicas.

Por consiguiente, la acumulación capitalista tiene, como todo proceso histórico concreto, dos aspectos distintos. De un lado, tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía (…) Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados, pero que en ambas partes, en la fábrica como en el mercado, se mueve exclusivamente dentro de los límites del cambio de mercancías, del cambio de equivalencias. Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas, y era menester la dialéctica afilada de un análisis científico para descubrir, cómo en la acumulación, el derecho de propiedad se convierte en apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clases. El otro aspecto de la acumulación del capital se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aquí reinan como métodos, la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña (el resaltado me pertenece) [ibíd.: 420-421].

Relectura conceptualmente informada

Entonces, en cuanto que dimensión de la acumulación capitalista, los mecanismos “extraeconómicos” no son sino resultado de la lógica de la relación social del capital. Este es un vínculo que, especialmente a partir del planteo de Harvey, puede tender a debilitarse. Desde la perspectiva de Marx y Luxemburgo, en cambio, el análisis de la disolución de relaciones sociales alternativas —así como de otros fenómenos de apropiación violenta— es inescindible de la consideración su otro momento, el proceso económico de producción de plusvalor. Especifiquemos este planteo en la siguiente reposición.

En nuestro caso, el confinamiento espacial inicial de los Kaxipayiñ y Paynemil tiene su origen en la propia consolidación del Estado y el capitalismo argentinos a través del ejercicio de la coerción, el aseguramiento de las fronteras y el cercamiento de tierras. Con la Conquista del Desierto, culmina la “acumulación originaria” en cuanto tal. Luego, lo que se observa es que un factor inmediato de la disolución de las relaciones comunitarias en la “boca del pozo” está dado por la propia acumulación de YPF en cuanto que capital individual. Debido a las peculiaridades de la industria petrolera, la producción de una masa acrecentada de valor en esta rama supone tanto la expansión como la intensificación de las actividades en los yacimientos. Como hemos planteado, resulta una hipótesis plausible que la mayor parte de los impactos socio-ambientales reseñados se debiera, particularmente, a la lógica de valorización de las concesiones abierta por las reformas neoliberales. Si existe una verificada correlación entre el aumento de la producción de hidrocarburos y la magnificación del daño ambiental, es posible considerar, en efecto, que la apropiación de la naturaleza consustancial a la actividad de YPF como capital, tendió a ampliar, a través de distintos medios más o menos violentos e inmediatos, la “separación” entre los comuneros mapuche y sus medios de producción y subsistencia.

El segundo factor de separación, en cambio, refiere a la dinámica general de reproducción de las relaciones sociales capitalistas, y nos coloca específicamente en el planteo de Luxemburgo. La apropiación de los recursos de Loma La Lata —así como el conjunto de la actividad petrolera— debe considerarse funcional al mantenimiento de las “condiciones materiales generales de la producción” [Hirsch 1978]. Por efecto del antagonismo de clase y las compulsiones del mercado, la organización capitalista del trabajo avanza hacia un perfeccionamiento de su base científico-técnica, así como hacia una aceleración de la producción y circulación de objetos de uso. Ello supone que, en cuanto proceso “termodinámico”, la totalidad de la reproducción capitalista tienda a una creciente incorporación de materia y energía [Pérez Roig 2016]. En Argentina, como mencionamos, la satisfacción de este prerrequisito material implicó, en parte, una progresiva “gasificación” de la matriz energética para la cual Loma La Lata fue, indudablemente, “un almacén de fuerzas productivas para fines de explotación”. En este sentido, si la disolución de relaciones comunitarias fue resultado inmediato de la actividad de YPF como capital individual, a su vez, también es cierto que, específicamente mediada por la intervención del Estado en cuanto que “garante” de los prerrequisitos materiales de la producción, aquella ruptura de vínculos sociales también resultó instigada a través de distintos medios por la satisfacción de las necesidades energéticas generales del “modo de acumulación” de capital.

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo hemos abordado un caso paradigmático de nuestro campo de estudio, a partir de cuya base empírica consideramos posible plantear una serie de hipótesis conceptuales y de investigación.

En primer lugar, vimos que el desembarco y la actividad económica de YPF en territorio comunitario supusieron una ruptura y una transformación del vínculo ancestral que los Kaxipayiñ y Paynemil mantenían con sus medios de producción y subsistencia. Más allá de la adopción de distintas medidas compensatorias, este proceso cobró una decidida lógica expropiatoria. Por un lado, los mecanismos más “sutiles” de disolución y diferenciación social vehiculizados a través del dinero, fueron posibilitados por el progresivo deterioro del ambiente, base de sustentación económica y articulación política, cultural e identitaria de las comunidades. Por el otro, todo ello supuso un desconocimiento de la ocupación territorial originaria de los mapuche, cuya ultima ratio fue la amenaza o la coacción directa del Estado. Vimos que, en su versión más desembozada, esta garantía se expresó en la militarización del territorio y en el aseguramiento por vía represiva de la “normal” explotación del yacimiento.

En segundo lugar, inscribimos este caso en el debate acerca de la vigencia de los medios extraeconómicos como mecanismos de acumulación. Nuestro interés aquí fue abrir una polémica respecto de la identificación de dos problemas: la conversión de la “acumulación originaria” en una categoría transhistórica y la introducción de un nuevo concepto que tiende a generar una discontinuidad entre las lógicas comprendidas por la acumulación de capital. Como primera aproximación a esta discusión, trabajamos con las conceptualizaciones de Marx y Luxemburgo. En ambos casos, vimos que la “acumulación originaria” refiere a un proceso histórico complejo de constitución de las relaciones sociales capitalistas y sus formas. Sin embargo, ello no implica que, una vez producida esa génesis, deban considerarse perimidos los procesos de acumulación por medios extraeconómicos. En realidad, debemos retener que el núcleo de las argumentaciones de Marx y Luxemburgo sobre este tema es que dichos mecanismos se entrelazan orgánicamente con la producción de plusvalor, es decir, con la lógica específicamente capitalista de producción y apropiación de excedentes económicos. Es en virtud de tal entrelazamiento que se encuentran subordinados y adquieren un carácter extraordinario.

Entendemos que esta hipótesis conceptual se ha visibilizado en el desarrollo del caso. En efecto, resulta posible afirmar que la disolución de las relaciones comunitarias en la “boca del pozo” se encuentra instigada por la explotación capitalista de Loma La Lata en dos sentidos complementarios. En un modo directo, debido a la acumulación de YPF en cuanto capital individual. No es casual, a propósito, que existan indicios acerca de la generación de mayores impactos ambientales con posterioridad a la privatización de la compañía, ni que el conflicto se agudizara en el marco de nuevos planes de desarrollo que buscaban maximizar la extracción de hidrocarburos. En un sentido más amplio, asimismo, la apropiación de los recursos de Loma La Lata debe considerarse parte de las condiciones materiales generales de la producción de capital. En Argentina, como hemos señalado, la satisfacción de este prerrequisito material derivó en una progresiva “gasificación” de la matriz energética, para la cual adquirió un carácter especialmente gravitante la explotación de Loma La Lata.

Esta primera conclusión resulta productiva de cara a nuestro futuro abordaje teórico. Allí, además de desarrollar in extenso las lecturas y problemas esquemáticamente presentados, podremos evaluar de qué manera han incidido en la “recepción latinoamericana” del debate. No son pocos quienes, en el marco de una interpretación que —genéricamente— define como “neoextractivista” el curso económico asumido por los países de la región desde comienzos del siglo XXI, han apelado de una u otra forma a la noción de despojo [Gudynas 2009; Acosta 2012; Machado Aráoz 2013; Svampa 2013; entre otros]. Prima facie, en esta perspectiva parecen exasperarse las aporías de las conceptualizaciones anteriores: la desposesión ocuparía definitivamente el lugar de la explotación económica como lógica dominante de la acumulación; el centro de gravedad del conflicto se desplazaría desde la contradicción capital/trabajo tanto hacia la expropiación/defensa de los “bienes comunes” —entendidos en un sentido amplio—, como hacia la gestación/ruptura de vínculos “neocoloniales” entre Estados; y la presunción de una inserción regional homogénea en el mercado mundial en base a la exportación a gran escala de diversos commodities, conduciría a una lectura del “régimen de acumulación” basada en la esfera de la circulación, en lugar de partir de la conformada por la producción.

En este sentido, será pertinente indagar y contrastar cómo nuestra conclusión acerca de la existencia de un vínculo orgánico entre explotación y despojo toma cuerpo ya no en un caso o en un sector específico de la producción, sino en una concepción más amplia del desarrollo capitalista contemporáneo. Ello supondrá abrir y enriquecer el debate mediante la incorporación de otro tipo de consideraciones, tanto metodológicas, respecto de las relaciones sociales de producción como punto de partida analítico y sus consecuencias para el recorte de la unidad de análisis, como conceptuales, a propósito de la relación abstracta e histórico-concreta entre Estado y capital.

 Citas

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