Tejiendo la red: una mirada sobre las oficinas de empleo en la provincia de Entre Ríos

Weav­ing the net­work: a look at the employ­ment offices in the province of Entre Ríos

Nahuel Escal­a­da^*

Recibido: 15 de sep­tiem­bre de 2017
Acep­ta­do: 28 de diciem­bre de 2017

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Introducción

El pre­sente artícu­lo pro­pone analizar la imple­mentación del ser­vi­cio públi­co de empleo en la provin­cia de Entre Ríos. Algu­nas de las pre­gun­tas ini­ciales apun­tan a repen­sar cómo se ponen en mar­cha las políti­cas de inter­me­diación lab­o­ral en los con­tex­tos locales, cuáles son las het­ero­genei­dades que se hacen pre­sentes en la imple­mentación y qué papel desem­peñan allí los burócratas del primer piso.

Cabe aclarar que los esfuer­zos grav­i­tan en poder mirar el ter­ri­to­rio entr­erri­ano en su con­jun­to, pero no de modo total­izante. Por lo cual, no se inten­ta hac­er un diag­nós­ti­co por­menoriza­do de la situación que revis­ten las políti­cas de inter­me­diación lab­o­ral en cada munici­pio, se tra­ta más bien de dar cuen­ta de la com­ple­ji­dad del esce­nario provin­cial al respec­to.

Se real­iza entonces en un primer aparta­do un recor­ri­do por los aspec­tos con­cep­tuales y los prin­ci­pales debates en torno a las políti­cas de inter­me­diación lab­o­ral, con­sideran­do tam­bién las condi­ciones del mer­ca­do de tra­ba­jo, hacien­do espe­cial énfa­sis en el con­tex­to argenti­no.

Pos­te­ri­or­mente, y a modo de breve diag­nós­ti­co provin­cial en el tema, se revisan a la luz de aportes teóri­cos y empíri­cos el con­tex­to entr­erri­ano, reflex­io­nan­do sobre cómo se imple­men­tan en los diver­sos espa­cios locales las políti­cas de inter­me­diación lab­o­ral prop­ues­tas a niv­el nacional, tratan­do de ver las expre­siones het­erogéneas que asume esta línea de políti­cas.

En relación con las cues­tiones metodológ­i­cas, cabe señalar que la pre­sente inves­ti­gación tomo para su dis­eño de cam­po a la red de ser­vi­cios de empleo de Entre Ríos, com­pues­ta por 23 ofic­i­nas de empleo y 4 unidades de empleo, para esbozar un diag­nós­ti­co de situación fue nece­sario tomar con­tac­to con cada una de las del­e­ga­ciones depar­ta­men­tales en aras a con­stru­ir los datos pri­mar­ios.

No se tomó para esta inves­ti­gación el tiem­po en su carác­ter lin­eal por lo que no esta­mos en pres­en­cia de una inves­ti­gación lon­gi­tu­di­nal, sino que los hechos fueron anal­iza­dos en el momen­to de su obser­vación toman­do el perío­do ante­ri­or de eje­cu­ción como respal­do de la gestión de las ofic­i­nas de empleo, por lo cual se pro­pone una eval­u­ación de hechos con­cre­tos [Sampieri 2004].

La mues­tra toma en cuen­ta a la total­i­dad de las ofic­i­nas de empleo que se men­cionaron ante­ri­or­mente y a la direc­ción gen­er­al ubi­ca­da en la local­i­dad de Paraná, cap­i­tal de Entre Ríos. Para ase­gu­rar la factibil­i­dad de la inves­ti­gación fue nece­sario recur­rir a un muestreo por afi­jación pro­por­cional, en este sen­ti­do se obser­varon para la real­ización de entre­vis­tas a tra­ba­jadores de las ofic­i­nas de empleo ubi­cadas en los may­ores con­glom­er­a­dos urbanos de la provin­cia debido al número de inter­ven­ciones que real­izan. No obstante, se con­cur­rió a las reuniones provin­ciales de ofic­i­nas de empleo donde se encon­traron los difer­entes direc­tores y direc­toras de las depen­den­cias depar­ta­men­tales. De este modo se pudo tomar con­tac­to con el total de los ref­er­entes insti­tu­cionales de la provin­cia. Por otro lado, se tomó en cuen­ta la direc­ción cen­tral como agente coor­di­nador de las difer­entes ofic­i­nas suman­do esto la mira­da del entra­ma­do insti­tu­cional.

Las entre­vis­tas fueron semi­estruc­turadas y se realizaron a los direc­tores y tra­ba­jadores de las ofic­i­nas de empleo para poder cono­cer las poten­cial­i­dades y falen­cias que ellos mis­mos perciben en la gestión. Este tipo de entre­vista habil­itó la sis­tem­ati­zación de la infor­ma­ción con­forme a la eval­u­ación pre­tendi­da.

Final­mente, y a modo de cierre artic­u­lador se obser­van los inter­ro­gantes que se pre­sen­tan con may­or fuerza frente al camino recor­ri­do. Con­sideran­do que con­tem­plar las het­ero­genei­dades y recono­cer las com­ple­ji­dades propias de la imple­mentación, nos ubi­ca un paso ade­lante respec­to a aque­l­los análi­sis que pre­tenden leer de modo uni­vo­co el con­tex­to provin­cial respec­to a la inter­me­diación lab­o­ral.

La intermediación laboral como herramienta para pensar el mercado de trabajo

El mar­ca­do de tra­ba­jo ha sufri­do pro­fun­das trans­for­ma­ciones en las últi­mas décadas, las car­ac­terís­ti­cas propias de la glob­al­ización, el aumen­to de la for­ma­ción pro­fe­sion­al, la pro­lon­gación de la esper­an­za de vida, las deman­das edu­ca­cionales y los núcleos duros de exclu­i­dos lo com­ple­jizaron y lo con­virtieron en mate­ria de estu­dio y accionar públi­co.

En tér­mi­nos de desem­pleo el niv­el de deman­da hacia la inter­ven­ción estatal cre­ció luego de las pro­fun­das cri­sis financieras que tuvieron lugar durante la déca­da del noven­ta y prin­ci­p­ios del 2000, el carác­ter expan­si­vo de los Esta­dos, con espe­cial desar­rol­lo en Améri­ca Lati­na ha dirigi­do las acciones hacia otor­gar respues­tas a estas deman­das.

Una de sus evi­den­cias se ve en la necesi­dad de dar respues­ta a los reclam­os de los out­siders (desem­plea­d­os) des­de difer­entes ver­tientes, entre aque­l­los pro­fe­sion­al­iza­dos pro­duc­to del aumen­to de las matrícu­las uni­ver­si­tarias y aque­l­los que como resul­ta­do de las cri­sis del comien­zo del siglo han queda­do exclu­i­dos del sis­tema for­mal trans­for­mán­dose en nuevos pobres y aco­mod­án­dose a una economía de sub­sis­ten­cia.

Los resabios de la flex­i­bi­lización lab­o­ral plante­a­ban un desafío en tér­mi­nos de pen­sar nuevas estrate­gias para despre­carizar el tra­ba­jo y des­de la per­spec­ti­va de los bus­cadores de empleo de encon­trar nuevas alter­na­ti­vas que rep­re­sen­ten espa­cios de inte­gración social.

Las acciones de los Esta­dos en tér­mi­nos de empleo fueron una batería de políti­cas que con­ju­ga­ban políti­cas acti­vas como políti­cas de carác­ter pasi­vo vin­cu­ladas al salario indi­rec­to.

La inter­me­diación lab­o­ral se incor­po­ra en este aspec­to como una estrate­gia en respues­ta a las fric­ciones del mer­ca­do de tra­ba­jo. Es decir, la inter­me­diación en sus con­cep­tos bási­cos asume que existe un por­centa­je de desem­plea­d­os y sube­m­plea­d­os esta­cionales, lo cual es posi­ble cor­re­gir a través de pro­ce­sos efec­tivos de inter­me­diación. Esta aclaración se vuelve nece­saria dado que, bajo la premisa de que en los con­tex­tos anal­iza­dos no se puede con­sid­er­ar desem­pleo fric­cional a quienes acu­mu­lan pre­carización lab­o­ral trans­gen­era­cional, es con­ve­niente con­sid­er­ar des­de dónde se pien­san los pro­gra­mas de inter­me­diación lab­o­ral en estos con­tex­tos.

Las fluc­tua­ciones en el mer­ca­do de tra­ba­jo han crea­do la necesi­dad de los Esta­dos de adap­tarse a un sis­tema de gestión capaz de hac­er frente a las caren­cias per­pet­u­adas por la puja entre la ofer­ta y la deman­da. El tra­ba­jo no está exen­to y su com­po­nente más volátil se ve en las per­sonas con baja cal­i­fi­cación.

Los ser­vi­cios de inter­me­diación lab­o­ral se des­ti­nan a mejo­rar la rapi­dez y la cal­i­dad de ajustes de las vacantes a las per­sonas que bus­can empleo. En tér­mi­nos gen­erales, los prin­ci­pales ben­efi­cios de los ser­vi­cios de inter­me­diación lab­o­ral son: reducir el desem­pleo y la rotación del empleo a cor­to pla­zo, aumen­tar la pro­duc­tivi­dad, mejo­rar la movil­i­dad lab­o­ral, mejo­rar el bien­es­tar social, aumen­tar la trans­paren­cia del mer­ca­do de tra­ba­jo y reducir la dis­crim­i­nación [Maz­za 2001].

La trans­paren­cia es el fac­tor deter­mi­nante para los pro­ce­sos de inter­me­diación lab­o­ral, su prin­ci­pal enfoque se ve en la necesi­dad de explic­i­tar los salarios de ref­er­en­cias, los cri­te­rios de selec­ción, las poten­cial­i­dades de los bus­cadores y las necesi­dades de la deman­da.

La inter­me­diación lab­o­ral como sis­tema com­ple­jo, per­mite una con­fig­u­ración super­ado­ra a las agen­cias de colo­cación. Cabe hac­er énfa­sis en esta dis­tin­ción tenien­do en cuen­ta el rol que ocu­pa la delim­itación con­cep­tu­al.

Las agen­cias de colo­cación como tales tienen como final­i­dad prin­ci­pal sum­in­is­trar al mer­ca­do de tra­ba­jo, y más pre­cisa­mente a los intere­ses empre­sar­i­ales, la mano de obra que a deman­da se solici­ta para cubrir vacantes. Es por ello por lo que la colo­cación tiene una fuerte impronta pri­va­da que ha per­mi­ti­do el surgimien­to de numerosas agen­cias de colo­cación con fines de lucro que a través del mane­jo de base de datos de bus­cadores per­miten a los empleadores ahor­rar los cos­tos de búsque­da para cubrir vacantes.

La inter­me­diación lab­o­ral por su parte posee una matriz de carác­ter públi­co que se desar­rol­la como un ser­vi­cio públi­co de empleo. Su obje­ti­vo prin­ci­pal es el de acer­car a ofer­entes y deman­dantes medi­ante la opti­mización de los canales de búsque­da. Con­ll­e­va además la imple­mentación de sis­temas de for­ma­ción y conex­ión con pro­gra­mas de empleo donde lo que prime no sean nece­sari­a­mente las solic­i­tudes de los pri­va­dos sino los intere­ses y las poten­cial­i­dades de los bus­cadores, establece pun­tos de con­tac­tos en donde las colo­ca­ciones son nego­ci­adas al amparo de la ley de con­tratos de tra­ba­jo y donde la respon­s­abil­i­dad es com­par­ti­da entre tra­ba­jadores y empleadores.

Argenti­na suscribió al con­ve­nio 88 de la Orga­ni­zación Inter­na­cional del tra­ba­jo sobre los ser­vi­cios públi­cos de empleo, y en este sen­ti­do establece en su artícu­lo 1 que

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio deberá mantener o garantizar el mantenimiento de un servicio público y gratuito del empleo.
2. La función esencial del servicio del empleo, en cooperación, cuando fuere necesario, con otros organismos interesados, públicos y privados, deberá ser la de lograr la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema del empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción [Organizacion Internacional Del Trabajo 1948].

En su artícu­lo 3 el con­ve­nio plantea la necesi­dad de estable­cer una red de ser­vi­cios de empleo que per­mi­ta una cor­rec­ta dis­tribu­ción geográ­fi­ca en aras a alcan­zar las necesi­dades de empleadores y tra­ba­jadores en difer­entes pun­tos del país.

En relación con sus fun­ciones entre sus car­ac­terís­ti­cas más rel­e­vantes dispone el artícu­lo 6 que deberá

(a) ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas, y más especialmente deberá, de conformidad con las reglas formuladas de acuerdo con un plan nacional:

(i) llevar un registro de las personas que soliciten empleo; tomar nota de sus aptitudes profesionales, de su experiencia y de sus deseos; interrogarlas a los efectos de su empleo; evaluar, si fuere necesario, sus aptitudes físicas y profesionales, y ayudarlas a obtener, cuando fuere oportuno, los medios necesarios para su orientación o readaptación profesionales;

(ii) obtener de los empleadores una información detallada de los empleos vacantes que hayan notificado al servicio, y de las condiciones que deban cumplir los trabajadores solicitados para ocupar estos empleos;

(iv) organizar la compensación de las ofertas y demandas de empleo de una oficina con otra, cuando la oficina consultada en primer lugar no pueda colocar convenientemente a los candidatos o cubrir adecuadamente las vacantes, o cuando otras circunstancias lo justifiquen;

(b) tomar las medidas pertinentes para:

(ii) facilitar la movilidad geográfica de la mano de obra, a fin de ayudar a que los trabajadores se trasladen a las regiones que ofrezcan posibilidades de obtener un empleo conveniente;

(iii) facilitar los traslados temporales de trabajadores de una región a otra, a fin de atenuar el desequilibrio local y momentáneo entre la oferta y la demanda de mano de obra;

(e) ayudar, siempre que fuere necesario, a otros organismos públicos o privados en la elaboración de planes sociales y económicos que puedan influir de modo favorable en la situación del empleo [Organizacion Internacional Del Trabajo 1948]

En sus orí­genes, la activi­dad de la inter­me­diación se cen­tra­ba prin­ci­pal­mente en los Esta­dos a través de su inter­ven­ción medi­ante agen­cias públi­cas de empleo, Argenti­na rat­i­fi­co el con­ve­nio de Wash­ing­ton en 1933 que la com­pro­m­ete a estable­cer un sis­tema de agen­cias públi­cas y gra­tu­itas bajo el con­trol de la autori­dad cen­tral [Kor­in­fled, Mon­tau­ti, Zelaschi 2001].

El con­ve­nio 34 rat­i­fi­ca­do en Argenti­na en 1933, se establece para fre­nar la expan­sión de las agen­cias pri­vadas de colo­cación que lucra­ban con empleadores y tra­ba­jadores de igual modo, exigien­do pagos de comi­siones para la ayu­da en la colo­cación. La ley 11.726/33 recomien­da la abol­i­ción de las ofic­i­nas pri­vadas de empleo ret­ribuidas. Esta ley encuen­tra sus antecedentes en provin­cias como San­ta Fe y San­ti­a­go del Estero que para el año 1928 ya habían pro­hibido las ofic­i­nas de colo­cación en sus ter­ri­to­rios.

Durante el primer gob­ier­no per­o­nista, la ley 13.591 (B.O. 19/10/49) creó, en el ámbito del entonces denom­i­na­do Min­is­te­rio de Tra­ba­jo y Pre­visión, la Direc­ción Nacional del Ser­vi­cio de Empleo, que pos­te­ri­or­mente pasó a lla­marse Direc­ción Nacional de Recur­sos Humanos y Empleo. Entre las prin­ci­pales fun­ciones de esta Direc­ción se encon­tra­ban las de “reg­u­lar y coor­di­nar la ofer­ta y la deman­da de mano de obra”, “aten­der a lo rel­a­ti­vo a la esta­bil­i­dad en el empleo”, “propen­der a la creación y manu­ten­ción de fuentes de tra­ba­jo” y “aten­der las presta­ciones de paro for­zoso”. Abar­can­do todo el país, la Direc­ción debía orga­ni­zar “el ser­vi­cio gra­tu­ito de colo­cación para los tra­ba­jadores”. Esta nor­ma pro­híbe la activi­dad de las agen­cias pri­vadas con fines de lucro.

La final­i­dad prin­ci­pal era la de pro­hibir la acción de las agen­cias de colo­cación como sub­con­tratis­tas de tra­ba­jadores, rol medi­ante el cual acciona­ban como habrían de hac­er­lo los empleadores dejan­do espa­cios prop­i­cios para la flex­i­bi­lización y las afrentas al con­tra­to de tra­ba­jo.

La ley 13.591 no fue dero­ga­da sino has­ta 1996, donde se estable­cen nor­mas que sin anu­lar­la la flex­i­bi­lizan.

El antecedente de este accionar se encuen­tra en los prin­ci­p­ios de la déca­da del 90. Las trans­for­ma­ciones del mer­ca­do de tra­ba­jo, con los cam­bios en las car­ac­terís­ti­cas de la deman­da, jun­to con el sig­ni­fica­ti­vo aumen­to del índice de desem­pleo ‑que no sólo afec­tó a per­sonas de bajas cal­i­fi­ca­ciones, sino tam­bién a los y las jóvenes y per­sonas de otros nive­les socio­pro­fe­sion­ales- lle­varon a un nece­sario replanteo de la activi­dad.

Así en 1995 se impul­só la creación de la Agen­cia Públi­ca de Colo­ca­ciones (APC) que fun­cionó en la ciu­dad de Buenos Aires y en unas pocas ciu­dades del inte­ri­or del país. Con ese fin se orga­nizó una base de datos que cubri­era una vas­ta gama de cat­e­gorías soci­o­lab­o­rales, se establecieron con­tac­tos con empre­sas de dis­tin­ta activi­dad e impor­tan­cia. Ninguno de estos ser­vi­cios brinda­dos tan­to a los bus­cadores de tra­ba­jo, como a los deman­dantes de mano de obra, tenían aran­cel [Kor­in­fled, Mon­tau­ti, Zelaschi 2001]

En el año 1996 Argenti­na rat­i­fi­ca el con­ve­nio 96 de 1951 de la Orga­ni­zación Inter­na­cional del Tra­ba­jo medi­ante la ley 24.648. Este con­ve­nio revisa el con­ve­nio 34 de 1933, en este caso si bien se sostiene que las agen­cias de colo­cación con fines de lucro deben ser suprim­i­das, el pla­zo de ade­cuación no tiene tiem­po límite (como si establece el con­ve­nio 34) sino que que­da suped­i­ta­do al cri­te­rio de la autori­dad com­pe­tente.

Para el año 1996 con un min­is­te­rio de tra­ba­jo alin­ea­do a las políti­cas neolib­erales que regían en Argenti­na, no solo no se suprim­ieron, sino que tuvieron un crec­imien­to expo­nen­cial ampara­do en las necesi­dades de la ofer­ta y la deman­da. Así empre­sas con­sul­toras y agen­cias de colo­cación arance­ladas comien­zan a con­cen­trarse espe­cial­mente en per­files con alto niv­el de cal­i­fi­cación, rel­e­gan­do el papel del ser­vi­cio públi­co de empleo y care­cien­do de cual­i­dades inclu­si­vas. Se da por otro lado el surgimien­to de las con­sul­toras de tra­ba­jo y de la activi­dad de colo­cación en el seno de las uni­ver­si­dades, espe­cial­mente las pri­vadas.

En el año 2001 en el con­tex­to de cri­sis económi­ca, se revisa la ley 24.648 y medi­ante el decre­to 489 se pro­pone fis­calizar las agen­cias de colo­cación lucra­ti­vas no ya para su elim­i­nación, sino para estable­cer los topes máx­i­mos que podrían cobrar por sus ser­vi­cios. Se da en este mar­co un pro­ce­so de rele­git­i­mación estatal a las agen­cias pri­vadas y un reconocimien­to a la inca­paci­dad del gob­ier­no de estable­cer un ser­vi­cio públi­co de empleo que pudiera hac­er­le frente a estas agen­cias des­de una per­spec­ti­va de dere­chos.

En los comien­zos de la recu­peración económi­ca y en con­cor­dan­cia con el con­ve­nio número 88 de la Orga­ni­zación Inter­na­cional del Tra­ba­jo de 1948 [OIT CO088] al que Argenti­na suscribe, la ley de empleo y la res­olu­ción 316 de la sec­re­taria de empleo; se estable­ció des­de el año 2005 la creación de una red de ser­vi­cios de empleo.

Entre sus obje­tivos se establece ofre­cer infor­ma­ción, aseso­ramien­to y ori­entación lab­o­ral a los bus­cadores, ori­entación al tra­ba­jo inde­pen­di­ente, inter­me­diación for­ma­ti­va, inter­me­diación lab­o­ral y gener­ar un nexo con pro­gra­mas sociales y de empleo.

Por otro lado, tam­bién se aseso­ra a empleadores en mate­ria de selec­ción de per­son­al y en brindar infor­ma­ción com­pe­tente para la incor­po­ración de per­son­al.

La red de ser­vi­cios de empleo se sus­ten­ta medi­ante la creación de ofic­i­nas munic­i­pales de empleo.

Las Ofic­i­nas de Empleo son organ­is­mos de doble depen­den­cia, están suje­tas a las dis­posi­ciones y direc­tri­ces del Min­is­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Seguri­dad Social (MTEySS), y depen­den en infraestruc­tura y oper­a­tivi­dad del espa­cio y enti­dad que les brinde el munici­pio en el cual se desar­rol­lan. En relación con lo plantea­do, la creación de una nue­va ofic­i­na munic­i­pal de empleo se da medi­ante la gestión de un con­ve­nio entre el MTEySS y el munici­pio en cuestión, facil­i­ta­do por la geren­cia de empleo provin­cial.

Esta ini­cia­ti­va está rep­re­sen­ta­da en las sug­eren­cias elab­o­radas por el Ban­co Mundi­al. El pro­gra­ma se ori­en­ta a tra­ba­jar exclu­si­va­mente con munici­p­ios en una primera eta­pa. En el mar­co de este pro­ce­so de tra­ba­jo, des­de medi­a­dos de 2005 se ini­cia la con­cre­ción de acuer­dos de for­t­alec­imien­to de Ofic­i­nas de Empleo munic­i­pales [Nef­fa 2006].

Se con­tabi­lizan en la actu­al­i­dad 580 ofic­i­nas de empleo fun­cio­nan­do en todo el ter­ri­to­rio nacional.

Medi­ante estos con­ve­nios, se acuer­da que los equipos téc­ni­cos munic­i­pales son capac­i­ta­dos y asis­ti­do téc­ni­ca­mente por el MTEySS como parte de ese for­t­alec­imien­to, el MTEySS apor­ta equipamien­to infor­máti­co y soft­ware de gestión a las Ofic­i­nas de Empleo para el desar­rol­lo de las activi­dades cor­re­spon­di­entes. El munici­pio se com­pro­m­ete, como con­tra­parti­da, a dar­le for­mal­i­dad legal a la Ofic­i­na de Empleo, a dispon­er recur­sos humanos e infraestruc­tura y a garan­ti­zar la imple­mentación de las acciones vin­cu­ladas con políti­cas de empleo a través de la ofic­i­na.

El desafío de las ofic­i­nas públi­cas de empleo se encuen­tra en dos frentes que pueden sonar con­tra­dic­to­rios, gener­ar un parámetro de con­fi­an­za en los empleadores que les per­mi­ta recur­rir a la red de ser­vi­cios de empleo cuan­do nece­sites con­tratar per­son­al y gener­ar opor­tu­nidades para los desem­plea­d­os con condi­ciones for­ma­ti­vas más des­fa­vore­ce­do­ras en un con­tex­to de fuerte exclusión.

Los ser­vi­cios públi­cos de empleo deben con­tar con dos car­ac­terís­ti­cas deter­mi­nantes:

• No rival­i­dad (un bien públi­co debe estar a dis­posi­ción de todos si está a dis­posi­ción de alguien)
• No exclu­sivi­dad (su con­sumo por una per­sona no debe impedir su uti­lización por otra)

Sin embar­go, aunque los ser­vi­cios de empleo no gen­er­an rival­i­dad, si son en cier­ta medi­da, excluyentes puesto que existe un prob­le­ma de con­gestión, el uso de la inter­me­diación pub­li­ca por una per­sona afec­ta al resto de las per­sonas que quieren usar­lo y cuan­to may­or sea el número de usuar­ios menor tiem­po se dedicara a cada uno de ellos. No obstante, la exis­ten­cia siquiera de un ves­ti­gio de carác­ter públi­co es sufi­ciente para rec­haz­ar la tesis de que el mer­ca­do puede estable­cer la can­ti­dad apropi­a­da de ser­vi­cios de empleo [Suarez 2011: 14].

La red de servicios de empleo en el caso entrerriano

Eval­u­ar políti­cas de empleo no puede lim­i­tarse a una eval­u­ación de sus resul­ta­dos, sino que con­ll­e­va un análi­sis inte­gral de las mis­mas que con­tem­ple fac­tores sociales, económi­cos, psi­cológi­cos y tam­bién las mod­i­fi­ca­ciones en el mer­ca­do de tra­ba­jo.

En pal­abras de Osuna y Bueno [2007: 76] la eval­u­ación no puede lim­i­tarse solo a con­statar los resul­ta­dos de las políti­cas de empleo, sino que es impre­scindible incor­po­rar­la al análi­sis del dis­eño, sin subes­ti­mar el seguimien­to al pro­ce­so que se desea exam­i­nar. Estas con­stat­a­ciones durante la apli­cación de las políti­cas posi­bil­i­tan la retroal­i­mentación a los tomadores de deci­siones y le per­miten intro­ducir las cor­rec­ciones per­ti­nentes sobre el racional fun­cionamien­to del mer­ca­do lab­o­ral, las condi­ciones de los tra­ba­jadores, las capaci­dades for­ma­ti­vas de los recur­sos humanos, y las rela­ciones entre empleadores – emplea­d­os.

En efec­to, la eval­u­ación de las políti­cas de empleo no obser­va estric­ta­mente los resul­ta­dos sobre los out­siders o los indi­cadores de desem­pleo, o al menos no debería hac­er­lo. Ha de analizar en cam­bio el esta­do de los nuevos emplea­d­os, las prác­ti­cas de los empleadores, la cel­e­bración de con­ve­nios colec­tivos, las capaci­dades for­ma­ti­vas, las vari­ables que puedan incidir en las políti­cas de empleo y las estrate­gias de diver­si­fi­cación pro­duc­ti­va.

Por otro lado, las fric­ciones del mer­ca­do de tra­ba­jo asumen que existe un por­centa­je de desem­plea­d­os y sube­m­plea­d­os esta­cionales, lo cual se vuelve moti­vo de análi­sis cuan­do se estu­di­an los pro­ce­sos de inter­me­diación lab­o­ral. En ese respec­to, bajo la premisa que en los con­tex­tos anal­iza­dos no se puede con­sid­er­ar desem­pleo fric­cional a quienes acu­mu­lan pre­carización lab­o­ral trans­gen­era­cional, es con­ve­niente con­sid­er­ar des­de donde se pien­san los pro­gra­mas de inter­me­diación lab­o­ral.

La eval­u­ación de la imple­mentación y la gestión para el caso aquí pre­sen­ta­do se vuelve un insumo nece­sario para con­sid­er­ar los mod­os de acción, los propósi­tos y la for­ma de abor­dar­los. La políti­ca públi­ca como con­jun­to de acciones unifi­cadas en los ter­ri­to­rios depen­derá del modo en que sus prop­ues­tas coin­ci­dan con la factibil­i­dad y el desem­peño de sus agentes, y el mar­gen de acción que los mis­mos ten­gan.

En este sen­ti­do es con­ve­niente resaltar que la red de ser­vi­cios de empleo, dado el carác­ter de su con­cre­ción medi­ante con­ve­nios de tra­ba­jo, no ofrece en su plan­i­fi­cación un sis­tema unifi­ca­do respec­to a cómo deban ges­tionar los munici­p­ios las ofic­i­nas de empleo den­tro de sus orga­ni­za­ciones locales.

Así los nex­os se dan en primera instan­cia medi­ante la gestión de las geren­cias de empleo provin­ciales, que son del­e­ga­ciones que el MTEySS establece en las provin­cias, para pos­te­ri­or­mente fomen­tar el acuer­do con los gob­ier­nos locales, en este con­ve­nio se com­pro­m­e­ten ambas partes a seguir los lin­eamien­tos bases de las políti­cas y pro­gra­mas de empleo impul­sa­dos des­de la red sin hac­er men­ción a la arqui­tec­tura insti­tu­cional que deban con­stru­ir a los fines prác­ti­cos de la imple­mentación.

Entre Ríos es una provin­cia que pre­sen­ta una fuerte dis­per­sión demográ­fi­ca, y en ese sen­ti­do se crearon ofic­i­nas de empleo en ciu­dades con 300.00 habi­tantes como en pequeños pueb­los que no super­an los 5.000.

Como modo de ade­cuación a las real­i­dades locales y ante la caren­cia de una plan­i­fi­cación unifi­ca­da. Cada munici­pio ten­drá la lib­er­tad de dotar a las ofic­i­nas de may­or o menos ran­go jerárquico den­tro de su organ­i­gra­ma lo que gen­era tam­bién difer­en­cias pre­supues­tarias. A modo de ejem­p­lo, en la provin­cia de Entre Ríos la ofic­i­na de empleo de la ciu­dad de Colón depende de la Coor­di­nación de Desar­rol­lo Local, que for­ma parte de la Sec­re­taría de Desar­rol­lo Social, en tan­to que en la mis­ma provin­cia en la ciu­dad de Paraná la Ofic­i­na de Empleo se erige den­tro de la Sub­sec­re­taría de Empleo y Pro­duc­ción lo que le da un may­or ran­go jerárquico y una may­or autonomía en su actuación.

Hacien­do un rel­e­vamien­to de la situación en la provin­cia, es posi­ble con­statar que se encuen­tran en fun­cionamien­to, como hemos dicho, 23 Ofic­i­nas de Empleo y 4 Unidades de Empleo que fun­cio­nan en dis­tri­tos pequeños. Cabe aclarar, que las unidades de empleo fueron instru­men­tos uti­liza­dos para incor­po­rar los pro­gra­mas de las ofic­i­nas de empleo a comu­nidades que por su den­si­dad no alcan­z­a­ban la cat­e­goría de munici­pio.

Grá­fi­co 1: dis­tribu­ción de la red de las ofic­i­nas de empleo en Entre Ríos

Fuente: Red de ser­vi­cios de empleo

En relación con la posi­bil­i­dad de los munici­p­ios de estable­cer el ran­go jerárquico que les parez­ca per­ti­nente a las ofic­i­nas den­tro de sus organ­i­gra­mas locales podemos encon­trar las sigu­ientes difer­en­cias, que refle­jan la dis­tribu­ción en cuan­to al ran­go jerárquico: se dis­tribuyó en tres ejes: Sub­sec­re­taria, direc­ción y áreas de tra­ba­jo den­tro de una direc­ción.

Las difer­en­cias entre estas tres es que la primera cuen­ta con pre­supuesto pro­pio y autonomía para gener­ar den­tro de su espa­cio direc­ciones de áreas especí­fi­cas. Las direc­ciones en cam­bio depen­den de nive­les jerárquicos que las engloban y depen­den del pre­supuesto asig­na­do a la gran área en que se com­pren­den, si bien cuen­tan con autonomía al momen­to de eje­cu­tar su que­hac­er diario, han de rendir cuen­tas pre­supuestales y de acción a quien diri­ja la sec­re­taria en que se encuen­tren. Las áreas de tra­ba­jo por su parte rep­re­sen­tan el escalafón menor den­tro de la dis­tribu­ción, ya que son ges­tion­adas por tra­ba­jadores de las direc­ciones que no tienen capaci­dad de tomar deci­siones ni de ges­tionar pre­supuesto sin autor­ización de sus supe­ri­ores.

Es intere­sante ver cómo, en los casos de las ofic­i­nas que revis­ten el carác­ter de direc­ciones o de áreas de tra­ba­jo, tam­bién se mod­i­fi­ca según los munici­p­ios el área den­tro del cual están com­pren­di­das en fun­ción de la lóg­i­ca propia de cada local­i­dad. En la may­oría de los casos con­stata­dos, las ofic­i­nas de empleo se ubi­can den­tro de la sec­re­taria de desar­rol­lo social, con menor medi­da en la Sec­re­taría de Pro­duc­ción y en otros casos en la Sec­re­taría de Hacien­da.

A con­tin­uación, se pre­sen­ta un grá­fi­co en el que se detal­lan los nive­les jerárquicos y sus pro­por­ciones en la provin­cia:

Grá­fi­co 2: nive­les jerárquicos en las ofic­i­nas de empleo

Fuente: elab­o­ración propia a par­tir de los datos recolec­ta­dos.

Tam­bién resul­ta de interés especi­ficar la repar­ti­ción de la cual depen­den las difer­entes ofic­i­nas. En este respec­to, como es men­ciona­do ante­ri­or­mente, varían según el munici­pio:

Grá­fi­co 3: Repar­ti­ción de depen­den­cias en la provin­cia

Fuente: Elab­o­ración propia a par­tir de los datos recolec­ta­dos

Este dato no es menor des­de la per­spec­ti­va en que no todas las repar­ti­ciones del Esta­do com­parten los mimos obje­tivos, ni la mis­ma visión respec­to al rol que desem­peñan. De tal modo no será lo mis­mo para una ofic­i­na dinamizado­ra del empleo desem­peñarse den­tro del área de pro­duc­ción local, que desem­peñarse den­tro del área de acción y pro­mo­ción social. En lo que respec­ta a esta últi­ma mantiene una visión lig­a­da des­de lo cul­tur­al a gener­ar pro­ce­sos de con­tención y bus­car solu­ciones inmedi­atas a los prob­le­mas de los sec­tores más vul­ner­a­dos, los pro­gra­mas de las ofic­i­nas de empleo por su parte están des­ti­na­dos a gener­ar pro­ce­sos de gen­eración de empleo a largo pla­zo.

Del mis­mo modo, no será el mis­mo niv­el de autonomía para una ofic­i­na con jer­ar­quía de coor­di­nación o área de tra­ba­jo den­tro de una direc­ción, que aque­l­las que se eri­gen como sub­sec­re­tarias, capaces estas últi­mas de percibir pre­supuestos pro­pios y de con­tratar recur­sos humanos con may­or lib­er­tad.

En lo que respec­ta a los ser­vi­cios ofre­ci­dos por la red, es per­ti­nente ten­er en cuen­ta que, aunque cada uno de los pro­gra­mas tiene sus par­tic­u­lar­i­dades, se encuen­tran plas­ma­dos de man­era tal que puedan gener­ar una conex­ión común que es la gen­eración de empleo for­mal en la masa de des­ocu­pa­dos.

Esta batería de pro­gra­mas, aunque enfo­ca­dos todos bajo el obje­ti­vo de la inser­ción lab­o­ral, tienen may­or pre­em­i­nen­cia de un munici­pio a otro, varían de acuer­do con el uni­ver­so sobre el cual may­or­mente tra­ba­jan. De este modo, habrá munici­p­ios que tra­ba­jen más enfáti­ca­mente con el pro­gra­ma “jóvenes con más y mejor tra­ba­jo”, mien­tras que otros se abo­quen más fuerte­mente al pro­gra­ma de inser­ción lab­o­ral. Inde­pen­di­en­te­mente de esto, el pro­ce­so de entre­vis­tas, recep­ción de cur­rícu­los y for­ma­ción para el empleo es com­par­tido por todos.

Por tratarse las Ofic­i­nas de Empleo de organ­is­mos de doble depen­den­cia su organ­i­gra­ma y plantel de tra­ba­jadores tam­bién varía de una ofic­i­na a otra en fun­ción de su niv­el jerárquico y de la dis­posi­ción del ejec­u­ti­vo munic­i­pal para autor­izar nuevas incor­po­ra­ciones, esto gener­ará un may­or mar­gen de actuación según los recur­sos humanos disponibles.

En algunos casos la exi­gen­cia mín­i­ma de per­son­al del min­is­te­rio no resulta­ba sufi­ciente para cumpli­men­tar los requer­im­ien­tos de la red, lo que puede apre­cia­rse en la actuación de algu­nas ofic­i­nas, según las per­cep­ciones de sus agentes. En pal­abras de la coor­di­nado­ra de la Ofic­i­na de Empleo de Paraná Eve Frank:

Nosotros estructuramos la oficina de una manera que no venía estipulada del ministerio, este establecía un esquema donde se designaba un responsable del programa jóvenes, otra persona para las prestaciones del seguro de capacitaciones y empleo y después tutores y operadores de plataforma. Lo de los tutores era una cuestión vaga donde la persona que ejercía la tutoría tenía que hacerse cargo del seguimiento, lo que efectivamente se sigue haciendo. El Problema es que eran tantas las líneas de los programas que se volvía incontrolable para una persona hacerse cargo del mismo.

En la mis­ma línea agre­ga que se rela­ciona

con la independencia y la jerarquía formal, esto es una subsecretaria eso varía incluso en el personal nosotros en este momento somos 30 en la oficina, coordinadores de programas, encargados de áreas y en eso se manifestó el acompañamiento.[1]

En el mis­mo con­tex­to, nos encon­tramos con Ofic­i­nas que cuen­tan con per­son­al reduci­do aco­ta­dos a un Direc­tor de Empleo, un respon­s­able de pro­gra­mas y un rela­cionista de empre­sas. Los lim­i­tantes en la gestión se refle­jan en la capaci­dad de gener­ar los vín­cu­los prop­i­cios con empleadores y tra­ba­jadores, en estos casos será el mis­mo direc­tor quien real­ice la tarea de entre­vis­tar a los pos­tu­lantes, el tutor quien real­ice el acom­pañamien­to, la for­ma­ción y el seguimien­to de los mis­mos y el rela­cionista quien genere los vín­cu­los con los empleadores gen­erán­dose así un exce­so de tar­eas por cada respon­s­able.

Es, en este con­tex­to, que se tor­na nece­sario pen­sar de qué man­era es posi­ble sosla­yar en muchos casos los déficits en recur­sos humanos que pre­sen­tan algu­nas ofic­i­nas.

El MTEySS ofrece a los oper­adores de platafor­ma de cada ofic­i­na (rol que en el caso de las ofic­i­nas más pequeñas es desem­peña­do por los tutores) una platafor­ma vir­tu­al, en la cual reg­is­trarán los datos de los tra­ba­jadores desem­plea­d­os que con­cur­ran por asis­ten­cia. Dicha platafor­ma, aunque a los fines oper­a­tivos es efec­ti­va, no per­mite realizar un seguimien­to inte­gral de las inter­ven­ciones.

En primera instan­cia, sólo con­sta­ta infor­ma­ciones oper­a­ti­vas respec­to a los datos gen­erales del ben­e­fi­cia­rio, de este modo se vuelve difí­cil ges­tionar un sis­tema de seguimien­to, la platafor­ma vir­tu­al no elim­i­na a los usuar­ios que hayan deja­do de con­cur­rir a las capac­ita­ciones o entre­vis­tas y del mis­mo modo no real­iza un corte tem­po­ral respec­to a cuan­tos tra­ba­jadores se suman en un perío­do deter­mi­na­do.

Utilizamos la Plataforma del Ministerio de Trabajo, siendo una herramienta muy importante, aunque en algunas ocasiones no permite sacar reportes.

Estamos en vías de implementar un sistema de seguimiento interno, que nos permitirá obtener información referida a todos los asistentes a la Oficina, que nos visitan por diversos trámites.

Además, utilizamos la plataforma del ministerio para realizar citas de seguimientos a beneficiarios, además con aquellos beneficiarios que no tienen actualizada su historia laboral se envía citación domiciliaria.[2]

Por otro lado, al ser un sis­tema que depende de los téc­ni­cos del MTEySS ante la posi­bil­i­dad de un des­per­fec­to imposi­bili­ta el tra­ba­jo de todas las ofic­i­nas en gen­er­al.

No pre­sen­ta tam­poco la platafor­ma una gestión geográ­fi­ca conec­ta­da en red (en con­tra­posi­ción inclu­so al nom­bre del ser­vi­cio de empleo), de este modo, aunque algún tra­ba­jador pre­sente disponi­bil­i­dad de radi­carse en otro lugar de la provin­cia, o del país, la ofic­i­nas no tiene acce­so a cono­cer vacantes en otras lat­i­tudes.

Por últi­mo, si bien la platafor­ma per­mite car­gar las hojas de vida de los pos­tu­lantes, estas están orga­ni­zadas des­de un per­fil mera­mente téc­ni­co y en ese sen­ti­do, no es posi­ble incor­po­rar datos cual­i­ta­tivos ref­er­entes a las per­cep­ciones y habil­i­dades de las per­sonas, tam­poco es posi­ble incor­po­rar obser­va­ciones del entre­vis­ta­dor de modo tal que si fuera otro entre­vis­ta­dor quien sigu­iera el pro­ce­so ten­ga acce­so a una infor­ma­ción inte­gral del ben­e­fi­cia­rio.

Lo antes plantea­do, imposi­bili­ta un seguimien­to cert­ero de las inter­ven­ciones real­izadas, se trans­for­ma en un sis­tema de con­trol escue­to, que solo per­mi­tirá detec­tar vari­ables esen­ciales y cuan­ti­ta­ti­vas como número total de ben­e­fi­cia­r­ios, can­ti­dad de colo­ca­ciones real­izadas, número de ben­e­fi­cia­r­ios por pro­gra­mas, can­ti­dad de pos­tu­lantes para una vacante, can­ti­dad de cur­sos real­iza­dos, etc.

Del mis­mo modo, en aque­l­las ofic­i­nas en las cuales la dis­posi­ción de recur­sos humanos sea insu­fi­ciente, la uti­lización de la platafor­ma y su cor­relación con un sis­tema inter­no se vuelve una tarea com­ple­ja que res­ta tiem­po para aten­der las urgen­cias de la cotid­i­anei­dad.

Conclusiones

Los mod­os de orga­ni­zación que han encon­tra­do las ofic­i­nas de empleo en los munici­p­ios en que se desar­rol­lan dejan en claro dos con­sid­era­ciones ini­ciales en relación con la arqui­tec­tura insti­tu­cional de la red de ser­vi­cios de empleo.

En primer lugar, tenien­do en cuen­ta su carác­ter flex­i­ble impul­sa a que cada munici­pio encuen­tre la mejor for­ma de adaptación según las real­i­dades locales y los recur­sos disponibles a fin de no desaprovechar este recur­so. Sin embar­go, esta flex­i­bil­i­dad está teñi­da de una arbi­trariedad que que­da suje­ta a la vol­un­tad políti­ca de los gob­ier­nos en relación al rol que quier­an dar­le a la políti­ca de pro­mo­ción de empleo. Al no ten­er la red un apoyo o incen­ti­vo hacia el arma­do de estos espa­cios que per­mi­ta nutrir la for­ma­ción y la con­sol­i­dación de sus equipos de tra­ba­jo deja en desven­ta­jas a aque­l­los munici­p­ios con menor capaci­dad de sosten­er­la.

En ese sen­ti­do es nece­sario enten­der a los agentes del Esta­do como orga­ni­za­ciones políti­cas com­ple­jas, En pal­abras de Paula Amaya [2005] las orga­ni­za­ciones públi­cas son expre­siones com­ple­jas, que exis­ten en un ter­ri­to­rio deter­mi­na­do, con una his­to­ria y una cul­tura. Son con­struc­ciones con una iden­ti­dad, en un con­tex­to cam­biante que en may­or o menor medi­da tam­bién provo­ca en ellas el cam­bio. Sien­do expre­siones del Esta­do, las orga­ni­za­ciones se nutren implíci­ta o explíci­ta­mente de las difer­entes con­cep­ciones acer­ca del rol que este tiene, del mod­e­lo de Esta­do que las fuerzas oper­antes (sean estas más o menos benev­o­lentes y/o apropi­adas a las necesi­dades de la sociedad que en ese con­tex­to históri­co) logran impon­er.

El rol que se le asigne al Esta­do no solo reper­cu­tirá en el for­ma­to insti­tu­cional que se les dé a las ofic­i­nas sino en el desem­peño de sus pro­pios actores. Subi­rat [2004] sostiene que si lo que intere­sa es mejo­rar la gestión públi­ca, debe­mos pon­er aten­ción en el tipo y cal­i­dad de las inter­rela­ciones entre esas orga­ni­za­ciones públi­cas, los sis­temas de Gob­ier­no y el impacto en la cal­i­dad de vida de la población. Si sólo nos dedicamos a exam­i­nar los com­po­nentes inter­nos del fun­cionamien­to de tales orga­ni­za­ciones, lo máx­i­mo que con­seguire­mos será avan­zar en la eval­u­ación de su efi­cien­cia y del gra­do de cumplim­ien­to de las pre­vi­siones pro­ced­i­men­tales.

La gen­eración de una cul­tura orga­ni­za­cional y de una con­cep­ción sobre las políti­cas públi­cas será un fac­tor clave en este par­tic­u­lar y será respon­s­abil­i­dad del Esta­do, del coor­di­nador políti­co, hac­er enten­der a los difer­entes tra­ba­jadores de la admin­is­tración públi­ca el rol que estos desem­peñan. Esta tarea se difi­cul­tará cuan­do esos espa­cios de tra­ba­jo se encuen­tren atrav­es­a­dos por las falen­cias en tér­mi­nos de recur­sos económi­cos y humanos. Si el con­jun­to de pro­gra­mas y expec­ta­ti­vas que establece la red recae en los hom­bros de un número mín­i­mo de per­sonas la tarea se vuelve incon­men­su­rable a los ojos de sus agentes.

En un segun­do lugar podemos encon­trar que el modo de eje­cu­ción de la red medi­ante la gen­eración de con­ve­nios mar­cos con cada munici­pio, aunque en una fuerte apues­ta a la descen­tral­ización pre­sen­ta algu­nas difi­cul­tades:

• La com­ple­ji­dad de algunos pro­gra­mas no per­mite una total absor­ción por los munici­p­ios pequeños, hacien­do énfa­sis en aque­l­los pro­gra­mas que rep­re­sen­tan presta­ciones direc­tas como el pro­gra­ma “Jóvenes con más y mejor tra­ba­jo”.
• Al tratarse de una sola platafor­ma artic­u­lado­ra depen­di­ente del min­is­te­rio de tra­ba­jo la her­ramien­ta de seguimien­to que uti­lizan las ofic­i­nas no recoge datos cual­i­ta­tivos ni expe­ri­en­cias de los usuar­ios. No per­mite la gestión de un sis­tema de seguimien­to de cal­i­dad tan­to antes de acced­er a un primer empleo como después. No fun­ciona de man­era integra­da entre difer­entes ofic­i­nas elim­i­nan­do la posi­bil­i­dad de movil­i­dad entre aque­l­los bus­cadores de empleo que estén dis­puestos a hac­er­lo.

Diver­sos autores que tra­ba­jan el momen­to de imple­mentación de la políti­ca coin­ci­den en recono­cer que se tra­ta del pro­ce­so que tran­scurre entre el dis­eño for­mal de la políti­ca y el resul­ta­do alcan­za­do. Revuelta Vaque­ro sostiene al respec­to que “(…) la imple­mentación es el lla­ma­do “eslabón per­di­do”. Es un momen­to, un pro­ce­so, a través del cual una políti­ca puede ser influ­en­ci­a­da por diver­sas vari­ables inde­pen­di­entes –actores y fac­tores– que pueden apo­yar, alter­ar u obstru­ir el cumplim­ien­to de los obje­tivos orig­i­nales” [Vaque­ro 2007:5].

Andrenac­ci reconoce en torno a las políti­cas públi­cas imple­men­tadas en niv­el local que:

Si las debilidades institucionales de los municipios (falta de recursos humanos capacitados, falta de recursos presupuestarios suficientes, baja institucionalización de las intervenciones, déficits en las formas de organización interna) complican una gestión social tensionada por la creciente demanda, las formas de organización político partidaria y las estrategias de construcción de legitimidad electoral (fuertemente determinadas por las necesidades de construcción de poder territorial) inciden fuertemente en la reorientación de los programas sociales en su implementación local [Andrenacci 2001: 2].

Este autor con­tinúa soste­nien­do en torno a los ras­gos que reviste la políti­ca social local que las mis­mas pueden ser enten­di­das a par­tir de “[…] un pris­ma com­ple­jo en donde se artic­u­lan las ten­siones de la trans­fer­en­cia de respon­s­abil­i­dades entre nive­les del Esta­do con las ten­siones de la con­struc­ción de poder políti­co en sis­temas rep­re­sen­ta­tivos ase­di­a­dos por la degradación socioe­conómi­ca” [Andrenac­ci 2001: 2].

Dos aspec­tos condi­cionarían de primera mano la pues­ta en mar­cha de las políti­cas de inter­me­diación lab­o­ral, por un lado, las posi­bil­i­dades e inten­cional­i­dades de los munici­p­ios de des­ti­nar pre­supuestos para estas líneas de políti­cas y por otro lado, el mane­jo de la infor­ma­ción y capaci­dades de gestión de los encar­ga­dos de la eje­cu­ción de las políti­cas. En este pun­to, aparece el lugar de rel­e­van­cia que tienen los cono­ci­dos burócratas del primer piso en lo que a la imple­mentación de la políti­ca refiere.

Estos actores encar­ga­dos de la imple­mentación de la políti­ca son los que tienen a car­go el mane­jo de la infor­ma­ción, la posi­bil­i­dad de leer la batería de políti­cas disponibles y opti­mizar el uso de los recur­sos esca­sos para el abor­da­je acorde a las deman­das pre­sen­tadas.

El caso de la red de ser­vi­cios de empleo en la provin­cia de Entre Ríos per­mite plas­mar cómo en difer­entes regiones la mis­ma políti­ca con una base con­cep­tu­al común puede ten­er difer­entes mat­ices según el ámbito en el que se aplique, según la idios­in­cra­sia de sus actores y según la rel­e­van­cia que le den en el entra­ma­do de políti­cas públi­cas pen­sadas des­de una lóg­i­ca glob­al pero dis­pues­tas para resolver coyun­turas ter­ri­to­ri­ales en los espa­cios pro­pios.

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Nahuel Escalada, «Tejiendo la red: una mirada sobre las oficinas de empleo en la provincia de Entre Ríos», Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], publicado el [insert_php] echo get_the_time('j \d\e\ F \d\e\ Y');[/insert_php], consultado el [insert_php] setlocale(LC_ALL,"es_ES"); echo strftime("%e de %B del %Y");[/insert_php]. URL: https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rems-12/dossier-escalada/