Territorialidades indígenas y la recreación extractivista del colonialismo interno en Bolivia
Indigenous territorialities and the extractive recreation of internal colonialism in Bolivia
Pabel Camilo López Flores*
Recibido: 04 de enero de 2018
Aceptado: 13 de junio de 2018
ResumenLos ‘procesos de cambio’ político-estatal que se abrieron la década pasada en la región, fueron resultado de movimientos societales, en particular de movimientos territorializados de matriz comunitaria-indígena, siendo referentes y generadores de procesos constituyentes e instalando imaginarios de descolonización, de construcción de ‘Estados Plurinacionales’ y de alternativas al “desarrollo”. En Bolivia, esos imaginarios hace algunos años se encuentran en una profunda crisis y fractura. Así, se evidencian fuertes contradicciones, rupturas y grandes retrocesos en torno a los sentidos del ‘Estado Plurinacional’ a partir de la orientación del antes autodenominado ‘gobierno de los movimientos sociales’ que es desmentido e impugnado por el horizonte extractivista de las políticas gubernamentales y de una tendencia monológica y autoritaria del manejo estatal, que entra en fuerte tensión con pueblos indígenas y movimientos societales de base comunitaria, con sus reivindicaciones y con sus territorialidades, los mismos que vuelven nuevamente a impugnar la dirección del Estado. Se propone una lectura crítica del contexto boliviano alrededor de disputas societales por el territorio en las tierras bajas, frente a políticas extractivistas del gobierno del MAS con una orientación del Estado que está recreando formas de ‘colonialismo interno’ mediante una modalidad de recolonización territorial. Palabras clave: descolonización — territorialidad indígena – extractivismo — colonialismo interno – recolonización territorial AbstractThe processes of’ of political-public change that opened up in the last decade in the region were the result of societal movements, in particular of the indigenous-territorial movements. Such movements are the referents and the generators of the constituent processes which install imaginaries of decolonization, construction of ‘Pluri-national States’ and alternatives to ‘development’. In Bolivia, these imaginaries have been in a deep crisis and fracture for some years. Currently, there are stronger contradictions, ruptures and setbacks around the senses of the ‘Pluri-national State’ of the orientation of the self-called “government of social movements” . This government is denied by the extractivist horizon of government policies and by a monological trend in the state management, which is in strong tension with the indigenous peoples and social communitarian movements: with their rights and their territorialities, the same ones who challenge the direction of the State. I propose a critical reading of the Bolivian current context around the social disputes for the territory in the lowlands, in the context of intensification of extractive policies of MAS government and an orientation of the State that would be recreating the forms of ‘internal colonialism’ and modalities of territorial re-colonization. Key words: decolonization — indigenous territoriality – extractivismo — internal colonialism — territorial re-colonization |
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Introducción
En los últimos años se hizo evidente asistir a una época de continuidades, contradicciones, repliegues y/o retrocesos de los procesos de transformación política que se manifestaron la década pasada en diversos contextos de América del Sur, en donde casi la mayoría de los países de la región presentan procesos caracterizados por la generalización y consolidación de modelos económicos de base extractivistas. Así, el actual contexto de América del Sur continuaría expresando una expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera energética, petrolera, minera, forestal, agroindustrial, biogenética, entre las predominantes. Dicha expansión, dentro de las nuevas espacialidades y reconfiguraciones del capitalismo en la región, ha generado transformaciones sociales y territoriales de gran magnitud, en la medida en que se reorienta completamente la economía de grandes espacios territoriales en la región y de pueblos enteros, así como de sus territorialidades, cultura y formas de vida, precisamente a partir de políticas extractivistas y actividades de explotación/exportación de materias primas y procesos de despojo territorial y socio-cultural, con fuertes efectos sobre poblaciones locales de base rural y de matriz comunitaria que se encuentran ancestralmente arraigadas al territorio, amenazando en el corto y mediano plazo la sustentabilidad ecológica de esos espacios y de sus socio-ecosistemas y sus condiciones de reproducción.
Así, a partir de las nuevas modalidades que ha adoptado la lógica de acumulación del capital en el mundo, bajo formas de “acumulación por desposesión” [Harvey 2004], asistimos, de manera particular y específica a una nueva inflexión de una dimensión social auto-organizativa en América latina [Svampa 2011], a través de la cual el territorio aparece en el centro de disputas, reivindicaciones, demandas y acciones colectivas de sujetos comunitarios. De ese modo, se generan en esos territorios y espacios locales una ola de resistencias sociales, identificados como conflictos socio-ambientales [Alier 2004] y re-activando a la vez movimientos socioterritoriales y anticoloniales, y por tanto, movimientos societales [Tapia 2008], que surgen en las últimas décadas en la región a partir de los que algunos autores denominaron el ‘giro eco-territorial’ de los movimientos sociales en América Latina [Svampa 2011]. En ésta dimensión territorial re-emergen gran parte de los movimientos sociales en la región, a partir de la tensión que se produce entre la concepción del territorio como espacio de reproducción social en donde se desarrollan una diversidad de prácticas sociales, económicas y culturales, de frente a dinámicas y políticas extractivistas. Así, al ser atacados sus espacios históricos, ancestrales y comunitarios, muchos pueblos y comunidades indígenas, en tanto movimientos territorializados, reaccionan como forma de defensa y resistencia, generando un fenómeno de reconstrucción socioterritorial y de activación de antiguas y/o generación de “nuevas territorialidades” [Porto-Gonçalves 2010].
En este escenario, en los últimos años los denominados “procesos de cambio” en la región se han consolidado dentro de una tendencia económica subcontinental marcada por la expansión de modelos de desarrollo basados en la extracción/exportación de “recursos naturales” como materias primas en base a las exigencias del mercado internacional, con un rol central de los Estados en esas dinámicas. Así, existirían hoy grandes distancias, separaciones y enfrentamientos entre los movimientos en resistencia, en particular de pueblos y organizaciones indígenas, frente a la orientación y actuación de los llamados “gobiernos progresistas”. En los países de la región con procesos que en su momento fueron considerados paradigmáticos, como Bolivia y Ecuador, las nociones de “crecimiento”, “progreso”, “desarrollo”, “exportación”, etc., continuarían hoy en la base del modelo de economía y las políticas estatales. Por lo tanto, la gran expectativa de que discursos anti-neoliberales, anti-imperialistas y/o anti-capitalistas produjesen reorientaciones básicas en las lógicas extractivistas, que históricamente caracterizaron la inserción dependiente de las economías del subcontinente en el mercado global, no solo no habría ocurrido [Lander 2012] sino que, contrariamente, con estos gobiernos se ha acentuado y expandido la extracción y “despojo” a los “bienes comunes” de la naturaleza y de los pueblos.
Específicamente en Bolivia, el horizonte de transformación estatal que fue abierto a partir de ciclos de movilización social en la década pasada y que tuvo la premisa de la descolonización del Estado como condición para la construcción de un “Estado Plurinacional” dentro de una “coyuntura fundante” [Zavaleta 2009] fue producto de la potencia y resistencia de memorias de culturas y pueblos indígenas y originarios acumuladas durante siglos y décadas de dominación colonial, republicana, nacionalista y neoliberal, que emergieron de manera contundente a finales del siglo XX y que, aún hoy, continúan manifestándose como espacios comunitarios de resistencia y núcleos territoriales de contra-hegemonía societal [Tapia 2011] frente al Estado y a sus políticas de despojo en los territorios.
En ese contexto, en el marco del nuevo marco jurídico-político y territorial establecido por el actual texto constitucional boliviano resultado del proceso constituyente en el decenio anterior, el actual carácter de ‘plurinacionalidad’ del Estado tiene como uno de sus ejes centrales el reconocimiento de la pre-existencia de pueblos originarios, de sus territorios ancestrales y del principio de autodeterminación, así como el mandato de implementación de ‘autonomías indígenas’, como una modalidad concreta para la trasformación y descolonización de la estructura estatal que asume, al menos declarativamente, una matriz social comunitaria, originaria y de civilización agraria, es decir reconocería, en cierta medida, la “condición multisocietal” de Bolivia [Tapia 2002] y la necesidad de desmontar esquemas históricos de colonialismo interno [González Casanova 1969]. Sin embargo, a partir del periodo que podríamos llamar post-constituyente en el país, desde estructuras gubernativas del Estado se fueron imponiendo e implementando políticas económicas extractivistas que estarían contradiciendo y desmintiendo el sentido de los mencionados principios constitucionales, así como el alcance de las autonomías indígenas.
En ese contexto, en estos últimos años en Bolivia se vienen produciendo conflictos y movilizaciones sociales de mucha intensidad, de particular modo en las llamadas ‘tierras bajas’ del país, en torno a la defensa de territorios y que son protagonizados por movimientos de base territorial comunitaria y por pueblos y organizaciones indígenas. Algunos de estos conflictos y movimientos se encuentran actualmente vigentes, en situación de resistencia y en dinámicas de lucha, los mismos que estarían expresando acciones de defensa, movilización y disputas socio-territorial frente a políticas extractivistas del gobierno del MAS. Entre los más recientes y expresivos de dichos movimientos se destaca el conflicto en torno a la defensa indígena del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isibóro Secure) en parte de la región amazónica del país, que tuvo como su máximo momento de emergencia y visibilización en dos marchas indígenas (2011 y 2012) en defensa de este territorio frente a planes gubernamentales de imposición inconsulta de una carretera como parte de proyectos geopolíticos de infraestructura destinada a la extracción. Asimismo, otro de estos movimientos de resistencia territorial se manifiesta con la lucha por los derechos territoriales y la autonomía indígena en la región del Chaco boliviano por parte de la Nación Guaraní y sus organizaciones, frente a políticas gubernamentales, por un lado, dirigidas a limitar y subordinar a la autonomía indígena de este pueblo y, por otro lado, desplegadas como intervenciones directas para garantizar proyectos de extracción, vulnerando derechos colectivos y territoriales reconocidos.
Estos movimientos de resistencia territorial indígena en las tierras bajas de Bolivia han generado acciones colectivas de defensa por parte de las poblaciones indígenas frente a las actuales las políticas extractivistas del gobierno boliviano y a intervenciones represivas para imponerlas, lo que muestra evidentes contradicciones, retrocesos y disputas en torno al sentido y alcance de la “plurinacionalidad” del Estado y al imaginario del tan evocado “Vivir Bien”; por un lado con la imposición de una visión estatal y gubernamental de desarrollo y; por otro lado, con visiones de actores socioterritoriales indígenas que reivindican el derecho colectivo a la autodeterminación, al autogobierno, al respeto de sus formas ancestrales y comunitarias, o simplemente a preservar su territorialidad ancestral como condición fundamental para la reproducción de su vida como pueblos.
Esta tendencia, es la que se propone abordar y problematizar en este texto, apuntando a dar cuenta de las actuales modalidades de recolonización de territorios y de recreación de formas de colonialismo interno en Bolivia. Precisamente, el propósito de este breve escrito es desarrollar una breve lectura del actual y reciente contexto boliviano, precisando específicamente su ubicación en un escenario regional de acentuación y expansión extractivista y a nivel interno en relación a la reconfiguración sociopolítica y geopolítica que se está desplegando, lo que permite problematizar el sentido de políticas estales-gubernamentales con algunos de los postulados de la actual Constitución Política del Estado, las características y orientaciones que han tomado dichas políticas, lo que permite plantear la hipótesis sobre un proceso recolonización territorial en marcha. Para esta tarea, nos planteamos retomar las nociones de ‘movimiento societal’ [Tapia 2008], la de extractivismo (o más específicamente de neo-extractivismo) y reactualizar la categoría de ‘colonialismo interno’ propuesta en los 60s por Gonzales Casanova.
Territorialidades en disputa: resistencia comunitaria frente a la expansión extractivista
El subcontinente latinoamericano en la década pasada habría consolidado su condición secular, colonial y dependiente de abastecedor de materias primas al mercado global, en el marco de lo que se ha denominado como el nuevo “consenso de los commodities” [Svampa 2013], que marco el ingreso de la región en un orden económico y político-ideológico que produjo y produce nuevas asimetrías y conflictos socio-culturales, territoriales y ambientales. El avance del modelo extractivo implica una compleja reconfiguración territorial, a través de la cual los emprendimientos transforman las actividades tradicionales y la vida misma de las comunidades que habitan los territorios adyacentes al espacio productivo. En ese sentido la promesa de progreso y desarrollo se entrelaza con el extractivismo como la única salida posible para el despegue de los países latinoamericanos. En ese sentido, los últimos años se vino debatiendo en torno a lo que algunos autores denominaron como el “neoextractivismo en América del Sur”, [1] el cual se caracteriza básicamente por: a) la producción de commodities con el fin de ser exportados al mercado internacional; b) la generación de importantes impactos socio-ambientales; c) el impulso de proyectos de gran escala; d) el involucramiento de grandes empresas trasnacionales; e) El papel central que juegan los Estados y gobiernos (a diferencia del periodo neoliberal) en el control de execendetes provenientes de los procesos extractivos y; f) la generación de economías externas y grandes rentabilidades para las corporaciones [Gudynas 2009, Svampa 2011, Acosta 2011, Lander 2012], donde regiones como los Andes y la Amazonía que habían quedado relativamente al margen de los de los procesos económicos impulsados desde el mercado capitalista transnacional durante el periodo neoliberal, serán en la actualidad prioritariamente ocupados y sometidos al “valor” del mercado y de la inversión de capitales transnacionales [Daza, Hoetmer y Vargas 2012] y como espacios territoriales objeto de dinámicas de despojo, negando de ese modo que en esos espacios locales ya existen (existían) actividades sociales, ecológicas, económicas, productivas y territorialidades construidas históricamente y que contienen un conjunto de identidades colectivas, relaciones sociales, prácticas culturales. Una muestra de ello sería la situación de los pueblos indígenas que luchan específicamente por la defensa de sus derechos culturales, económicos y territoriales ante el avance de políticas económicas basadas en el despojo y la imposición de ‘territorialidades extractivas’ [Giarracca en Wharen 2011], en tanto proceso que habría producido nuevos desplazamientos, colocando en el centro de disputa el territorio, el medio-ambiente y las condiciones de vida de pueblos indígenas y comunidades rurales.
Asimismo, desde principios del presente siglo fuertes olas de movilización social y procesos de cambios políticos en América Latina han reconfigurado el contexto general de la región, implicando en algunos casos procesos de cambios político-estatales que se han caracterizado, entre otros aspectos, por el protagonismo de movimientos con matrices comunitarias y de base territorial rural, así como su capacidad de colocar en el imaginario y debate público la vigencia y continuación de relaciones políticas y socioculturales de fuerte exclusión, discriminación, subordinación y dominación históricas y sistemáticas de amplios sectores de las sociedades, particularmente gran parte de comunidades, pueblos y sujetos indígenas. Estos movimientos sociales de perfil cultural y de anclaje territorial permitieron visibilizar la persistencia en sus sociedades de nuevas formas de “colonialidad del poder” [Quijano 2000] y en particular de lo que González Casanova [1969] denominaría como “colonialismo interno”.[2] Además, estos movimientos lograron instalar en las agendas políticas de los países, reivindicaciones, demandas y propuestas que trastocaban y cuestionaban el carácter mismo de los Estado-Nación, como un producto de matriz moderno-eurocéntrica-colonial muy ajeno a realidades “multisocietales” [Tapia 2002], como en el caso de Bolivia. Estos cuestionamientos por parte de movimientos sociales habrían generado rebeliones sociales y también procesos de cambio y transformación, tanto a nivel estructural (político-jurídico-territorial) como a nivel de los imaginarios colectivos en algunos países, aunque estas transformaciones sean hasta ahora de carácter más declarativo (enunciados constitucionales) que cambios materiales reales (en las estructuras institucionales y territoriales del estado). En ese sentido, en los últimos 20 años se fueron gestando y en algunos casos materializando reivindicaciones y propuestas de carácter y densidad societal a través de la irrupción de “movimientos societales” [Tapia 2008], en algunos casos manifestadas a través de formas de defensa socioterritorial y de reivindicación del derecho de autodeterminación y, en otros casos, a través del ejercicio de autogobierno y/o de reconstitución de territorialidades y formas políticas ancestrales.
En esa perspectiva, resulta útil una lectura territorializada de algunos movimientos sociales, en particular de movimientos con reivindicaciones societales y étnico-territoriales como los movimientos indígenas, que re-emergen en la región, como en el caso específico de Bolivia, en tanto sujetos sociales y políticos territorializados, a partir de la defensa de su territorialidad, entendida tanto como derecho colectivo y como condición de reproducción de sus formas de vida, esto es como “mundos de vida” [Leff 2010], significando en algunos casos la conformación de escenarios de “disputa territorial” entre estos movimientos indígenas y otros actores con presencia en el territorio, en particular frente a las dinámicas de despojo y frente a determinadas políticas del propio Estados y gobierno.
En ese sentido, el “anclaje territorial” sería una de las características singulares de los actuales movimientos sociales en la región, esta re-territorialización social, en parte, sería producto del avance del capital y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación [Zibechi 2003], pero sería también una apuesta de los propios movimientos que recuperan y resignifican políticamente sus territorios al tiempo que resignifican políticamente sus identidades en particular modo como indígenas. Así, para estos movimientos sociales y sujetos políticos el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales [Svampa 2011]. Así, los movimientos sociales territorializados o socioterritoriales van formándose en tensiones y contradicciones que los enfrentan a los poderosos (sea los agentes del capital o el propio Estado), pero también “con/contra” otros actores; las instituciones, colonos, los sindicatos, los partidos políticos, etc. [Porto-Gonçalves 2001: 215]. De ese modo, los movimientos socio-territoriales van construyendo nuevas identidades políticas y culturales en el territorio, re-significando territorios y territorialidades. En ese sentido, en la dimensión de la territorialidad, que aquí nos interesa es la presencia del territorio y la cultura de los actores ‘subalternos’ en los intersticios de las relaciones de dominación [Zibechi 2003], son las que habilitarían, por ejemplo, procesos de defensa de derechos colectivos y territoriales (como el derecho de consulta previa), así como los procesos autonómicos indígenas.
Es posible señalar entonces que muchos de los movimientos socioterritoriales se constituyen como actores políticos en resistencia y despliegan su repertorio de movilización y acción colectiva territorializada, frente a la presencia de procesos de desterritorialización desplegados por actividades de extracción de “recursos naturales” en sus territorios. A esas dinámicas de despojo se las podría denominar como “territorialidad extractiva” [Giarracca en Wahren 2011], en tanto formas de despliegue territorial hegemónicas ligadas a las dinámicas capitalistas del que implican reconfiguraciones territoriales y cuya lógica de acumulación se encuentra marcada por el aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales y la consiguiente devastación del entorno natural y el despojo y la exclusión de los otros actores sociales que habitan ancestralmente esos territorios.
Plurinacionalidad y ‘Vivir Bien’ o Estado-Nación extractivista en Bolivia
Lo que hoy se denomina Estado Plurinacional de Bolivia, fue en parte el resultado de un proceso de acumulación histórica de ciclos de crisis, resistencia, luchas y transformaciones sociales, políticas, culturales y territoriales, que han venido sucediendo desde la época de la dominación colonial hasta nuestros días, donde los diversos momentos de la historia de este país presentan una inmensa cantidad de hechos y procesos sociopolíticos que fueron transformando los imaginarios colectivos de un país con una “conformación social abigarrada” [Zavaleta 2009] de sus entramados sociopolíticos y de relaciones entre esas diversas sociedades y el Estado. En esa línea, Luis Tapia [2002] propone pensar algunas de nuestras sociedades dando cuenta de la diversidad de realidades societales al interior de un espacio social general, como un país, a través de la noción de “multisocietal”, que este autor concibe como un término que deriva de la noción de “formación social abigarrada” de Zavaleta, que en el caso de Bolivia, es útil para describir aquellos territorios donde se han marcado fronteras en la creación de un Estado “moderno”, dentro de las cuales existen, de hecho, varios tipos de sociedad, no solo de lenguas y culturas, producto de la colonización.
Así, a partir del hecho de haberse constitucionalizado la condición plurinacional de la realidad social, cultural, política y territorial de Bolivia, se habría también reconfigurado, al menos formal y declarativamente, la modalidad de su “forma primordial” [Zavaleta 2009] que caracterizaba la conformación sociopolítica de este país, esto es, su condición estructural monocultural y mononacional. De esa manera, con la redefinición del carácter del Estado como “plurinacional” en la actual Constitución Política del Estado aprobada el 2009, también se opera, en cierta medida, una recomposición en la nomenclatura de las relaciones entre las formas político-sociales modernas (liberales) y el conjunto de las formas sociales y políticas de autogobierno de pueblos, culturas y territorialidades de matriz y estructura comunitaria con otras formas societales. Estas dinámicas de reconfiguración se expresarían, pues, desde el primer artículo de la nueva Constitución, en la fórmula de “Estado Unitario, Plurinacional, Comunitario y con Autonomías” que complejiza, aunque de modo hibrido y sin salir del eje republicano-liberal. Así, tal vez dos ejes transversales claves para entender el sentido y carácter transformador de la actual Constitución boliviana junto a la idea de plurinacionalidad están relacionados, por un lado, con la noción de descolonización que es presentada como el núcleo estratégico que marca el sentido anti-colonial tendría el texto constitucional y que recogería la histórica reivindicación de los pueblos indígenas del país; por otro lado, la noción del “Vivir Bien” como un principio y filosofía constitucional, que aparece recurrentemente a los largo del texto constitucional y que está inspirado en concepciones y cosmovisones de matriz comunitaria como el suma qamaña (en aimara), el sumak kausay (en quechua) o el teko kavi (en guaraní), etc., que fuera declarado, además, como un horizonte de una alternativa a la idea de “desarrollo” convencional y en armonía con la naturaleza.
Asimismo, uno de las principales innovaciones del actual texto constitucional boliviano tiene que ver con el rediseño político-territorial que se instituye a partir del régimen de autonomías en la nueva estructura y organización territorial del nuevo Estado Plurinacional, lo que se pensaba implicaría un proceso de desconcentración, democratización y redistribución del poder político en el territorio, ya que se suponía que el Estado cambiaría sustancialmente su carácter, ya que su diseño involucraba diversos niveles de administración con base territorial. En ese escenario, la Constitución boliviana instituyo la figura de autonomía indígena originaria campesina (AIOC) como un nivel autonómico y entidad territorial específica, estableciendo que la misma consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas, reconociendo organizaciones e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. De esta manera el actual texto constitucional boliviano incorporo, a partir de las demandas del movimiento indígena, como uno de sus núcleos de transformación político-territorial que innovan y trastocan la estructura misma del Estado a la temática de las autonomías indígenas que, en rigor, se convierten en uno de los principales ejes de re-organización territorial del Estado y que más le imprimen a éste su condición “plurinacional”.
En ese sentido, el reconocimiento constitucional de las autonomías indígenas se presentaba y proyectaba, al menos luego de aprobada la carta magna el 2009, como uno de los puntales para la concreción del Estado plurinacional; ya que implicaba no solo el reconocimiento de tipo cultural de autonomía territorial sino el desafío de descolonizar los históricos esquemas territoriales coloniales y neocoloniales de poder. Así, específicamente el carácter de “plurinacionalidad” del Estado tendría como uno de sus ejes centrales el reconocimiento y el mandato de implementación de autonomías indígenas como una propuesta y modalidad concreta para la construcción plural de una estructura estatal, asumiendo su matriz social fuertemente comunitaria, su condición ‘multisocietal’ [Tapia 2002] y de la necesidad de desmontar esquemas históricos de colonialismo interno [González Casanova 1969]. Sin embargo, desde estructuras gubernativas del actual “Estado Plurinacional” en la actualidad predominan visiones y consolidan políticas económicas basadas en modelos extractivistas, las que contradicen frontalmente los supuestos constitucionales de transformación/descolonización estatal y alcance de las autonomías político-territoriales de los pueblos indígenas, establecidas en el actual texto constitucional de este país, afectando de esa manera directamente territorios y comunidades indígenas y acabando con las condiciones de posibilidad de un estado plurinacional.
En ese sentido, la ola de expansión del horizonte contra-hegemónico que se abrió en la ‘coyuntura fundante’ boliviana a inicios del siglo XXI y produjo una asamblea constituyente y reformas estructurales del Estado en Bolivia, en la actualidad estaría volviendo a replegarse a ‘núcleos de resistencia indígena’ [Tapia 2011], lo que se habría puesto en evidencia con el conflicto del TIPNIS y más recientemente en la región del Chaco, con la clara postura del gobierno actual, serían lógicas y formas de negación y bloqueo del sentido profundo y del carácter mismo de la autonomía indígena establecida en la actual Constitución boliviana que recoge el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que reconocen el derecho fundamental de los pueblos y naciones originarias a su autodeterminación. Este principio, en los casos de resistencia y movilización de parte del pueblo Guaraní en el Chaco boliviano, como en los casos de Takovo Mora en 2015 y de la defensa indígena de las comunidades del TIPNIS en 2011–2012, es el que se habría vulnerado. Por un lado, al no haberse realizado un transparente proceso de consulta –previa, libre, informada y de buena fe– como establecen las normas nacionales e internacionales; por otro lado, desconociendo las organizaciones históricas y representativas de los pueblos indígenas y sus procesos y formas de autoridad propia y, finalmente, desconociendo y vulnerando derechos colectivos fundamentales y desplegando acciones represivas y autoritarias para la imposición de políticas gubernamentales extractivistas.
En el caso de la región del Chaco boliviano, donde el pueblo Guaraní auto-identificado como nación y organizado política y territorialmente en base sus comunidades y a sus autoridades tradicionales, reivindica desde décadas la reconstitución de su territorio ancestral, logrando incorporar en parte su demanda autonómica en la actual Constitución, durante el decenio. Sin embargo, actualmente la condición autonómica del pueblo Guaraní no lograrían consolidarse, debido tanto a obstáculos en la aprobación de sus Estatutos Autonómicos por parte del Estado, como a la vulneración a sus de derechos reconocidos, principalmente al Derecho a la Consulta en sus territorios.
En el caso del conflicto sociopolítico y territorial en torno al TIPNIS, donde el Gobierno de Bolivia dispuso la construcción de una carretera, habría hecho visible las contradicciones y disputas en torno al Estado Plurinacional y al paradigma/proyecto de matriz comunitaria denominado “Vivir Bien”; con un Gobierno que retóricamente plantea la aplicación principios económico-políticos plurales que quedarían desmentidos por el horizonte de un modelo de desarrollo extractivista predominante en las políticas estatales. Esto entraría en fuerte tensión con reivindicaciones de los actores sociales indígenas de este territorio. Este conflicto político-territorial habría puesto en fuerte evidencia las tensiones entre el Gobierno y el movimiento indígena en este país.
Así, separaciones, paradojas y retrocesos marcarán con particular tensión la coyuntura post-constituyente del llamado “proceso de cambio” en Bolivia, evidenciado los contradictorios terrenos en los que se disputa la transformación del Estado y su construcción plurinacional. De ese modo, algunas de las dualidades que Boaventura de Sousa Santos [2010] ya advertía sobre los procesos que se perfilaban como refundacionales en la región (que contraponía concepciones como: ¿recursos naturales o Pachamama?, ¿desarrollo o Vivir Bien?, ¿tierra para reforma agraria o territorio como requisito de dignidad e identidad?, ¿Estado-nación o Estado plurinacional?, ¿descentralización/desconcentración o autogobierno indígena?), encontraran en los últimos años una apuesta clara desde las orientaciones, políticas y acciones gubernamentales en el caso boliviano, donde se impone de forma autoritaria una inclinación por las opciones más conservadoras de dichas dualidades y se va relegando, desechando e instrumentalizando retóricamente los principios y contenidos más transformadores del Estado. Además de dichas dualidades, en el periodo post-constituyente boliviano, se habría pasado a una fase de “separaciones” [Tapia 2011] que ocurrieron en un periodo de despliegue de unas políticas cada vez más represivas por parte de la nueva burocracia estatal que llego al poder producto de las olas de movilización indígena.
El actual escenario que presenta parte del contexto sociopolítico en Bolivia, además de ilustrar el desenlace estatal de las mencionadas dualidades y de marcada acentuación de separaciones entre el organizaciones indígenas con el estado y dentro de la misma sociedad [Tapia 2014], también será caracterizado en torno a grandes paradojas que tienen que ver con las formas en que se desarrollan las disputas por los sentidos y la condiciones de posibilidad de la plurinacionalidad del Estado. Una de esas paradojas, tal vez la más contrastante es la que tiene que ver con la expansión y consolidación del modelo extractivista de despojo en el país, impulsado por el propio gobierno; desechando e imposibilitando principios como el Vivir Bien, la autonomía y acabando con las condiciones para la construcción de un Estado Plurinacional.
En ese sentido, estaríamos asistiendo a un contexto de retroceso y a la vez de disputa por el ejercicio de la autonomía indígena, y de la plurinacionalidad estatal en Bolivia, donde la exigencia de respeto a los supuestos y principios básicos de la plurinacionalidad establecidos en el texto constitucional proviene de sujetos indígenas que son los que la promovieron y defendieron en el proceso constituyente de la década pasada y son los que aun hoy, desde espacios de resistencia, defensa y/o construcción socioterritorial la invocan, ante la imposición unilateral y autoritaria de una modalidad estatal monológica, extractivista y anti-indígena.
Asimismo, esas paradojas actualmente se estarían configurando y desplegando en un contexto que, por un lado, presenta un escenario que se podría calificar como de “des-plurinacionalización unilateral del Estado”, por parte del propio Estado y el gobierno; que presenta una visión y accionar monológico bajo lógicas y esquemas que caracterizaron históricamente al Estado-nación y desde donde se realizaría tan solo un uso retorico e instrumental de la plurinacionalidad, mientras que en la práctica se despliega una dinámica de re-centralización mono-estatalista de la política, de la economía y de control del territorio. Por otro lado, empero, se estarían también configurando escenarios que podríamos denominar como de “re-plurinacionalización (social) del Estado”, que se manifiesta a partir de las movilizaciones, reivindicaciones, resistencias y disputas de parte de movimientos sociales territorializados, principalmente indígenas, hacia el Estado; de la demanda de cumplimiento de la Constitución; de la exigencia del respeto de las autonomías indígenas y de derechos colectivos internacional y constitucionalmente establecidos. En fin, la exigencia de una real y efectiva plurinacionalidad en y del Estado.
Diez años han pasado desde que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, y hoy transita en su tercer mandato, avalado por el 64% de los votos en diciembre 2009 y por el 61% en octubre de 2014 y, como bien señalaba Svampa [2010] son pocos los gobiernos latinoamericanos que han estado caracterizados por fuertes rupturas político-simbólicas y por conflictos sociales como este gobierno. Así, los desafíos de materializar la construcción de un “Estado Plurinacional” entra en contradicción en los últimos años, entre otras cosas, con la necesidad por parte del gobierno del MAS de ejercer un monopolio de la política mediante un “Estado nacionalista”, a partir del despliegue de una clara política de re-concentración y monopolio del poder político [Tapia 2011] en el gobierno y en torno a la figura del Presidente, lo que marcará un conflictivo entramado sociopolítico en este país los últimos años y de re-emergencia territorializada de movimientos societales.
In-conclusiones… ¿Descolonización o neocolonización territorial? La recreación del colonialismo interno en Bolivia
El horizonte de posibilidad de un proceso de descolonización del Estado, que habría sido re-abierto de forma radical desde la “crisis del Estado-nación” [Tapia 2011] que se manifiesta desde el año 2000 en Bolivia, ha venido removiendo las estructuras simbólicas y materiales del campo político boliviano, desorganizando y des-estructurando los supuestos e imaginarios sobre los que se estructuraba un Estado-nación de matriz colonial, republicana y nacionalista, y encontrará como clímax político el proceso constituyente boliviano, la realización de una asamblea constituyente (2006–2007) y la consecuente aprobación de una nueva Constitución (2009). Este momento constituyente, en tanto coyuntura fundante fue el resultado de la movilización y acción política de movimientos sociales y sujetos políticos que también fueron movimiento de sociedades, en proceso de conflicto más o menos colonial, en ese sentido movimientos societales [Tapia 2008] y, por eso mismo, anticoloniales. Se hablaría así de movimientos anticoloniales, en tanto se asume una matriz neocolonial reactivada dentro del país, en ese sentido fueron movimientos societales y anticoloniales frente a formas de colonialismo interno en Bolivia.
Serian este tipo de movimientos societales anticoloniales los que vuelven a emerger y reactivarse en los últimos años en el país, como formas de movimientos territorializados en defensa precisamente de sus territorios y territorialidades y de sus derechos colectivos ante el despliegue de políticas extractivistas de despojo territorial impulsadas desde el gobierno del MAS con virulencia desde el periodo post-constituyente boliviano y, desde el conflicto del TIPNIS, con carácter abiertamente anti-indígena y rasgos neocoloniales. En ese sentido, sería pertinente identificar los actuales movimientos socio-territoriales, que protagonizan los diversos conflictos socio-ambientales y varias expresiones de disputas de territorialidades contrapuestas y en tensión, como movimientos societales en el sentido propuesto por Tapia [2008], en tanto dichos movimientos se manifiestan a través de configuraciones de la protesta, rebelión y movilización social y política con un carácter más denso que el de un movimiento social, movilizándose un conjunto significativo de las estructuras políticas y sociales de otras sociedades para cuestionar las políticas y estructuras del Estado, a sus gobernantes y los modos de reproducir, en nuevas condiciones, la desigualdad entre pueblos y culturas [Tapia 2008: 81]. Asimismo, los actuales sujetos que se encuentran desplegando procesos de defensa territorial en Bolivia, que son fundamentalmente sujetos indígenas de matriz comunitaria y base territorial, constituyen ‘movimientos societales’ en la medida que vuelve a interpelar a las estructuras estatales y a impugnar políticas gubernamentales concretas que atentas no solo contra sus territorios y sus formas de vida sino como proyectos civilizatorios que niegan sus condiciones mismas de existencia en tanto sujetos comunitarios, ancestrales y territorializados. En esa idea, si por un lado, podría argumentarse que no son todos ni la mayoría de movimientos sociales los que contestan y cuestionan las políticas extractivistas del gobierno de Evo Morales; por otro lado, sí es posible señalar que desde el 2011 si se opera una ruptura del gobierno del MAS con las principales organizaciones matrices indígenas (al menos las dos principales como la CIDOB y la CONAMAQ), que serán quienes de manera orgánica expresaran las impugnaciones a las políticas extractivistas y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Bolivia por parte del Estado y gobierno.
En los casos de las experiencias de movimientos socioterritoriales indígenas en las tierras bajas de Bolivia, cada uno con sus particularidades, densidades y significaciones propias, es posible identificar un elemento común referido al sentido y la dimensión de descolonización como movimientos anclados en el territorio. Es decir, cómo esos movimientos sociales con narrativas territoriales en torno a la autonomía, sea expresada como resistencia territorial y/o proceso de construcción de autogobierno, tensionan y resignifican los sentidos de la territorialidad, es decir, reterritorializan, al impugnar determinadas formas de des-territorialización de parte del gobierno, de su impulso a a la acumulación extractivista y a sus dinámicas de desposesión y despojo. De ese modo, se verifican los sentidos y densidades de movimientos de carácter societal y de una faceta de movimientos de carácter anti-neocolonial.
En este sentido, movimientos territoriales indígenas surgen, por un lado, como una modalidad de reivindicación histórica de un territorio ancestral, como en el caso de la visión de reconstitución territorial de la Nación Guaraní en el Chaco boliviano, por tanto de un imaginario socioterritorial anterior al Estado-nación y la colonia. En ese sentido esta reivindicación tiene una carga histórica que cuestiona el diseño político-territorial colonial sobre el que fue organizado el territorio estatal boliviano y de des-territorialización para este pueblo. Pese a ese cuestionamiento, el pueblo Guaraní terminará reconociendo los imaginarios territoriales del actual marco estatal en Bolivia. Sin embargo, a inicios de este nuevo siglo, lo hará sobre la premisa de un nuevo “Estado plurinacional” donde se reconoce la autonomía indígena, el autogobierno y la posibilidad de ejercer formas de organización territorial y de prácticas socioculturales propias, lo que no sucederá, por los avatares, límites y candados operados desde el Estado y por la dinámica de subordinación a la que será sometido el proyecto autonómico guaraní originalmente construido desde abajo, en el territorio.
En el caso de la defensa indígena del TIPNIS, si bien la reivindicación de la territorialidad de los pueblos indígenas no se traduce en un imaginario de “reconstitución territorial” y de autogobierno, si queda claramente evidenciada la demanda de autodeterminación como derecho colectivo para decidir y definir la propia gestión de su territorio, a partir de la defensa de su territorialidad y sus propias formas de desarrollar su vida colectiva y productiva, como por ejemplo la economía étnica amazónica, desarrollada en los trabajos antropológicos de Sarela Paz [2012] y de las formas comunitarias de relación con su entorno, frente a una “territorialidad extractiva” que afectan directamente sus territorios. En ese sentido, la resistencia socioterritorial indígena en el TIPNIS estaría más bien anclada en la defensa de la territorialidad y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas que habitan este territorio, frente a procesos des-territorialización promovidos principalmente desde el Estado. Así, en la defensa del TIPNIS no se tratará sólo del cuestionamiento a un esquema territorial colonial sino de impugnar un proceso actual de des-territorialización extractiva y neocolonial. Esto sucederá casi del mismo modo en el caso de la disputa indígena del pueblo guaraní en el caso del territorio de Takovo Mora en 2015, también en la región del Chaco, donde la defensa comunitaria de su territorio reconocido tendrá como base el amparo del derecho a la consulta previa y el respeto a la condición de territorio indígena.
De ese modo, los dos casos son diversos en varios aspectos; por una parte, se recupera una memoria anticolonial de resistencia sociocultural y de reivindicación de la reconstitución territorial de un pueblo como base para su efectiva autonomía y construcción de autogobierno y; por otra parte, se defiende una territorialidad (también ancestral) en base a la exigencia del respeto al derecho de consulta y de autodeterminación y a sus formas de ejercer su territorialidad. Así, es posible evidenciar que en estas resistencias territoriales está implicada una lógica de des-territorialización donde emerge el elemento de cierta “neocolonialidad” estatal [Rivera 2014] en la forma de entender el territorio; ya sea como esquema histórico sobre el que se impone el Estado-nación territorial sobre otros imaginarios y construcciones socioterritoriales anteriores a éste, o como una actual política extractivista sobre el territorio. En ese sentido, estos movimientos societales y experiencias de resistencia indígena en las tierras bajas de Bolivia muestran, en cierta medida, formas de resistencia socioterritorial que impugnan una lógica de des-territorialización histórica de carácter colonial sobre territorios ancestrales, que en la actualidad se presentan bajo modalidades neo-coloniales de “territorialidad extractiva”.
Asimismo, no obstante el horizonte de transformación estatal y cambios históricos que se perfilaron en Bolivia en el primer decenio del presente siglo, un aspecto que parece persistir a los largo del tiempo es la recreación una y otra vez de formas de ‘colonialismo interno’ como una formas de articulación política y acumulación capitalista que re-crea de forma interna los momentos anteriores de colonialismo clásico (externo). Así, la noción de colonialismo interno, es útil para cuestionar las formas de continuidad de las condiciones coloniales en la organización de la vida social y en la relación entre sociedades al interior de la mayor parte de países latinoamericanos con presencia de otras formas socioculturales, en particular de sociedades y pueblos indígenas. En ese sentido, Rivera [2010], retomando dicha noción, precisa que el colonialismo interno ha sido y es el modo de dominación, el cual forma parte también de las relaciones establecidas por el Estado. En este sentido, habría una recreación de formas de colonialismo interno, similares a como se organizaron y produjeron desde la fundación de Bolivia como país, curiosamente en un Estado que se asume como plurinacional y descolonizador. Lo que estaría ocurriendo en Bolivia no es un proceso de cuestionamiento, negación y/o superación del colonialismo sino un proceso de su recreación, en torno principalmente la recreación del momento constitutivo colonial, que es la conversión, a través de la conquista, de pueblos agrarios a pueblos extractivistas, que es una reducción de la complejidad de la sociedad, ya que ha pueblos que habían desarrollado una complejidad de su cultura agraria, se los convierte en pueblos extractores, fundamentalmente de materias primas, es decir, son sociedades mutiladas por el colonialismo [Tapia 2014]. Esto en Bolivia se ha reproducido de manera histórica durante la república, el Estado-Nación y hoy está siendo reproducido por el actual gobierno del MAS, en ese sentido sería la recreación del momento constitutivo colonial, a su reproducción tal cual.
El modo de dominación colonial atravesaría, entonces, toda la historia de Bolivia en sus tres ciclos: el colonial, el liberal (inaugurado en el siglo XIX) y el nacionalista-populista (desde 1952), que seguiría vigente en la actualidad pese a los cambios simbólicos operados en el diseño estatal plurinacional. Así, el colonialismo interno, en el caso boliviano, sería expresión de “contradicciones de diversa profundidad” que permanecen en los ciclos históricos en la sociedad boliviana [Rivera 2010]. De este modo, el horizonte colonial proporciona una matriz de estructuras de dominación con capacidad para reelaborarse continuamente en la coexistencia perdurable con los otros horizontes. Este movimiento histórico da muestra de que las memorias colectivas se “reactivan, reelaboran y re-significan” [Rivera 2010: 39]. En esa línea, sería esa ‘memoria larga’ la que actualizaría las luchas anticoloniales contra la invasión europea, pero además, esta memoria larga es aquella que mantiene, en la actualidad, la conciencia de opresión colonial permanente sobre las sociedades indígenas y que despierta la potencia de poner en marcha procesos que desarticulen esta condición histórica de subalternidad.
En la actualidad del contexto boliviano, a partir de las experiencias de resistencia indígena mencionados, sería posible distinguir dos tipos de fuerzas y procesos en la reconstitución de la forma de dominación o del conjunto de relaciones que configuran la base de la forma de dominación que se ha denominado como colonialismo interno. Por una parte, un conjunto de prácticas políticas y de despliegue de fuerzas de organización de estructuras de dominación que son recientes –post-constituyentes–, aunque reciclarían relaciones y formas previas de dominación; habría, además un proceso de largo mediano plazo, que es posible asumirlo como un proceso de acumulación histórica. Asimismo, sería posible identificar, según esta perspectiva, un tercer componente que estaría referido a la recreación del ‘momento constitutivo del colonialismo’, que, en caso del TIPNIS y la reacción del Estado, con un proyecto extractivista, revelarían la articulación de estos tres momentos [Tapia 2014].
En ese sentido, las contradicciones que se expresan entre el texto constitucional boliviano, el discurso oficial del gobierno y las políticas realmente desplegadas por este, de manera cada vez más intensa e innegable los últimos años, ponen en evidencia el predominio de una visión gubernamental y estatal que recrea formas de neo-colonialismo político-territorial en este país. Así, si de un lado, la nueva Constitución reconoce una diversidad de pueblos y culturas en sus primeros artículos y principios; y de otro lado, en las normas de desarrollo posteriores y en las “políticas de Estado”, se desconoce y niega la posibilidad de que estos pueblos puedan decidir sobre sus territorios. De ese modo, por una parte la CPE reconoce la ‘territorialidad’ indígena; y de otra parte, la política gubernamental la niega y despliega, por el contrario, prácticas que afectan o destruyen esa territorialidad, negando además a los pueblos y culturas a ser afectadas el derecho a ser consultados. Así la negación del derecho a la codecisión o a la consulta previa, revelarían un componente del colonialismo interno. En este sentido, habría una recreación de formas de colonialismo interno similares a como se organizaron y produjeron desde la fundación de Bolivia como país, curiosamente en un Estado que se asume como plurinacional y descolonizador. Lo que estaría ocurriendo en Bolivia no es un proceso de cuestionamiento, negación y/o superación del colonialismo sino un proceso de su recreación, en torno principalmente la recreación del momento constitutivo colonial [Tapia 2014], que es la conversión, a través de la conquista, de pueblos agrarios a pueblos extractivistas, que es una reducción de la complejidad de la sociedad, ya que ha pueblos que habían desarrollado una complejidad de su cultura agraria, se los convierte en pueblos extractores, fundamentalmente de materias primas, es decir, son sociedades mutiladas por el colonialismo. Esto en Bolivia se ha reproducido de manera histórica durante la república, el Estado-Nación y hoy estaría siendo reproducido por los últimos gobiernos del MAS en Bolivia.
Citas
* Investigador asociado al Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA (Bolivia). Doctor en Sociología por la Scuola Normale Superiore y la Universidad de Milán ‘Bicocca’ (Italia). Actualmente es co-coordinador del Grupo de Trabajo “Territorialidades en disputa y re-existencia” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). velpalopezflo@gmail.com
[1] Por ‘Neoextractivismo’ se entiende al modelo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos de América del Sur desde principios del siglo XXI. Al igual que en el extractivismo convencional, el neoextractivismo orienta la economía hacia las actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados, o escasamente procesados, dirigidos de forma prioritaria a la exportación, pero con un papel más protagónico del Estado en el proceso productivo, permitiendo la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas estatales. Parte de esos recursos son destinados a programas sociales que dotan a los gobiernos de cierto grado de legitimidad.
[2] A partir de la categoría de colonialismo interno, con la cual plantea fundamentalmente precisar el carácter relativamente intercambiable de la noción de colonialismo y de estructura colonial, “haciendo énfasis en el colonialismo como fenómeno interno” [González Casanova 1969: 186]. Dentro de los procesos de transformación y cambios históricos, un aspecto que parece persistir a los largo del tiempo es el referido al fenómeno de ‘colonialismo interno’ como una formas de articulación política y acumulación capitalista que re-crea de forma interna los momentos anteriores de colonialismo clásico (externo). Así, la noción de colonialismo interno, es utilizada para cuestionar las formas de continuidad de las condiciones coloniales en la organización de la vida social y en la relación entre sociedades al interior de la mayor parte de países latinoamericanos con presencia de otras formas socioculturales, en particular de pueblos indígenas.
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